Apenas unos días después de que un alto tribunal de Tokio confirmó la pena de muerte contra Shoko Asahara, fundador del culto Verdad Suprema (Aum Shinrikyo), su hijo demandó a la escuela secundaria en la que estaba matriculado por no haberle permitido asistir a clase.
El hijo, cuyo nombre no fue revelado, era apenas un niño en 1995, cuando Shoko Asahara, ahora de 50 años, lideró a los miembros de la secta en el atentado con gas sarín en los subterráneos de Tokio. El ataque dejó 12 muertos y miles de heridos. Asahara fue hallado culpable de asesinato en 1999.
La demanda del hijo de Asahara ejemplifica la discriminación rampante, los abusos y la permanente vergüenza que sufren las familias de quienes esperan la pena de muerte en Japón, afirman abogados y activistas de derechos humanos.
"Negar (el derecho a ir a la escuela) a un muchacho que era sólo un niño cuando Asahara fue arrestado, hace 11 años, es una seria violación a los derechos humanos", dijo a IPS el abogado del demandante, Takeshi Matsui. "Estamos litigando a la escuela para asegurarnos de que la justicia sea respetada en Japón".
El hijo fue intimidado en la escuela pública a la que asistía y forzado a solicitar la admisión en una institución privada. Aunque le concedieron el ingreso, pocos días antes de la ceremonia de inicio de cursos, funcionarios escolares descubrieron la identidad del padre y se negaron a admitirlo, relató Matsui.
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La Escuela de Enseñanza Media Kasukabe Kyoei, privada, declaró que se pronunciaría sobre el caso cuando sus autoridades examinaran la demanda meticulosamente.
Especialistas en derechos humanos relatan que estos hechos no son excepcionales. "Si bien (el culto) Aum es responsable de delitos terribles, muchos viven en la vergüenza, sufren depresión e incluso cometen suicidio porque no pueden tolerar el ostracismo social cuando se los identifica como familiares de un delincuente, especialmente cuando el delito supone la pena de muerte", dijo a IPS Tomoya Uemura.
El activista pertenece a una organización civil que visita a prisioneros que aguardan la pena capital, y que ahora apoya a dos reos extranjeros en esa situación.
Pocas familias visitan a sus parientes condenados a la pena máxima por temor a ser identificadas con ellos y socialmente aisladas, explicó. "Los encontramos solitarios y profundamente deprimidos, incapaces de conversar con nadie ni de expresar sus miedos", agregó.
Japón ejecutó a un prisionero en 2005. Asahara agotó todas las instancias de apelación y, según la ley japonesa, puede ser enviado a la horca en cualquier momento.
Esta semana, el colegio de abogados de Tokio difundió una encuesta entre 79 de estos reclusos, según la cual viven aislados y confinados en celdas con ventanas cerradas.
Sólo uno de cada cuatro prisioneros recibe visitas de familiares o abogados, según el estudio. Setenta por ciento de los consultados dijeron querer ver el cielo y hablar con otros presos.
Un proyecto de ley para aliviar las restricciones a los condenados a la pena máxima está pendiente de aprobación en el parlamento. La ley permitiría, por ejemplo, las visitas de amigos cuando los familiares no puedan cumplirlas.
Según el abogado y ex profesor de criminología de la Universidad de Meiji, Koichi Kikuta, las familias de los delincuentes son consideradas en Japón tan responsables como quien cometió el delito.
No es la primera vez que uno de los hijos de Asahara lucha por llevar una vida relativamente normal.
Hace dos años, la tercera hija de Asahara, que padece crisis depresivas y pesadillas, litigó y ganó a una universidad que le había negado el ingreso alegando que "perturbaría el entorno educativo de nuestra escuela aunque no sea directamente responsable".
"Es absolutamente equivocado responsabilizar a un niño por algo con lo que no tiene nada que ver. Este caso es un ejemplo del sistema social japonés, que cree que los criminales y sus familias no tienen derechos humanos", señaló Kikuta.
El especialista, que dicta conferencias y clases sobre derechos humanos en todo el país, dijo que el proceso contra los miembros de Aum es un claro caso testigo del pobre historial de los derechos humanos en el país, dados los graves delitos imputados al culto y a su fundador.
"El crimen confronta los derechos individuales de un prisionero contra las costumbres sociales japonesas, según las cuales la familia debe asumir la culpa y el castigo es el remedio correcto", explicó.
La mayor parte de los informes de prensa culparon y condenaron a Asahara del atentado antes de conocerse el veredicto real.
Las víctimas del ataque y sus familias despertaron mucha compasión entre el público. Y presionaron duramente para obtener la pena capital para Asahara, lo que influyó en la rápida resolución del proceso, que finalizó en marzo con el rechazo a la última apelación.
Desesperadas por que su padre tuviera un juicio justo, las dos hijas mayores de Asahara contrataron al abogado Matsui en 2003, luego que los defensores nombrados por el tribunal se retiraron del caso alegando que no podían comunicarse con su cliente.
En una entrevista, las hijas, que rondan los 20 años, narraron a IPS lo que vivieron tras del arresto de sus padres en 1996.
"Éramos niñas pequeñas, y mi hermano menor apenas tenía unos meses", relató la mayor, que habló a condición de mantener el anonimato. Ahora los integrantes de la familia viven dispersos, solos o en hogares de los pocos que los apoyan, dijo.
"Tenemos mucho miedo de ser identificados por el acoso constante del público. No podemos arrendar apartamentos, encontrar empleo o ir a la escuela cuando se descubre que somos los hijos de Asahara", señaló.
"Nuestro padre debe decirle al mundo por qué ocurrió el ataque con gas sarín, si él estuvo involucrado. En este momento no sabemos nada de su versión de los hechos", aseguró.
Misaki Yanagishita, experto en pena de muerte de la filial japonesa de Amnistía Internacional, dijo que un juicio justo para Asahara era imperativo para que sus hijos pudieran llevar vidas normales, si es que alguna vez esto es posible, dados los atroces crímenes asociados con el culto Aum.
