Parte del sindicalismo de México, cuyos líderes viven acompañados de sombras de corrupción, acusa al gobierno de intromisión en la organización de los trabajadores mineros. El conflicto podría desembocar en la primera huelga nacional en más de siete décadas.
¿Por qué entonces entrar en un conflicto? se preguntan los observadores.
Algunas opiniones indican que Fox quiere dejar una imagen en el país de haber luchado contra la corrupción sindical. Otras señalan que busca defender a un sector del sindicalismo, al que los mineros quisieron defenestrar, y también hay quien sostiene que se pretende castigar a dirigentes que se opusieron a reformas laborales.
Tras la muerte, el 19 de febrero, de 65 trabajadores en una mina de carbón, donde según testimonios se laboraba en condiciones de alta inseguridad, el gobierno informó que, a pedido de un sector del sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de México, había desconocido a su secretario general, Napoleón Gómez.
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En su lugar y por solicitud del Consejo de Vigilancia del sindicato minero reconoció en su lugar a Elías Morales, un trabajador expulsado de esta organización en 2001 por diferencias con la cúpula.
Pero el defenestrado Gómez no se quedó con los brazos cruzados y pasó a la ofensiva.
Contra Gómez, a quien el gobierno de Fox antes aduló, hay 5.000 querellas de trabajadores que lo acusan de desviar 55 millones de dólares y que es investigado por la justicia por un negocio familiar de seguros de vida, que precisamente sirve a los mineros.
A pesar de las sospechas de corrupción en su contra y a que se descubrió que es dueño en al menos tres ciudades mexicanas de residencias lujosas, donde es imposible que viva alguno de los 260.000 trabajadores mineros del país, Gómez obtuvo el respaldo de poderosos sindicatos locales y del exterior.
La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, que agrupa a alrededor de 200 sindicatos de 100 países, presentó una denuncia contra el gobierno de Fox en la Organización Internacional del Trabajo, acusándolo de interferir en el sindicato minero de México y de desacreditar a Gómez.
Según esa Federación, este dirigente fue removido "de su puesto por la fuerza, luego de hacer declaraciones contra el gobierno y una compañía minera respecto de las responsabilidades en el trágico accidente en Pasta de Conchos, que costó la vida a 65 trabajadores".
No obstante, según consta en documentos oficiales, fue el 17 de febrero, dos días entes del accidente, que el gobierno aceptó como válida la decisión del Consejo de Vigilancia del sindicato minero de destituir a Gómez.
En México, el gobierno entrega a los sindicatos lo que en la jerga jurídica local se denomina "toma de nota", instrumento con el que reconoce a sus dirigencias. Así lo hizo con Gómez en 2001 y ahora con Morales.
Para reinstalar a Gómez, una parte del sindicato se reunió en asamblea el 19 de marzo y emitió un acuerdo en ese sentido. Pero el gobierno respondió que esa reunión no fue válida legalmente debido a que no estuvieron presente la mayoría de delegados del sindicato. Con ese argumento, las autoridades siguen considerando a Morales como el nuevo dirigente minero.
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la central liderada por Francisco Hernández, quien comanda desde hace 30 años el sindicato de la empresa Teléfonos de México, decidió apoyar a Gómez y apadrinó movilizaciones en la capital del país y algunos paros de actividades escalonados en algunas plantas mineras.
Si el gobierno de Fox no reconoce a Gómez, la UNT convocará a una huelga nacional el 19 de abril o en la primera semana de junio, todo depende del acuerdo que se alcance entre los miembros de la central, dijo Hernández.
El líder del sindicato minero es Morales, "y en eso el gobierno no dará marcha atrás", aseguró el Secretario (ministro) del Trabajo, Francisco Salazar. Según este funcionario, el problema central de Gómez es que tiene denuncias de corrupción presentadas por trabajadores.
"El secretario del Trabajo está en un brete o a la vista de la solución del conflicto con el sindicato minero: si quiere salir del embrollo le bastará dar a la ratificación de Napoleón Gómez el mismo trato que dio a la presunta solicitud de deponerlo", señaló el columnista Miguel Granados.
El director de la Universidad Obrera, Darío Rojas, dijo a IPS que aunque el sindicalismo que representa Gómez y el que lo defiende no es muy democrático y defiende los privilegios de sus líderes, tienen poder de convocatoria entre los trabajadores.
El gobierno debería considerar eso y actuar en consecuencia, puntualizó.
El politólogo Sergio Aguayo cuestionó el apoyo que recibe Gómez. ¿Por qué (los sindicatos) guardan silencio sobre el 10 por ciento que ese dirigente se lleva mes a mes de las cuotas sindicales? preguntó.
"Invocan una y otra vez la autonomía sindical como si con ello se justificara la expoliación que hacen de los trabajadores que prometieron representar" y el presunto enriquecimiento ilícito de Gómez, apuntó.
La UNT surgió en 1997 tras problemas internos dentro de las centrales de trabajadores afiliadas al PRI. Sin embargo, varios de sus afiliados siguen siendo cercanos a ese partido que gobernó México entre 1929 y 2000.
La UNT afirma reunir a 1,5 millones de trabajadores, 25 por ciento del número de afiliados que asegura tener la Central de Trabajadores de México (CTM), que está plenamente identificada con el PRI, y un porcentaje también menor a la que tiene el Congreso del Trabajo, también cercana a este partido.
Al igual que los viejos líderes sindicales mexicanos de la CTM y varios de la UNT, Gómez no tiene el perfil de un trabajador: se traslada en lujosos automóviles, es dueño de residencias en zonas exclusivas y presume de amistades influyentes en los círculos políticos y empresariales.
Gómez afirma que todas las acusaciones en su contra son inventadas y que se trata de "una intromisión inadmisible" del gobierno en el sindicato minero.
Este dirigente asumió la conducción del sindicato en 2002 en sustitución de su padre, quien estuvo en ese cargo 40 años consecutivos. Hasta enero, no se había enfrentado nunca con el gobierno de Fox ni con las empresas mineras.
Pero ahora, ni los líderes de las centrales CTM y el Congreso del Trabajo, donde Gómez buscó ser elegido dirigente a inicios de febrero, lo apoyan.
Los observadores vaticinaron que, con el ascenso de Fox a la presidencia, el viejo sindicalismo entraría en declive. Pero no sucedió, en parte porque prefirió mantenerlo como aliado.
En los más de 70 años que gobernó el PRI en México se mantuvo la estabilidad política gracias a su alianza con los sindicatos y con otras organizaciones, en una relación de tipo corporativo. Por eso, jamás se registró una huelga general, un hecho que contrastó con las luchas obreras en otros países de América Latina.
