La ola de nacionalismo petrolero que recorre América Latina plantea cruciales desafíos para las firmas estatales del ramo. Algunas, débiles y politizadas, requerirán una cirugía mayor para enfrentar el nuevo escenario.
El crudo, principal insumo energético de la región, se vende hoy a precios que quintuplican su costo de extracción, lo que animó a varios gobiernos a retomar el control del recurso.
En las últimas semanas, Bolivia nacionalizó la industria petrolera y gasífera, Ecuador cambió el balance de las regalías que se reparten el Estado y las transnacionales y Venezuela anunció incrementos a los impuestos que cobra a esas firmas.
Es un camino inverso al seguido en los años 90, cuando extraer y vender crudo era mucho menos rentable.
Aunque "los altos precios petroleros hacen más atractiva una nacionalización…eso no se traducirá necesariamente en un mejor desempeño de las empresas estatales del rubro", dijo a Tierramérica Mauro Guillén, experto en temas de energía de la Escuela de Negocios de Wharton, en la estadounidense Universidad de Pennsylvania.
Guillén duda que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pueda operar con éxito tras la nacionalización, puesto que "carece de la tecnología y la capacidad de comercialización".
Según el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), Álvaro Ríos, YPFB "es ahora una empresa muy limitada", pero espera que el gobierno del presidente Evo Morales la guíe hacia la modernización para poder competir de igual a igual con privados.
Lo peor que puede pasar es que se politice y que el Estado "le dé ventajas particulares", apuntó Ríos en entrevista con Tierramérica.
Pero Manuel Morales, uno de los principales asesores de YPFB, asegura que, al contrario de lo que muchos piensan, la nacionalización "abre la posibilidad de grandes inversiones" tanto de sectores nacionales como foráneos, pues se definieron "reglas seguras y estables".
"De aquí a dos o tres años YPFB va ser fuerte y competitiva, y Bolivia atraerá inversiones de empresas que quieren rentabilidad pero respetan las decisiones y el control del Estado boliviano", dijo Morales a Tierramérica.
YPFB fue "desmantelada" en los últimos años y hasta hace poco sus 600 empleados hacían sólo tareas administrativas, señaló. "Pero ya tomamos el control accionario de las empresas extranjeras y desde allí vamos a operar, al menos por ahora, para aprovechar la tecnología y el personal técnico hasta que nuestra empresa estatal esté lista", agregó.
Según Ríos, de Olade, en la actual ola de nacionalismo la región no debería descuidar su relación con las transnacionales. "Ningún país quiere prescindir de las empresas privadas, pues se necesita esa inversión y tecnología", explicó.
La petrolera estatal de México, Pemex, que desde 1938 limita al extremo su relación con firmas extranjeras, enfrenta graves rezagos tecnológicos y deudas que superan el valor de sus activos.
La producción de crudo de este país, cuyas reservas van en declive y por ahora sólo aseguran 13 años más de extracción, llegó en 2005 a 3,3 millones de barriles por día, ligeramente menos que en 2004.
Aunque México es ahora el país latinoamericano que produce más petróleo, los observadores creen que su futuro es poco halagüeño, de seguir el divorcio entre Pemex y las empresas foráneas.
Además, consideran insostenible el esquema financiero que obliga a esa firma a entregar al Estado 60 por ciento de sus ingresos, impidiéndole invertir en su propio desarrollo.
Una situación muy diferente enfrenta Petrobras, la petrolera estatal de Brasil, cuyo prestigio va en alza. Sesenta y cinco por ciento de sus acciones pertenece a privados y 35 por ciento al Estado. Pero es el segundo sector el que tiene asegurada por ley la conducción de la empresa.
Petrobras, a diferencia de Pemex, cotiza en las principales bolsas de valores del mundo y tiene acuerdos con varias transnacionales.
Ríos considera que la firma brasileña es un buen ejemplo para las empresas estatales.
"Los Estados deben guiar a sus petroleras para ser competitivas y jugar bajo las mismas reglas de las empresas privadas, de modo que tengan igual régimen fiscal y sean eficientes y sustentables a largo plazo", expresó.
Otra de las grandes de la región es PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela. En ese país, que en los años 90 abrió el sector energético a las transnacionales, ahora se aplican impuestos y otros esquemas que acotan las ganancias de los privados en beneficio del Estado.
Venezuela produce entre 3,2 y 3,3 millones de barriles diarios de crudo, según datos oficiales que difieren de los 2,7 millones que le atribuye la Agencia Internacional de Energía.
Como todas las naciones petroleras, en los últimos años este país andino vio dispararse sus ingresos por ventas de crudo, lo que el gobierno del izquierdista Hugo Chávez reforzó este mes aumentado los impuestos a varias firmas privadas en diversos lugares del país.
Pero analistas advierten que PDVSA descuida nuevas inversiones en el área, lo que explicaría que su producción se mantenga prácticamente igual desde fines de los años 90.
Otro país con afán nacionalista es Ecuador, donde el petróleo representa 40 por ciento de las exportaciones y financia similar proporción del presupuesto fiscal.
Allí, entraron en vigencia en abril normas que obligan a 15 transnacionales a entregar al Estado 50 por ciento de sus ganancias y no 20, como antes.
Casi simultáneamente, el directorio de la estatal Petroecuador salió a pedir auxilio al gobierno, pues tiene deudas de casi 170 millones de dólares que, de no cubrirse, le impedirán seguir operando.
Ríos sostiene que la firma ecuatoriana, que ha tenido cinco presidentes en los últimos cinco años, y otras empresas estatales en la región requieren reformas estructurales para ser competitivas.
"Lo que empuja a hacerse un poco más nacionalistas son los altos precios de los hidrocarburos. Ahora los Estados se sienten más valientes para cambiar las reglas del juego con las transnacionales. Pero eso no es suficiente", advirtió.
En los años 90, cuando los países petroleros de la región alentaron, junto con agencias internacionales de desarrollo como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el ingreso de capitales foráneos a la industria petrolera, el barril de crudo se vendía a un promedio de 20 dólares. Ahora ronda los 70.
Las petroleras privadas "deben entender que hay un nuevo escenario de precios que puede permitir que los Estados recauden más y que cuando hay época de vacas gordas es necesario compartir", señaló Ríos.
Sin embargo, no hay que violar sus derechos. La recomendación es garantizarles "un espacio para poder invertir y generar utilidades", precisó.
El presidente de Petroecuador, Fernando González, señaló que su país aspira también a recibir de las transnacionales una proporción de los 2.300 millones de dólares que obtuvieron entre 2001 y 2005 por los altos precios del crudo.
Bolivia adoptó el camino más radical: nacionalizar la industria que extrae petróleo y especialmente gas. El Estado se quedará con 82 por ciento de las ganancias de las ventas, en lugar de 18 por ciento, que era lo que entregaban las firmas extranjeras.
En medio de tensas negociaciones con las empresas, el gobierno de Morales se mantiene firme en su decisión, que contó con el asesoramiento de Chávez. "Se trata de un asunto de soberanía", señalan ambos mandatarios.
* El autor es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 13 de mayo por la red latinoamericana de Tierramérica.
