El fracaso del plan propuesto en el año 2000 para limpiar el aire de Santiago, la capital chilena de cinco millones de habitantes, es el mayor problema ambiental que enfrenta el nuevo gobierno de Michelle Bachelet.
En lo que va de 2006, Santiago tuvo una jornada de preemergencia ambiental y varios días de alertas, como consecuencia del aumento de la contaminación, que obliga a restringir la circulación de automotores, a paralizar calderas y otras fuentes fijas de emisión e incluso a prohibir actividades deportivas en los establecimientos educacionales.
Las condiciones climatológicas críticas que trae este año el fenómeno de La Niña, con escasez de lluvias y bajas temperaturas, pusieron en evidencia la desprotección ambiental de la capital, ya advertida por lo menos en dos informes de auditores internacionales que señalaron el atraso de muchas de las medidas del denominado Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) prometidas en 2000.
Según fuentes empresariales, la preemergencia del viernes 12 significó pérdidas económicas por 3,9 millones de dólares, debido a la paralización de 596 industrias y de 320.000 medios de transporte, incluidos 120.000 automóviles de sello verde, que utilizan gasolina sin plomo.
Los empresarios se quejan "por el impacto en su bolsillo, pero sin duda las preemergencias significan también un beneficio y un ahorro en salud", dijo a Tierramérica Sonia Garrido, quien en los episodios de alta contaminación requiere asistencia médica para su hijo de cinco años, propenso a obstrucciones respiratorias.
Los menores y los ancianos son los más perjudicados por la mala calidad del aire en Santiago, cuyo emplazamiento en un vasto valle rodeado de montañas, sin circulación de vientos, la convierte en una de las urbes más contaminadas de América Latina junto a Sao Paulo y Ciudad de México.
La virtual crisis ambiental hizo que el intendente (autoridad gubernamental) de la Región Metropolitana, Víctor Barrueto, convocara a una junta de expertos que presentó nueve recomendaciones para un mejor registro de las emisiones contaminantes y una normativa más rigurosa en la calidad del diesel.
El propio Barrueto anunció otras seis medidas para poner al día el PPDA, aunque las autoridades tuvieron que admitir simultáneamente un atraso de al menos cuatro meses en el Plan Transantiago, de racionalización del transporte público, que debía estar en plena aplicación en octubre de este año y que ahora se atrasará hasta el primer trimestre de 2007.
A la hora de buscar culpables, se señala que el anterior gobierno, del presidente Ricardo Lagos (2000-2006) no proveyó los recursos suficientes para el PPDA a través de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, pero también que muchas de sus medidas fueron atrasadas en su validación por arcaicas normas de la Contraloría General de la República.
La crisis ambiental es consecuencia de "la falta de voluntad política, ya que muchas de las medidas del plan fueron violadas en forma sistemática por las propias autoridades de gobierno", dijo a Tierramérica Luis Mariano Rendón, coordinador de la no gubernamental Acción Ecológica.
La especulación inmobiliaria a través de la conversión para usos urbanos de tierras agrícolas de la periferia de Santiago es, según Rendón, un ejemplo de cómo se incumplieron medidas del plan a través de "un maridaje entre los negocios y la política" en que los funcionarios públicos favorecen inversiones privadas.
Acción Ecológica, con el apoyo del Movimiento Furiosos Ciclistas, la Red Pro-ciclistas y otros, convocó para el sábado 20 a la jornada "Cicleando La Moneda", con brigadas de ciclistas pedaleando ininterrumpidamente durante 12 horas alrededor del palacio presidencial en la Plaza de la Constitución.
Esta acción, en vísperas del primer Mensaje a la Nación de la presidenta Bachelet desde el Congreso legislativo, fue convocada para abogar por siete medidas que a juicio de este sector ecologista son urgentes para disminuir la contaminación, y que apuntan sobre todo a desalentar el uso del automóvil.
Estas propuestas se suman a las de otras organizaciones ciudadanas que postulan una mayor racionalización del transporte, la fiscalización de emisiones industriales con una normativa más rigurosa y también estándares más exigentes para los combustibles, en especial el diesel, cuya demanda aumentó en los últimos años.
"Es la presión ciudadana la que va a cambiar las cosas. Los planes de descontaminación fracasaron porque están hechos con una concepción técnica y burocrática. Pero lo que se requiere es un cambio cultural, en que todos tomemos conciencia de que andar hoy en automóvil por Santiago es como fumar en el dormitorio de la casa", sentenció Rendón.
* El autor es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 20 de mayo por la red latinoamericana de Tierramérica.
