Cuando el presidente venezolano Hugo Chavez afirmó en la capital austriaca que sectores oligárquicos brasileños incitaban a una guerra contra Bolivia a fin de deponer a su mandatario Evo Morales, estaba reviviendo uno de los peores y más duraderos males de América Latina, la violencia como método político.
Chávez, quien llegó a Viena esta semana para participar en la IV Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, afirmó que su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva le había revelado en una conversación telefónica que empresarios de su país lo "presionan para que responda duro a Bolivia".
"Pero no me sale del alma" atacar a Bolivia, habría dicho el mandatario brasileño, según el relato de Chávez.
Brasil y Bolivia están enfrentados a causa de la nacionalización de las reservas de gas bolivianas ordenada por Morales el 1 de este mes, y que afecta principalmente a la compañía estatal brasileña Petrobras, así como a varias corporaciones europeas de hidrocarburos.
Chávez también involucró al gobierno de Estados Unidos en una presunta campaña contra Bolivia. Según su versión, algunos sectores brasileños y Washington "quieren que Lula mande una división de tanques a Bolivia a rescatar el campo gasífero donde Petrobras está haciendo operaciones. Algunos quieren que Brasil declare la guerra a Bolivia" para eliminar a Morales, afirmó Chávez.
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Ese extremo parece lejano. Por el momento, entre Bolivia y Brasil solo hay una guerra de palabras.
En Viena, Morales ha acusado a las corporaciones internacionales, incluyendo a Petrobras, de haber violado las leyes de su país. Hay empresas "que no pagan impuestos y que incluso son contrabandistas", dijo Morales.
Tales declaraciones llevaron al canciller brasileño Celso Amorim, también participante de la cumbre de Viena, a decirse "indignado".
La compañía reaccionó de igual manera. "Petrobras manifiesta su indignación ante acusaciones de que la compañía pueda haber, en algún momento, operado deliberadamente al margen de la ley", dice un comunicado de la compañía.
Poco después, una declaración de autoridades bolivianas puntualizaron que la ilegalidad se refería a los contratos, que no fueron refrendados por el Poder Ejecutivo, como exige la Constitución, y que además quedaron nulos, por haber expirado el plazo para su renegociación estipulado por la Ley de Hidrocarburos promulgada en 2005.
Pero las aprehensiones de Chávez fueron consideradas fundadas por algunos diplomáticos y observadores europeos.
"Evo Morales debe saber que los adversarios que él está enfrentando son muy poderosos. Debe ser muy cuidadoso y velar por su seguridad personal," dijo a IPS un diplomático europeo con experiencia en América Latina, que no quiso dar su nombre.
El sociólogo austriaco Leo Gabriel, quien trabajó como analista político en América Central en los años de 1980, coincidió en que Morales podría ser víctima de un golpe de Estado, de un asesinato, o de una sublevación que lo depondría del poder.
"La tradición de violencia política en América Latina no se ha extinguido", dijo Gabriel a IPS. "Chavez y Morales lo saben, ellos la han presenciado en años recientes".
El régimen de Chávez sobrevivió a un intento de golpe de Estado en 2002. En Bolivia, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada fue obligado a renunciar a su cargo en diciembre de 2003 por una ola de manifestaciones populares de descontento con sus políticas neoliberales. Sus dos sucesores tampoco pudieron concluir el mandato.
Algunos observadores europeos consideraron que la violencia política podría recrudecer en México, donde habrá elecciones generales en julio. Gabriel recordó el asesinato en 1994 del candidato presidencial del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, que nunca fue plenamente esclarecido.
"Asesinatos como el de Colosio son posibles todavía hoy día en México y en otros países de la región", opinó Gabriel.
La violencia, incluyendo asesinatos y golpes de Estado, forma parte de la historia de América Latina desde el fin de la época colonial. Durante la guerra fría, golpes de Estado pusieron fin a gobiernos en casi todos los países de la región, desde Guatemala hasta Chile, mientras guerrillas izquierdistas se extendían por varias naciones.
En muchas ocasiones, putsch (del alemán, golpe de Estado) y guerras fueron concebidos en respuesta a políticas gubernamentales que afectaban intereses de grandes corporaciones transnacionales o de elites económicas, como en Guatemala (1954), Chile (1973) y Nicaragua (en los años 80).
Esta historia está enraizada en la radicalidad de las diferencias ideológicas que han marcado la experiencia política latinoamericana, y en las diferentes visiones sobre el papel de la hegemonía de Estados Unidos en la región, revividas en Viena esta semana.
Los principales protagonistas han sido, además de Chávez y Morales, los presidentes Vicente Fox, de México, y Alejandro Toledo, de Perú.
Mientras Chávez y Morales pregonaron una integración económica que excluyera a Estados Unidos, Fox defendió lo que llamó "las políticas de mercado, inversión y comercio en la arena global" sin las cuales América Latina debería "renunciar al desarrollo social y a la formación de capital humano".
Fox aseveró que el tratado de libre comercio que entró en vigor en 1994 entre su país, Estados Unidos y Canadá "es una historia de éxito".
"Gracias al acuerdo, hemos obtenido un excedente comercial de 75.000 millones de dólares con esos dos países, y hemos firmado acuerdos con la Unión Europea (UE), Japón, Chile, Colombia y Venezuela," dijo Fox en Viena.
En su opinión, los tratados bilaterales con Estados Unidos son "completamente compatibles" con la integración latinoamericana. "Mi punto de vista difiere completamente" del de Chávez y de Morales, precisó.
Del mismo modo, Toledo, cuyo gobierno firmó un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos, ha acusado a Chávez de intervenir en el proceso político peruano.
Pero tales divisiones, que antes de la cumbre de Viena habían sido interpretadas como obstáculos para una exitosa estrategia latinoamericana hacia la UE, aparentemente solo jugaron un rol retórico.
La cumbre permitió acelerar negociaciones comerciales entre la UE y América Central, iniciar las de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), así como relanzar las correspondientes con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
