Con tres muertos y unos 30 heridos, el conflicto entre trabajadores mineros y el gobierno de México pasó este jueves a un nuevo estadio. La violencia se desató cuando policías intentaron desalojar una fábrica siderúrgica ocupada por huelguistas que exigen el reconocimiento de su secretario general.
Autoridades del estado de Michoacán, en el oriente de la capital, indicaron que 800 policías fueron enviados a desalojar a unos 1.000 huelguistas que ocupan desde el 2 de abril una planta de la firma Sicartsa. Al ser repelidos con violencia, se produjo una batalla campal, según la versión oficial.
Informes recibidos desde el lugar de los hechos dan cuenta de dos trabajadores y un policía muertos, y el incendio de parte de las instalaciones de Sicartsa, una de las siderúrgicas más grandes del país, con una producción de 2,4 millones de toneladas al año.
Martín Rodríguez, dirigente de los trabajadores de Sicartsa, acusó a la policía de actuar con extrema violencia y de disparar a quemarropa a sus compañeros. Pero aclaró que la acción policial no logró desalojarlos.
"Lo nuestro es un movimiento en defensa de la autonomía sindical, en defensa de nuestro dirigente", señaló Rodríguez.
"Nada ni nadie ha detenido ni detendrá nunca a los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos que están dispuestos a dar la vida por lo que es suyo y que, por derecho, les corresponde", añadió.
El presidente Vicente Fox dispuso una reunión de emergencia de su gabinete para analizar el tema.
El conflicto entre el gobierno y el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares se prolonga desde febrero, cuando 65 obreros fallecieron sepultados en una mina de carbón. Pero no había pasado a la violencia hasta este jueves.
Las autoridades se niegan a reconocer como secretario general del sindicato a Napoleón Gómez, a quien la Procuraduría General (dependiente del presidente) acusa de corrupción. Pero muchos de los trabajadores del sector y otras organizaciones obreras nacionales e internacionales apoyan al dirigente y critican al gobierno por intromisión en la vida sindical.
Los hechos de este jueves se produjeron un día después de que poderosas federaciones sindicales, como la Unión Nacional de Trabajadores y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, convocaron para el 28 de abril a una paralización general de actividades por una hora en reclamo del reconocimiento de Gómez.
Unos 5.000 trabajadores de los 260.000 del sector mantienen huelgas parciales desde marzo en apoyo a Gómez.
El gobierno señaló que esas medidas, ilegalizadas por las independientes Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, pueden ser resistidas por las empresas despidiendo a los trabajadores y ordenando el desalojo de los lugares de trabajo.
La empresa había anunciado días atrás el despido de todos los huelguistas.
Las autoridades de Michoacán, que dispusieron el operativo a pedido de la empresa Sicartsa, señalaron que éste se salió de control porque los huelguistas atacaron a los policías con bombas incendiarias, barras metálicas, palos y piedras.
Las autoridades aseguraron que los policías no portaban armas de fuego sino bastones, escudos y bombas lacrimógenas. Pero Rodríguez replicó que los policías sí usaron armas. Pero "los hicimos huir y se fueron como cobardes", apuntó.
Michoacán está gobernado por Lázaro Cárdenas, destacado miembro del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, opositor del gobierno conservador de Fox.
"Todo este conflicto, que ahora cobró sus primeros muertos" se produce por la tozudez del gobierno en desconocer al líder de los mineros, señaló el analista Miguel Granados.
Tras la muerte el 19 de febrero de los 65 trabajadores de una mina de carbón en la que se laboraba en condiciones de gran inseguridad, el gobierno de Fox anunció que desconocía a toda la dirigencia del sindicato, incluyendo a Gómez, por pedido de un sector de esa organización.
Exhibiendo una solicitud del Consejo de Vigilancia del sindicato, el gobierno reconoció en su lugar a Elías Morales, expulsado de esa organización en 2001 por diferencias con la cúpula.
Las leyes nacionales establecen que las autoridades de los sindicatos deben ser reconocidas, a solicitud de éstos, por la Secretaría (ministerio) del Trabajo.
"Morales es un desertor, un traidor", declaró Rodríguez, quien respaldó a Gómez y aseguró que se mantendrían "en pie de lucha".
Según el sindicalista, tras los hechos de este jueves, las autoridades de Michoacán desistieron del desalojo y abrieron las puertas a una negociación.
Gómez, defendido por sindicatos nacionales e internacionales, es acusado de corrupción. Según investigaciones periodísticas, posee 40 cuentas bancarias en las que él y su esposa manejaron hasta enero 6,6 millones de dólares.
Además, está en curso una investigación sobre el destino de 55 millones de dólares de un fideicomiso que pertenecía al sindicato.
Pero las acusaciones no parecen mermar la voluntad de sus seguidores de defenderlo y de batallar por "la independencia sindical". (
