Mientras el gobierno de Estados Unidos es cada vez más conminado a detener lo que fue calificado de genocidio en la occidental zona sudanesa de Darfur, los últimos acontecimientos sugieren que el régimen islámico de Jartum no está preocupado por la crisis.
Una de las tantas señales de esta situación fue la decisión del gobierno sudanés de bloquear la visita prevista para esta semana a Darfur del subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Asuntos Humanitarios, Jan Egeland.
El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos dijo que esta medida era "profundamente perturbadora".
El desafío de Jartum a la presión internacional fue evidente, sobre todo considerando que tomó la decisión en vísperas de una esperada votación en el Congreso legislativo estadounidense sobre una moción para expandir las sanciones diplomáticas y económicas contra Sudán, incluyendo medidas contra funcionarios y líderes de las milicias árabes responsables de la violencia.
"El gobierno (de Sudán) no da ninguna señal de reconocer la presión internacional", indicó Eric Reeves, del Smith College, académico que ha jugado un importante papel en coaccionar a Washington para que tome acciones más severas para con Jartum.
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Reeves criticó al gobierno estadounidense de George W. Bush por no haber invertido el capital político y diplomático necesario para hacer que la comunidad internacional obligue a las autoridades sudanesas a detener la violencia y aliviar la crisis humanitaria.
Los problemas de Darfur, reino independiente anexado por Sudán en 1917, comenzaron en los años 70 como una disputa por las tierras de pastoreo entre nómadas árabes y agricultores indígenas negros. Ambas comunidades étnicas comparten la fe islámica.
Pero la tensión se transformó en una guerra civil en febrero de 2003, cuando guerrilleros negros respondieron con violencia al hostigamiento de las milicias Janjaweed.
Los Janjaweed son acusados de llevar adelante una campaña de limpieza étnica contra tres tribus negras que respaldan a los dos grupos guerrilleros. Se presume que las milicias árabes tienen apoyo de Jartum, o que éste hace la vista gorda ante sus crímenes..
Se estima que entre 200.000 y 400.000 personas han sido asesinadas en Darfur desde entonces, y más de dos millones desplazadas al vecino Chad.
La situación en Darfur, que el propio gobierno de Bush calificó de genocidio hace más de dos años, causa cada vez más preocupación en Estados Unidos. Mientras en el Congreso se discutían las sanciones, activistas lanzaban una campaña contra las empresas con importantes inversiones en territorio sudanés.
Hasta ahora, cuatro estados y 10 universidades, incluyendo la gigantesca Universidad de California (occidente), ordenaron a sus oficinas financieras que vendieran acciones por cientos de millones de dólares en compañías como Petrochina, Alstom, Alcatel, Siemens y otras que tienen negocios con Jartum.
Otra decena de estados de Estados Unidos están considerando medidas similares.
El miércoles, la Cámara de Representantes aprobó por una abrumadora mayoría de 416 a 13 la Ley de Paz y Responsabilidad en Darfur, que además de imponer sanciones contra funcionarios del gobierno sudanés y líderes de los Janjaweed mencionados en un informe confidencial de la ONU, provee de dinero a la limitada fuerza de paz de la Unión Africana desplegada en la zona.
La norma también incluye una provisión que exhorta a Bush a impedir que barcos de carga o petroleros involucrados en operaciones comerciales con Sudán se detengan en puertos estadounidenses, así como a suspender la ayuda económica a países que vendan armas a Jartum.
El Senado aprobó una ley similar a comienzos de este año, que luego deberá ser armonizada con la de la cámara baja.
"Celebramos la acción del Congreso, porque es una clara señal de que Estados Unidos tiene que hacer algo más", dijo Donald Steinberg, vicepresidente del Grupo Internacional de Crisis (ICG), que exhortó a Washington a liderar esfuerzos internacionales, en particular dentro el Consejo de Seguridad de la ONU, para poner fin a la violencia en Darfur.
El ICG —al igual que el secretario de la ONU, Kofi Annan— propuso que los soldados de la Unión Africana sean incorporados a una más numerosa fuerza internacional con un mandato más severo del foro mundial.
Además, exhortó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que hasta ahora ha brindado sólo apoyo logístico a la operación africana, que contribuya a constituir una "fuerza puente" que sea desplegada hasta tanto lleguen los soldados de la ONU.
El propio Bush aprobó esta idea luego de reunirse con Annan en febrero, cuando llamó a la OTAN a adoptar un papel más activo en Darfur.
"Creo que esto va a requerir una administración, planificación y organización de la OTAN, además de duplicar el número de soldados de paz que están ahí ahora, para comenzar a traer cierta sensación de seguridad", dijo el mandatario durante una visita al sudoriental estado de Florida.
Sin embargo, Washington sufrió una serie de traspiés diplomáticos en los esfuerzos para ganar apoyo internacional. El embajador estadounidense en la ONU, John Bolton, logró a comienzos de febrero que el Consejo de Seguridad comenzara a discutir una eventual operación en Darfur, pero no que aprobara una resolución autorizando el uso de la fuerza.
Mientras, la Unión Africana decidió oficialmente el mes pasado demorar la intervención de la ONU en Darfur hasta que se cumplan ciertas condiciones, entre ellas la aceptación del gobierno sudanés, lo que parece improbable.
Jartum se anotó otra victoria política la semana pasada al ser sede de la cumbre de la Liga Árabe, que respaldó su oposición al despliegue de la fuerza de la ONU. Tras la cumbre, el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, un aliado de Washington, visitó Jartum para reunirse con su par sudanés Omar Al Bashir por primera vez en una década.
Ante estos acontecimientos, analistas concluyen que el gobierno de Bush no está dispuesto a usar su fuerte influencia en África, en el mundo árabe y en el Consejo de Seguridad para asegurar el despliegue de una fuerza internacional en Darfur.
"Creemos que el discurso de la administración es admirable, pero las acciones son inadecuadas. El gobierno debe usar todos sus músculos diplomáticos", sostuvo Steinberg.
