El Consejo de Seguridad de la ONU parece dedicado a aplacar el conflicto palestino-israelí. La actual escalada de violencia desató un intercambio de acusaciones entre los representantes de ambas naciones en el foro mundial.
La gran mayoría de los 191 países integrantes de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) responsabilizaron a Israel del empeoramiento de la seguridad y la situación humanitaria en la Franja de Gaza y Cisjordania.
"Los ocupantes cometen cada día, cada hora y en este preciso instante flagrantes y graves violaciones al derecho internacional contra la población civil palestina", declaró el lunes el observador permanente de Palestina en la ONU, Riyad Mansour.
"Actualmente, más de 9.500 palestinos son prisioneros políticos de Israel, la potencia ocupante, incluidos 350 niños y 120 mujeres", agregó.
Mansour aseguró que los prisioneros afrontan tortura y maltrato durante el cautiverio y se les niega la visita de familiares y abogados.
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Pero el embajador de Israel en la ONU, Dan Gillerman, mencionó el atentado suicida perpetrado el mismo lunes en Israel como argumento para mantener el control sobre los territorios ocupados.
El ataque suicida, en el que murieron 10 personas, incluido el perpetrador, y otras 60 resultaron heridas, fue "otro horripilante acto terrorista", declaró Gillerman
El diplomático israelí también recordó que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), que encabeza desde enero la Autoridad Nacional Palestina, de reivindicar el "derecho" de su nación a "apelar a todos los medios a su alcance para defenderse".
El atentado del lunes "no debe sorprender (…) cuando hace solo dos semanas" Hamas también manifestó su "compromiso con todas las formas de 'resistencia', incluidos ataques suicidas", prosiguió Gillerman.
Esto "es muy preocupante", acotó el secretario general de la ONU, Kofi Annan. Ninguno de los dos bandos debe poner a los civiles "en serios riesgos", agregó. "Es imperioso que velemos por ellos y también que recordemos que hay leyes internacionales que rigen el asunto, en especial la Cuarta Convención de Ginebra", sostuvo.
Los enviados palestinos acusaron a Israel de violar la Cuarta Convención de Ginebra referida al tratamiento de la población bajo condiciones de ocupación militar, y señalaron que este país comete "serias violaciones" al derecho internacional al ejercer la fuerza, excesiva e indiscriminada, contra los civiles.
En respuesta a la inesperada victoria electoral de Hamas, que se niega a reconocer la legitimidad del estado de Israel, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos recortaron casi 1.000 millones de dólares de su asistencia a Palestina en asistencia.
La organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) advirtió la semana pasada que "existe un peligro real de que la situación empeore, particularmente en la Franja de Gaza, donde cerca de la mitad de los 1,4 millones de residentes viven en condiciones de extrema pobreza".
El bombardeo del ejército israelí se intensificó, entre 100 y 300 ataques por día desde el viernes, "causando serias bajas civiles", informó esta organización.
No le compete a las organizaciones de asistencia humanitaria asegurar las necesidades básicas de la población civil de los territorios ocupados, declaró el portavoz de MSF Kris Torgeson.
"Esta responsabilidad, según lo estipula la Cuarta Convención de Ginebra, le compete a la fuerza invasora, en este caso el estado de Israel", agregó.
Como Estados Unidos declaró a Hamas "organización terrorista", instituciones humanitarias y de asistencia que tengan intercambios con el nuevo gobierno palestino pueden ser castigadas por los tribunales del país norteamericano.
Torgeson también reveló que el deterioro de las condiciones de seguridad, así como los últimos secuestros de funcionarios internacionales, "nos ha obligado a evacuar varias veces a nuestros equipos de trabajo en Naplusa, Hebrón y Gaza".
"Lo que es peor es el ambiente de miedo y de inseguridad en que trabajan las organizaciones de asistencia, que no saben cómo conducirse ante los funcionarios palestinos sin quedar expuestos a acusaciones de Estados Unidos", señaló Nadia Hijab, investigadora del Instituto de Estudios Palestino con sede en Washington.
Estos temores son parte de las razones por las cuales la ONU limitó sus contactos políticos con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) mientas que el Banco Mundial está verificando los suyos.
"El ambiente empeora debido a iniciativas legales en el Congreso legislativo de Estados Unidos tendientes a endurecer aún más las medidas contra la ANP", agregó.
La experta también advirtió que un colapso político y de seguridad en la ANP puede conducir al caos y a la guerra civil en Gaza y Cisjordania, convirtiéndose en un problema aún mayor para Egipto, Israel, Jordania y la comunidad internacional.
El gobierno de Irán prometió el fin de semana 50 millones de dólares al gobierno palestino, que necesita unos 170 millones de dólares por mes para hacer frente al pago de salarios.
El embajador de Pakistán Munir Akram pidió a la ONU y a sus agencias de asistencia que cubran las necesidades básicas de la población palestina. La ONU debe aumentar su asistencia, "no cortarla ni reducirla".
"Aunque otros hayan cortado la asistencia a la ANP, la ONU y sus agencias pueden encontrar la forma de canalizarla, ya que está disponible multilateralmente y bilateralmente, para reforzar el orden y la cohesión política, en vez de incrementar la división y el desorden", añadió.
En nombre de los 114 miembros del Movimiento de No Alineados, el embajador malasio Hamidon Alí subrayó la necesidad de respetar en Palestina el derecho humanitario internacional, que protege a la población civil en tiempos de conflicto y a los prisioneros de guerra.
"El Consejo de Seguridad no debe ser reacio a invocar sus funciones y competencias, por el bien de los palestinos e israelíes, por el bien de los habitantes de la región y para satisfacer el interés y el deseo colectivo de la comunidad de naciones", agregó.
