Líderes indígenas denunciaron su exclusión de las negociaciones sobre un régimen obligatorio para regular el acceso a los recursos genéticos del planeta, durante la conferencia de biodiversidad que concluyó el 31 de marzo en esta ciudad del sur de Brasil.
"Los indígenas tenemos que ser socios al mismo nivel que el Estado cuando se explotan recursos con aporte de conocimiento tradicional", dijo a Tierramérica Marcos Terena, coordinador de la presencia de las etnias en la octava Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-8).
La adopción de un régimen internacional vinculante, que establezca reglas para el acceso a los recursos genéticos y el reparto de los beneficios de su explotación, fue el tema más polémico durante las discusiones de 11 días de la COP-8, en las que participaron unos 3.600 delegados de 173 países.
El régimen es promovido por países en desarrollo y ricos en biodiversidad, entre ellos México, Colombia y Brasil, pero rechazado por varias naciones industrializadas, y la mayoría de analistas coincide en que tardará años en materializarse.
El Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), creado hace una década y que representa a más de un centenar de etnias de todo el mundo, protestó por su marginación del debate sobre el régimen que, aseguran, afectaría directamente las vidas de los habitantes ancestrales de los territorios donde se encuentran los recursos genéticos.
Poco más de 200 indígenas, 180 de ellos vinculados al FIIB, estuvieron presentes en la COP-8.
"Queremos una participación en las negociaciones del régimen del mismo nivel que tenemos en los artículos 8j y 10c del Convenio sobre la Diversidad Biológica", dijo Terena, también dirigente del Comité Intertribal brasileño y representante por su país de la FIIB.
Los artículos 8j y 10c tratan de la preservación de "conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales" y de los "usos consuetudinarios de los recursos biológicos", en cuya implementación sí se acogió la presencia indígena.
Pero muchos gobiernos rechazan las aspiraciones de las etnias de participar en las discusiones sobre el régimen vinculante, argumentando que el Convenio reconoce la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales.
Nuestra demanda se basa en la premisa de que "los pueblos indígenas deben tener autonomía en la gestión de sus territorios y usufructo de sus recursos naturales", dijo Terena.
"En primer lugar, necesitamos mecanismos de protección de los conocimientos y prácticas indígenas", destacó, preocupado por bancos de datos y otras iniciativas que hacen disponibles esas informaciones al mercado.
Pero reconoció que en materia de reparto de los beneficios de la explotación de la biodiversidad, los indígenas aún tienen que aclarar ideas. Los brasileños, por ejemplo, estuvieron ausentes de las COP anteriores. Hicieron cursos sobre el Convenio para participar en la COP-8 y sólo en la próxima, dentro de dos años, estarán efectivamente capacitados para influir, evaluó.
Para algunos, equiparar el conocimiento tradicional y el científico supondría dividir las posibles regalías en partes iguales. Otros hablan de 25 por ciento.
Las aspiraciones indígenas también enfrentan otros desafíos complejos. Los obstáculos empiezan por la identificación de los pueblos indígenas. En la mayoría de los países asiáticos no son reconocidos, sino diluidos como "minorías étnicas", observó Terena. En otras naciones se alega que toda la población es autóctona.
Los gobiernos tampoco los reconocen en toda África, aseguró a Tierramérica Lucy Mulenkei, quien dirige la Red de Información Indígena en Kenia. En Camerún, por ejemplo, la Constitución los menciona, pero ellos no tienen derechos en la práctica, dijo.
"Hay indígenas en todos los países africanos y son pueblos que mantienen sus culturas y tradiciones ancestrales, sobreviviendo en sus territorios fuertemente discriminados por los gobiernos", definió.
Un caso paradigmático es el de su propia etnia, la maasai, con cerca de medio millón de personas que mantienen su identidad pese a la marginación y las presiones que redujeron su territorio. Los indígenas se "autoidentifican", no dependen de la certificación externa, señaló.
Espiritualidad, cultura que incluye lengua propia y territorialidad, en ese orden, son los elementos de la identidad indígena, según Terena.
"Queremos ser reconocidos como 'pueblos' y no simples comunidades", aclaró por su parte Florina López, indígena kuna, de Panamá, quien coordina, junto con Malenkei, la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad.
López admitió que es "muy difícil" que los Estados cedan una parte del control, aceptando incluir a los indígenas en las discusiones sobre el régimen vinculante.
El reparto de beneficios será, "quizás, para el próximo siglo", bromeó, recordando que el FIIB fue acogido sólo como órgano asesor del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 2002, durante la COP-5.
"Es insuficiente, pero es un camino" hacia una verdadera participación en las negociaciones, evaluó.
Ramón Tomedes, del pueblo ye'kwana, de Venezuela, coincidió en la cautela y llamó a "no ceder conocimientos indígenas hasta que los pueblos en la base tengan claridad" sobre lo que se está negociando.
Pero rechazó las críticas de que buscar beneficios es privatizar patrimonio común de la humanidad. Las eventuales regalías se distribuirían colectivamente, como ya hace su pueblo, beneficiando a 52 comunidades.
"Nosotros resguardamos conocimientos tradicionales, pero sin encerrarlos, porque ellos pueden beneficiar a nuestro pueblo y al mundo y no queremos aislarnos", aseguró a Tierramérica.
* El autor es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 1 de abril por la red latinoamericana de Tierramérica.
