Aunque el gobierno argentino de Néstor Kirchner volvió a poner en la órbita estatal a cuatro de las empresas privatizadas en los años 90, no se advierte una política expresa en ese sentido sino la voluntad de controlar servicios públicos en situación crítica.
A lo largo de las dos presidencias de Carlos Menem (1989-1999) se vendieron la firmas estatales de petróleo, de gas, agua potable, telecomunicaciones, trenes, correos y de producción y distribución de energía eléctrica, así como la administración de autopistas y aeropuertos.
Con el tiempo, muchos de esos servicios públicos y consorcios mostraron incumplimientos de contrato. En algunos casos, las fallas se limitaban al fuerte incremento de tarifas, más allá de lo pactado, pero en muchos otros había además falta de inversión, deficiente administración y un servicio deficitario que acumulaba reclamos de usuarios y multas del Estado.
Seis meses después de asumir el gobierno en 2003, Kirchner ordenó la reestatización de Correo Argentino, el tradicional servicio postal que había sido confiado a una empresa privada nacional, que incumplió el contrato y se atrasó con el pago del canon al Estado.
A comienzos de 2004 le llegó el turno a la empresa francesa, Thales Spectrum, que tenía derechos sobre el espectro radioeléctrico argentino por 15 años. También en este caso la razón para la rescisión de contrato fue el incumplimiento con el consecuente perjuicio a las arcas públicas.
Ese mismo año, el gobierno avanzó sobre la línea de pasajeros del ferrocarril San Martín, que une la capital argentina con la localidad de Pilar en la oriental provincia de Buenos Aires. Ante el creciente número de accidentes, la falta de inversiones y las quejas de los usuarios, se puso fin al contrato con la firma argentina Grupo Taselli.
Semanas atrás, las relaciones entre Buenos Aires y París se vieron afectadas ante la decisión del gobierno de Kirchner de rescindir la concesión a la firma francesa Suez de Aguas Argentinas, encargada de la producción y distribución de agua potable en Buenos Aires y su zona metropolitana.
El gobierno anunció que se creará otra empresa, llamada Aguas y Saneamiento Argentinos (AySA), que hará una serie de inversiones en los próximos dos años.
La cancillería francesa protestó por la decisión "repentina" de la administración de Kirchner, aún cuando desde hacía dos años la firma europea amenazaba con abandonar este negocio.
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informó que Suez se había retrasado en su compromiso de extender la red de provisión de agua potable y cloacas, y además había provocado un problema sanitario al proveer a usuarios de agua contaminada.
En la localidad de Lomas de Zamora, al sur de la periferia de Buenos Aires, los clientes residenciales de la empresa reciben agua con niveles de nitrato 44 por ciento superiores en promedio al máximo permitido. La Defensoría del Pueblo de la Nación, a la que apelaron los vecinos, detectó hasta 222 por ciento más de nitrato en algunos casos.
La empresa había admitido la falla y realizó advertencias para que las embarazadas y los lactantes se abstuvieran de beberla. Para esos casos, la firma repartía agua potable en bidones. El nitrato, que puede estar en el agua de pozos, provoca una enfermedad que afecta la capacidad de la sangre de transportar oxígeno.
"Durante 15 años se llevaron cientos de millones de dólares de ganancias, mientras que los argentinos tienen que rogar para que les den una gota de agua", se quejó Kirchner en un acto en la zona afectada por la contaminación.
Los casos de regreso al Estado de empresas privatizadas por Menem estuvieron acompañados de otras decisiones en el mismo sentido.
Kirchner creó una aerolínea estatal, Líneas Aéreas Federales, que absorbió empleados de dos firmas privadas al borde de la quiebra, y en medio de la crisis energética de 2004 lanzó la empresa mixta Enarsa (Energía Argentina S.A.).
En diálogo con IPS, el economista Claudio Lozano, asesor de la Central de Trabajadores Argentinos, consideró que en la gestión de Kirchner hubo dos momentos.
"Al comienzo se observaba una voluntad de debate con las empresas privatizadas tendente a que el Estado retomara algún control de las áreas", recordó . El segundo momento fue el de la "reprivatización" de empresas en dificultades, añadió el experto de una de las dos centrales sindicales argentinas.
"Hoy no se ve una intención de control público sino la necesidad de asumir un papel transitorio hasta que aparezca un nuevo interesado en el sector privado dispuesto a invertir en el negocio", remarcó el legislador del grupo Emancipación y Justicia.
En el caso del correo, el gobierno advirtió en 2003 que sólo lo administraría por seis meses para luego volver a ponerla en manos privadas. Empero, la gerencia estatal funcionó bien, la empresa se saneó y después de 28 meses sigue en la órbita pública, aunque se mantiene vigente la idea inicial.
En cambio el espacio radioeléctrico, según el Ministerio de Planificación Federal no será reprivatizado debido a "su importancia estratégica". El titular de esa cartera, Julio De Vido, consideró que el control del espacio para las comunicaciones "es una tarea indelegable del Estado".
A su vez, los trenes fueron de nuevo entregados en concesión a un grupo de firmas privadas dedicadas al servicio ferroviario con un subsidio estatal.
La política del gobierno centroizquierdista es pragmática en torno a las privatizadas. "No hay en una vocación estatizante", aclaró esta semana el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
El ex diputado Héctor Polino, creador de la organización no gubernamental Consumidores Libres, sostuvo que la política pública respecto de las empresas está "repleta de contradicciones". "No hay una estrategia clara, se va actuando de acuerdo a la coyuntura", definió.
Para Lozano, la creación de AySA es una demostración de que "no hay vocación de reconstruir el papel del Estado en la administración de los servicios públicos". Lo que se creó es una sociedad anónima que, como tal, se regirá por el derecho privado y no estará sometida a los controles de una empresa pública.
"Hasta último momento, el gobierno de Kirchner intentó que Suez se quede con el servicio de aguas a pesar de que era el paradigma del incumplimiento contractual. Y luego procuró conseguir un reemplazante, también privado, para que asuma el control de la empresa", cuestionó el legislador. (
