La ofensiva del gobierno de Buenos Aires contra el trabajo esclavo derivó en la clausura de 30 talleres textiles clandestinos en la capital argentina, pero produjo una división en la comunidad de inmigrantes bolivianos: unos denuncian la explotación y otros quieren preservar esa precaria fuente de empleo.
El control de talleres textiles que funcionan en residencias familiares comenzó de modo agresivo luego de la tragedia del jueves 30 de marzo cuando uno de esos locales se incendió y murieron seis bolivianos, entre ellos cuatro niños. En la casa vivían y trabajaban 25 familias hacinadas, se supo tras el siniestro.
El ministro de Producción de Buenos Aires, Enrique Rodríguez, sostuvo que de 54 talleres inspeccionados esta semana se clausuraron 30 debido a las "condiciones precapitalistas" en las que laboraban alrededor de 300 ciudadanos bolivianos. Cuarenta por ciento de esos operarios vivían con sus familias en el mismo lugar.
"Hemos visto locales que corren riesgo de derrumbe e incendio", aseguró la ministra de Derechos Humanos y Sociales de la ciudad, Gabriela Cerrutti. Los bolivianos trabajaban entre 12 y 18 horas por día porque los empresarios que compran la mercadería pagan "sumas ridículas", dijo.
Cerrutti precisó que son 1.600 los talleres que operan en forma clandestina en la ciudad, de los cuales 200 utilizan trabajadores sometidos a esclavitud, en jornadas de 18 horas con una paga semanal de 50 pesos, 16 dólares, y en condiciones de hacinamiento.
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La persecución de las autoridades desató un choque dentro de la comunidad boliviana residente en este país. Por un lado, propietarios de esas manufacturas y operarios bolivianos reclaman una prórroga de seis meses para poner en marcha medidas de seguridad en los locales sin que desaparezca la fuente de trabajo.
Este sector protagonizó manifestaciones callejeras en demanda de mayores plazos y recibió el apoyo del consulado de Bolivia en Buenos Aires. En este grupo hay patrones y trabajadores que no niegan las condiciones laborales, pero las endilgan a las grandes compañías dueñas de marcas de vestimenta por los bajos precios que pagan.
Los talleres suministran vestimenta para marcas de primera línea como Olga Naum, Lácar o Montagne. Por la confección de una prenda que se vende en el mercado a 600 pesos —200 dólares—, el operario recibe 50 centavos de dólar. Las jornadas se prolongan para sumar un salario mensual menos magro.
Pero hay también residentes bolivianos agrupados en la cooperativa La Alameda que laboraron en talleres textiles clandestinos, lograron escapar de esa explotación y presentaron una denuncia penal contra sus ex patrones. Este grupo minoritario es el que aporta información que ha permitido a las autoridades clausurar a varias empresas.
En diálogo con IPS, Néstor Escudero, integrante de La Alameda, dijo que la justicia dispuso custodia para siete miembros de la cooperativa que fueron amenazados de muerte esta semana por denunciar las condiciones de esclavitud en las que trabajan muchos de sus connacionales en este país.
"Los que están preocupados son los talleristas, no solo bolivianos, que se benefician del trabajo esclavo, no los costureros. Sin embargo, arrastran a las manifestaciones de protesta a sus operarios, que temen perder el empleo y la vivienda, y acusan a los únicos que se animaron a hacer las denuncias", explicó Escudero.
Este cooperativista asegura que hay coreanos y argentinos que también son propietarios de talleres y venden su producción a tiendas medianas y grandes a precios muy superiores a las retribuciones que reciben sus trabajadores.
Escudero aclaró que la denuncia de La Alameda no apunta contra los pequeños talleres familiares de bolivianos, aun los clandestinos, sino contra "los que esclavizan, no cumplen con la higiene ni las normas de seguridad, y mantienen a los trabajadores sujetos a servidumbre", precisó.
Los operarios que lograron huir de uno de los talleres y denunciaron su situación afirman haber sido tentados a emigrar mediante avisos publicados en Bolivia en los que se ofrecían empleos con sueldos altos y vivienda para toda la familia. Pero al llegar a Buenos Aires debieron trabajar 18 horas sin paga.
La cooperativa los acogió, y, desde hace tres años, instalaron allí una manufactura textil, una panadería, un centro de copiado y un taller de artesanías. "Todavía no retiramos mucho dinero por mes, pero se trabaja entre seis y siete horas diarias en un ámbito de libertad, formación en derechos, y con la vivienda en otro lado", relató Escudero.
A su vez, la cooperativa denunció penalmente al cónsul boliviano Álvaro González Quint, por "complicidad, apología del delito e incitación a la violencia". Escudero aseguró que el diplomático, en lugar de denunciar el abuso perpetrado contra sus connacionales indocumentados se ofrecía para mediar entre operarios y patrones.
"Los citaba en el consulado como si se tratara de un ministerio de trabajo y hacía que llegaran a un acuerdo de partes. Luego hacía labrar un acta en la que el patrón se comprometía a pagar lo que debía y el trabajador boliviano sin documentos renunciaba a su derecho de iniciar acciones penales contra el patrón", precisó.
El cónsul justificó estas prácticas en la necesidad de las víctimas de mantener el empleo, y se defendió alegando que no era la representación diplomática de Bolivia la encargada de hacer cumplir la ley en la ciudad. "La embajada no tiene poder de policía para clausurar un taller", dijo.
Las acusaciones contra el cónsul no se limitan a sus mediaciones. La Alameda asegura tener pruebas de que González asistió esta semana a manifestaciones de protesta de talleristas, incitando a la violencia contra la cooperativa y en apoyo de patrones que piden seis meses para regularizar su actividad.
La directora general de la oficina de Asistencia a la Víctima del gobierno de la ciudad, la psicóloga Carmen Frías, explicó que la comunidad boliviana en Argentina "está desamparada" y responsabilizó al consulado por no facilitar los trámites de legalización ni las denuncias de casos de explotación.
"Para muchos de ellos es normal trabajar 18 horas por día", comentó la funcionaria encargada de asistir a las familias afectadas por el incendio del jueves. "Están muy desamparados, no tienen documentos, y tienen temor a quedarse sin trabajo, pero hay que hacerles ver que pueden trabajar en condiciones dignas", subrayó.
Para Frías, lejos de contribuir a quebrar esas redes de explotación, el consulado ayuda a sostenerlas. "Los bolivianos se sienten más amparados ahora por el gobierno de la ciudad que por la embajada de su país", denunció.
Cerrutti aseguró que su gobierno procuraba asistencia social para los trabajadores que además de trabajar vivían en los talleres clausurados.
