El dirigente sindical de los trabajadores mineros de México, Napoleón Gómez, defendido por sindicatos nacionales e internacionales y desconocido por el gobierno, tiene 40 cuentas bancarias en las que él y su esposa manejaron hasta enero 6,6 millones de dólares.
Mientras los sindicatos mexicanos insisten en amenazar con una huelga nacional si el gobierno no reconoce a Gómez, aparecen más evidencias de presuntos actos de corrupción de este dirigente, quien en 2000 declaró que ganaba poco más de 2,5 dólares por día como contable de una compañía minera.
El diario Reforma aseguró este lunes contar con documentos que prueban la existencia de cuentas bancarias millonarias de Gómez y de su esposa en siete países, algunas en paraísos fiscales como Islas Caimán y Bahamas.
El periódico también reveló que Gregorio Pérez, chofer y auxiliar administrativo del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de México, tiene abiertas cuatro cuentas en este país, en una de las cuales se hallaron depósitos por unos 900.000 dólares entre noviembre de 2005 y marzo de este año.
Además, existen dos versiones del contrato que Gómez suscribió con algunas empresas para entregar a trabajadores mineros un fideicomiso de 55 millones de dólares. Una es la que presentó a los afiliados, donde no se señala la cantidad a pagar, mientras la otra, la original, habla de montos precisos, según Reforma.
El gobierno había divulgado la existencia de 5.000 querellas de trabajadores contra Gómez, acusado de desviar esos 55 millones de dólares y de investigaciones en curso por un negocio familiar con seguros de vida, que precisamente sirve a los mineros.
También se descubrió que Gómez es dueño de residencias lujosas en al menos tres ciudades.
Tras la muerte el 19 de febrero de 65 trabajadores en una mina de carbón, donde según testimonios se laboraba en condiciones de gran inseguridad, el gobierno del presidente Vicente Fox informó que, a pedido de un sector del sindicato había desconocido a Gómez, su secretario general.
En su lugar y por solicitud del Consejo de Vigilancia del sindicato, el gobierno reconoció en su lugar a Elías Morales, un trabajador expulsado de esta organización en 2001 por diferencias con la cúpula.
A pesar de la dudosa reputación de Gómez, la central sindical Unión Nacional de Trabajadores decidió apoyarlo y apadrinó movilizaciones en la capital del país y algunas huelgas parciales de actividad en varias instalaciones mineras. Además, amenazó con una huelga nacional, que sería la primera en México en las últimas siete décadas.
Según la central, una de las más importantes y numerosas del país, el gobierno metió las manos en el sindicato con la intención de dividir a todo el sector de los trabajadores organizados.
Mientras, la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, que agrupa a alrededor de 200 sindicatos de 100 países, denunció al gobierno de Fox ante la Organización Internacional del Trabajo por interferir en el sindicato y desprestigiar a su líder.
Gómez recibió además apoyo de la principal central sindical de Estados Unidos, la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Sindicales (AFL-CIO), así como del Sindicato Unido de Trabajadores del Acero de ese país.
"Pedimos que el gobierno de Vicente Fox restablezca al líder elegido democráticamente por el sindicato de mineros. Es un atropello a la democracia que el gobierno retire de su cargo al líder del sindicato", dijo el mes pasado el dirigente Jim English en una protesta en la nororiental ciudad estadounidense de Filadelfia.
"Está complicado defender a Gómez con toda la corrupción que parece rodearlo. El gobierno de Fox tiene pruebas fuertes y por eso apuntó contra él", dijo a IPS el experto en derecho laboral Diego Rábago.
Algunos observadores indican que desde el inicio del conflicto, Fox, quien termina su gestión de seis años en diciembre, quería dejar la imagen de haber luchado contra la corrupción de las dirigencias sindicales, una sombra que acompaña al movimiento de trabajadores organizados desde hace siete décadas.
Las mansiones, los autos de lujo y las abultadas cuentas bancarias de los representantes del viejo sindicalismo, así como el tufo de corrupción y autoritarismo que rodea su actuación, sobreviven a los cambios políticos de este país.
Los sindicatos mantuvieron con los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (1929-2000), una relación corporativa, que fue garantía de estabilidad y evitó huelgas y otras movilizaciones de carácter nacional.
Durante la gestión de Fox esos vínculos no se alteraron, tampoco en el sector minero.
Las leyes nacionales establecen que los dirigentes sindicales deben ser reconocidos, a solicitud de los sindicatos, por la Secretaría (ministerio) del Trabajo.
Durante la Presidencia de Ernesto Zedillo (1994-2000), las autoridades se negaron a avalar a Gómez como dirigente, pues argumentaban que no cumplía los requisitos legales, como acreditar un empleo en el sector. Había sido nombrado secretario general mediante gestiones de su padre, del mismo nombre, quien ocupó ese cargo durante 40 años consecutivos.
Cuando Fox llegó a la Presidencia, en diciembre de 2000, Gómez y su sindicato pagaron en los medios de prensa una elogiosa solicitada dando la bienvenida al nuevo gobierno.
Gómez fue confirmado como secretario general en 2002, tras cumplir con los requisitos legales alegando que trabajaba para el departamento contable de una firma minera desde 1994, en la que ganaba poco más de 2,5 dólares diarios.
El politólogo Sergio Aguayo recuerda que el entonces secretario del Trabajo del gobierno, Carlos Abascal, asistió a la asamblea de entronización de Gómez "en un ambiente de tanta euforia que el proletariado se desahogó con cánticos propios de la era de la 'unidad nacional': Abascal, amigo, el minero está contigo".
Ahora todo es diferente. Fox ya no reconoce a Gómez y lo acusa de corrupción, mientras una buena parte del sindicalismo advierte que habrá huelga nacional si el mandatario no revierte su decisión.
