Los vecinos de la ciudad de Gualeguaychú, epicentro de la resistencia argentina a la instalación de dos plantas de celulosa en Uruguay sobre un río compartido, se transformaron en uno de los factores que empantanaron una solución concertada al conflicto que parecía muy cercana.
En una decisión que según varias fuentes argentinas resultará funcional a los intereses de las empresas cuestionadas (la finlandesa Botnia y la española ENCE), los pobladores volvieron a cortar este miércoles una ruta internacional que une Argentina y Uruguay frente a Gualeguaychú, en la nororiental provincia de Entre Ríos.
Los residentes, preocupados por la contaminación que podría causar la industria de la celulosa, habían bloqueado ya ese paso de forma intermitente desde fines de diciembre. Y a fin de enero iniciaron un bloqueo total que se mantuvo por 43 días.
Los asambleístas desoyeron así recomendaciones de sus asesores legales y del gobierno nacional, que ha actuado como aliado de sus intereses en este conflicto con Uruguay, y adoptaron la medida más dura cuando los negociadores habían acordado controles más exigentes con las empresas que proyectan instalarse en la región.
La drástica decisión llegó un día después de que los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina, y Tabaré Vázquez, de Uruguay, resolvieron suspender un encuentro por la negativa de Botnia a paralizar la construcción de su planta en la ciudad de Fray Bentos, sudoeste de Uruguay, por 90 días.
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Pero el acuerdo entre Buenos Aires y Montevideo ya se había alcanzado, dijo a IPS una fuente calificada de la cancillería argentina.
El informante ratificó que los dos gobiernos ya habían acordado el texto de la declaración presidencial y los términos de referencia de un estudio de impacto ambiental independiente de las fábricas de Botnia y ENCE, en un plazo máximo de tres meses.
"Los términos de referencia aprobados iban a poner en evidencia el proceso de producción que Botnia está ocultando, y seguramente por eso la empresa, que en principio había accedido a una tregua de 90 días, cambió de posición y bajó el plazo (de suspensión de las obras) a 10 días", dijo la fuente que intervino en la redacción de esos textos.
"Parece que los asambleístas trabajaran para Botnia", añadió ofuscado.
En su opinión, el comunicado de la compañía asegurando que continuaría facilitando toda la información "disponible" sobre la fábrica para elaborar pulpa de papel revela incluso que la firma no ha dado a conocer todos los datos del proceso de producción y tratamiento de efluentes que iban a exigir los términos de referencia acordados.
Ante la nueva decisión de Botnia de parar las obras solo por 10 días, el gobierno uruguayo anunció el martes que Argentina consideraba "insuficiente" ese plazo para realizar el estudio ambiental, y la cumbre se suspendió. Pero el diálogo entre los dos gobiernos se mantenía sin fisuras.
El jefe de Gabinete de Argentina y principal negociador, Alberto Fernández, se mostró prudente y responsabilizó a la empresa por la segunda postergación de la cumbre, que había sido suspendida ya la semana pasada mientras los gobiernos realizaban cambios a los textos en discusión.
En el mismo tono cauto se expresó la representante legal de los asambleístas de Gualeguaychú y del gobierno de Entre Ríos.
Romina Picolotti consideró que "por primera vez la posición argentina en el conflicto está fuerte" ante "un quiebre que se produce en Uruguay" por la negativa de Botnia a someterse a un estudio de impacto independiente. Cortar el puente "no es una buena estrategia política ni jurídica", sostuvo.
"No digo que no se mantengan movilizados, pero no que corten el puente porque eso podría llevar a Uruguay al tribunal (de solución de controversias) del Mercosur, y eso sería contraproducente", advirtió la abogada y presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambiente.
Pero sus representados la desoyeron. "El malestar por el fracaso de la cumbre presidencial potenció el plan de acción que teníamos ya aprobado", sostuvo la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú en un comunicado emitido poco después de votar a favor del corte.
Para este miércoles por la noche se esperaba una resolución similar de los residentes en la ciudad argentina de Colón respecto del puente que la une con la uruguaya Paysandú, aguas arriba del río Uruguay.
Buenos Aires teme que ahora Montevideo denuncie estas medidas ilegales ante el tribunal del Mercosur (Mercado Común del Sur), bloque al que pertenecen las dos naciones junto con Brasil y Paraguay y cuyos tratados garantizan la libre circulación de bienes y personas.
Esa denuncia podría complicar el proceso de un eventual reclamo argentino ante el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por la forma en que Uruguay autorizó la instalación de las dos plantas y sus potenciales daños ambientales a un curso de agua compartido.
"Botnia lanzó una provocación, y el gobierno argentino les dijo a los asambleístas que no respondieran a esa provocación porque de ese modo le estarían haciendo el juego a la empresa. Pero no pudimos convencerlos. Ahora, con esta actitud, están actuando a favor de las empresas", protestó la fuente de la cancillería argentina.
El funcionario no descartó que intereses políticos internos opuestos al gobierno de Kirchner hayan conspirado para que el acuerdo fracasara, incitando a la Asamblea de Gualeguaychú a retomar la medida de fuerza.
Los reclamos argentinos contra la instalación de las dos fábricas de celulosa (cuyas inversiones combinadas podrían sumar 1.800 millones de dólares) datan de 2003, cuando el gobierno uruguayo que precedió al de Vázquez emitió las primeras autorizaciones.
Según Buenos Aires, las autoridades uruguayas no notificaron de los proyectos a su contraparte en tiempo y forma, según lo que establece el Estatuto del Río Uruguay firmado por los dos países en 1975 ante acciones "de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas".
La corporación finlandesa construye una planta con capacidad para producir un millón de toneladas de celulosa al año, mientras la de la española ENCE es de 500.000 toneladas.
Pero el gobierno argentino no se da por vencido y parece cargar sus baterías contra las compañías. "Vamos a hacer todo lo posible por conseguir que esto haga caer las acciones de Botnia y vamos a publicitar que la empresa ocultó la información sobre las condiciones de producción ante quienes proyecten financiar las obras", abundó el funcionario.
Sin embargo, las posibilidades de encausar la negociación de una manera aceptable para ambas partes se escurrió nuevamente de las manos este miércoles.
