El Instituto de Crédito Oficial (ICO) no ha otorgado ningún préstamo para la construcción de una planta de celulosa en Uruguay, afirmó este miércoles a IPS María José Luque, portavoz de ese ente estatal español. Pero activistas ambientales insisten en que sólo falta el seguro.
Como "todavía no hay crédito del ICO, no hay nada que esperar de la Cesce (Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación)", remarcó López en Madrid, ante la consulta respecto de que esta última institución tenía el tema en su agenda para le reunión de la víspera.
Organizaciones no gubernamentales de defensa del ambiente invocan su acceso a un informe reservado de ambas entidades estatales para afirmar que la privada Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) ha obtenido un crédito del ICO, dependiente del Ministerio de Economía y que tiene como misión favorecer el desarrollo de las compañías españolas.
Los activistas sostienen, además, que está previsto que ese préstamo sea asegurado por el Cesce, una sociedad anónima cuyo capital mayoritario pertenece al Estado español y en la que participan los principales bancos y empresas aseguradoras del país.
El Consejo de Dirección del Cesce se reunió el martes en Madrid, pero no trató el crédito de ICO a ENCE, que se dispone a levantar una fábrica de celulosa en Uruguay, pese a que figuraba en la agenda de trabajo del encuentro y a que este punto había motivado la protesta convocada por ambientalistas frente a la sede de la firma aseguradora, según indicaron fuentes de la misma a IPS.
Horas antes de que comenzase esa reunión, una decena de organizaciones encabezadas por Ecologistas en Acción se manifestaron frente a la sede de la Cesce para reclamar que se rechace el seguro de crédito supuestamente pedido, por considerar que la planta de celulosa afectará gravemente el ambiente en la zona del río Uruguay donde se construirá.
ENCE, propietaria de tres productoras de pasta para fabricar papel en España, acordó con Uruguay instalar una similar en el occidental departamento de Río Negro, sobre la margen del río que sirve de límite con Argentina.
Esa industria española, con una inversión de 600 millones de dólares y prevista para que produzca 500.000 toneladas anuales de celulosa, se suma a la que construye en sus cercanías la firma finlandesa Botnia, que requiere 1.200 millones de dólares y elaborará un millón de toneladas del mismo insumo y en igual lapso.
El impacto ambiental acumulado de las dos plantas ha despertado el temor de las poblaciones ribereñas del lado de Argentina, por su posible efecto dañino para el ambiente y la salud humana.
A la oposición popular del lado argentino se han sumado ambientalistas y el propio gobierno, todo lo cual ha llevado a un fuerte enfrentamiento diplomático con Uruguay.
Un estudio independiente pedido por la Corporación Financiera Internacional (CFI), perteneciente al grupo del Banco Mundial que estudia un crédito para los dos proyectos industriales en Uruguay, encontró deficiencias en la evaluación de impacto ambiental de la misma, por lo que sugiere numerosas correcciones a los estudios anteriores.
Ese último informe supone que, para que finalmente el Banco Mundial apruebe los préstamos, las dos firmas deberían revisar y ajustar sus proyectos, cambios que al parecer ya se encaran.
Mientras, Ecologistas en Acción emitió un comunicado el martes en el que afirma que, "según un informe interno de Cesce, el ICO ha solicitado una cobertura para el préstamo otorgado a la filial de ENCE en Uruguay por 300 millones de euros (unos 350 millones de dólares)".
Los ambientalistas agregan en su texto que, además, un consorcio de 32 entidades financieras lideradas por los principales bancos españoles le otorgó otro crédito a ENCE por 400 millones de euros (unos 490 millones de dólares). Empero, no precisan que todo el monto sea para la planta en Uruguay.
El seguro requerido a la Cesce por ICO, subraya la organización ambientalista, cubriría riesgos como "expropiación y limitaciones a los derechos del asegurado".
Aunque fuentes oficiales de la Cesce niegan estos antecedentes, la participación en la manifestación frente a su sede del Comité de Empresa de la misma, integrado en la central afín al socialismo Unión General de Trabajadores, permite suponer que es posible que Ecologistas en Acción recibiera la información de alguno de sus miembros.
Según los activistas, si se concretase el seguro y si posteriormente se cerrase la planta cuestionada, Cesce deberá pagar al ICO el monto del préstamo más el siete por ciento de intereses que debe abonar ENCE.
Una de las tres plantas de ENCE en España es la ubicada en Pontevedra, ubicada en el extremo noroccidental de la península ibérica y sobre una ría (entrada del mar), en la que habitan 80.000 personas, en gran parte dedicadas a la pesca, sobre todo de mariscos.
La empresa, que en sus orígenes fue de propiedad estatal, fue condenada en 2002 y tras 12 años de proceso judicial por haber contaminado las rías. Se le impusieron multas y prisión a sus responsables, que no cumplieron por pago de fianzas
Tras la sentencia, la empresa realizó cambio en la planta de Pontevedra para incorporar el uso de la tecnología de dióxido de cloro (ECF por sus siglas en inglés) para blanquear la celulosa, la misma que asegura utilizará la planta de Uruguay, que reduce drásticamente la emisión de contaminantes.
Según afirman directivos de ENCE, de ese modo se cumple con los requisitos exigidos hoy por la Unión Europea y con las normas más exigentes del mismo bloque que entrarán en vigor en 2007.
ENCE está presente en Uruguay desde 1990, cuando adquirió 50.000 hectáreas de terrenos para plantar eucaliptos, la especie utilizada para la fabricación de pulpa de celulosa.
De seguir adelante la construcción de la fábrica en Uruguay, en los planes de ENCE figura disminuir su producción de celulosa en España, que en 2004 fue de 375.000 toneladas.
Directivos de la empresa no quisieron informar sobre el destino que darán a la pasta de celulosa que fabricarían en Uruguay, aunque fuentes del sector indicaron que en su mayor parte sería utilizada para producir papel en España.
Las organizaciones ambientalistas españolas que se oponen al proyecto dirigieron una carta al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a la Cesce y al ICO, exigiendo que se dé marcha atrás con el mismo.
El gobierno socialista de España no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto, pero tampoco ha dado instrucciones a los dos organismos crediticios para que lo suspendan.
