Algo histórico está ocurriendo en Estados Unidos: las calles de varias ciudades se inundan de extranjeros que han vivido y trabajado en este país en un prolongado silencio sobre el régimen migratorio. Ahora han decidido hacerse oír.
Unos dos millones de personas ganaron las calles el lunes para reclamar que una reforma de las leyes migratorias no criminalice a los trabajadores indocumentados.
"Abran las fronteras, terminen con la guerra", vociferaban unos 100.000 manifestantes mientras caminaban por las calles de Nueva York, capital financiera y ciudad más grande del país, hacia el ayuntamiento. "Somos Estados Unidos" gritaban al unísono al tiempo que se escuchaban cientos de tambores. "Legalizar, no penalizar a los inmigrantes".
Multitudinarias manifestaciones se llevaron a cabo en Chicago, Los Angeles, Miami, Phoenix y en las cien ciudades más grandes del país. El domingo, medio millón de personas manifestaron en la ciudad de Dallas, Texas.
Los manifestantes de origen latinoamericano eran mayoría en Nueva York, pero hubo una numerosa participaron de inmigrantes de Asia sudoriental y de África.
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"Hay que estar acá. No hay que esperar que ellos (los legisladores) decidan por uno", dijo Mohammed Savane, de Senegal, en África occidental. "Tenemos que velar por una ley que de verdad ayude a nuestras familias".
Estas protestas a escala nacional son una respuesta al proyecto de ley impulsado por el gobernante Partido Republicano y aprobado en la Cámara de Representantes, según el cual entre 10 y 12 millones de inmigrantes indocumentados serían considerados delincuentes, así como quienes los empleen y les presten algún tipo de asistencia.
El Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, que preside el republicano James Sensenbrenner (hijo), logró que el pleno aprobara en enero ese proyecto, que incluye completar un gigantesco muro a lo largo de la frontera sureña con México y elevar las penas de los delitos migratorios.
Estas penas incluyen condenas mínimas obligatorias para quienes fomenten la inmigración ilegal y para los inmigrantes ya deportados que reingresen al país.
Mientras, los republicanos y el opositor Partido Demócrata estuvieron a punto de acordar en el Senado otro proyecto que establece una vía para legalizar a los trabajadores inmigrantes que ya residen en este país.
Quienes llevan viviendo en Estados Unidos por más de cinco años podrían obtener residencia y el derecho a tramitar la ciudadanía. Los que hayan permanecido entre dos y cinco años podrían aspirar a una visa de trabajo temporal, si bien deberían regresar a sus países de origen y seguir el mismo procedimiento que cualquiera que busque un ingreso autorizado.
La propuesta, que tomó como base un proyecto aprobado en marzo por el Comité de Asuntos Judiciales del Senado, incluye medidas para reforzar la seguridad fronteriza y un nuevo programa de trabajadores invitados (una visa de trabajo temporal sin derecho a tramitar la residencia).
La semana pasada, republicanos y demócratas avanzaron casi hasta un acuerdo de estas características, pero el mismo quedó trunco por discrepancias de último momento en la redacción del proyecto, conocido como "HR 4437".
Las manifestaciones fueron organizadas por una coalición de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, organizaciones estudiantiles y religiosas y sindicatos, pero también contaron con la participación de numerosos legisladores y políticos demócratas.
"La gente de Washington debe saber que Estados Unidos no puede vivir sin ustedes", arengó a los manifestantes el representante demócrata Charles Rangel. "Tienen que saber que todas las personas tienen derecho a vivir dignamente en este país".
"Tienen que recordar que sus padres y sus madres también fueron inmigrantes", dijo la legisladora Nina Lowey, refiriéndose a los integrantes del partido gobernante en Washington. "Están equivocados y además son inmorales".
Otros expositores pidieron cambios radicales en la política migratoria incluyendo la posibilidad de obtener la ciudadanía en lugar del limitado programa temporal del trabajador invitado propuesto por el gobierno de George W. Bush, así como contemplar la reunificación familiar y el derecho a la sindicalización.
Según estimaciones oficiales, hay más de 11 millones de inmigrantes indocumentados trabajando actualmente en Estados Unidos. La inmensa mayoría se ven obligados a trabajar más de 12 horas por día por salarios de cinco dólares la hora y viven en temor permanente de ser detenidos, encarcelados y deportados.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes creen que si el proyecto de la cámara baja se impone en el Senado se estaría legalizando la economía informal y expandiendo una subclase trabajadora. También consideran que la propuesta del trabajador invitado no es más que la extensión de la ley de inmigración de 1986, que ataca a los trabajadores de forma solapada castigando a quienes contratan a sabiendas empleados indocumentados.
"Ahora es peor", comentó al respecto una sindicalista estadounidense de origen asiático, Jei Fong. "Esta ley no ataca la raíz del problema. No se puede criminalizar a los trabajadores. Vienen aquí porque se ven obligados" a ello.
Maxine Wolfe, proveniente de una familia de inmigrantes polacos en Nueva York, estuvo de acuerdo con Fong.
"Somos todos ilegales en Estados Unidos menos los indígenas", se podía leer en la pancarta que llevaba Wolfe. "Es horrible. Este país fue construido por inmigrantes. Deberíamos abrir los brazos a estas personas", señaló.
Algunos grupos participantes en las manifestaciones dijeron respaldar el proyecto que se acordó en el Comité de Asuntos Judiciales del Senado el mes pasado. "Empieza a centrarse en nuestro fallido sistema de inmigración", señaló Joan Maruskin de Church World Service, agencia ecuménica de ayuda humanitaria y para el desarrollo con sede en Washington. "Se ocupa de la atrasada cuestión familiar, de modo que las familias de inmigrantes puedan reunificarse".
Otros organizadores de las concentraciones no opinan lo mismo.
Las políticas interior y exterior del gobierno de Bush tienen mucho en común, consideró Hany Khalil del grupo contra la guerra Unidos por Paz y Justicia, organizador de varias manifestaciones, en especial contra la guerra en Iraq. "Ambas tienen como premisas la agresión, la intolerancia y la manipulación del miedo de la gente".
"Somos plenamente conscientes de que este es un importante año electoral", agregó Leslie Cagan, coordinadora de Unidos por Paz y Justicia, en referencia a los comicios legislativos de noviembre.
"Ningún candidato podrá obviar estos asuntos. Haremos todo lo posible para terminar la guerra en Iraq, conseguir el regreso de nuestros soldados y defender los derechos de los inmigrantes".
Esta organización ya planifica con otras una manifestación en defensa de los derechos de los inmigrantes y por la paz para el 27 de abril.
