Siete de cada 10 televidentes mexicanos ven canales del consorcio Televisa, mientras dos ven a los de TV Azteca. En radiodifusión la oferta se concentra en unos 13 grupos empresariales.
Aunque este puñado de firmas tiene ya casi todo el pastel de la audiencia y buena parte del de publicidad, quiere más y su deseo podría cumplirse.
En medio de presiones abiertas y reconocidas, especialmente de Televisa, el Senado discute desde enero un proyecto de ley de radio y televisión que daría aún más poder a esa y a otras grandes compañías, dueñas además de medios de prensa, estadios deportivos, teatros y equipos de fútbol.
El proyecto, aprobado en diciembre en primera instancia por la Cámara de Diputados, reemplazaría a otro vigente desde los años 60 y que es cuestionado por patrocinar la concentración de medios en pocos propietarios y por dejar en manos del gobierno de turno la potestad de entregar y quitar las frecuencias del espectro electromagnético, un bien público por definición.
Pero la nueva ley, que abriría a la competencia la compra de frecuencias, lejos de democratizar el universo de los medios, daría aún más poder a quienes ya lo tienen y pondría contra la pared a las radios y televisoras más pequeñas, como las comunitarias y educativas, afirman observadores.
Los argumentos contra el proyecto y quienes los esgrimen, senadores de todos los partidos políticos, parecen no existir para las televisoras que acaparan la teleaudiencia mexicana y por ende el dinero de los patrocinios comerciales. En sus noticieros y programas periodísticos, las críticas están ausentes.
En contraste, muchas estaciones de radio abrieron el debate en este país de más de 100 millones de habitantes.
"Con esto de la nueva ley vemos con claridad el poder que tienen y usan las televisoras, principalmente Televisa, y la subordinación de políticos y empresarios a sus designios", dijo a IPS el experto en medios de comunicación Néstor Cortés.
El proyecto en debate permite que quienes ya explotan frecuencias puedan extenderlas a servicios digitales de todo tipo sin más trámite que dar aviso al gobierno. Pero los posibles nuevos competidores deben participar en licitaciones o subastas para obtener un espacio electromagnético.
"El dinero definirá el derecho a comunicar", sentenció Cortés.
Las subastas y la distribución de nuevas frecuencias serán organizadas y revisadas por un comité integrado por el gobierno y empresarios, de acuerdo con el proyecto.
Para los medios educativos y comunitarios que son patrocinados por el gobierno, municipios y universidades públicas, el proyecto indica que su existencia depende sólo del Estado. Y los medios independientes, surgidos de la sociedad, como las radios comunitarias, ni siquiera son mencionados.
Para transformarse en ley, el proyecto aún deberá ser aprobado por el Senado, regresar a la cámara baja y finalmente ser promulgado por el Poder Ejecutivo, lo que podría tomar entre semanas y meses.
Según el columnista de temas financieros Darío Celis, es muy probable que la ley entre en vigor. Sin embargo, el senador Javier Corral, del gobernante Partido Acción Nacional, uno de los mayores críticos de la propuesta, asegura que el proyecto sufrirá una cirugía mayor.
El gobierno deVicente Fox, que mantiene en general estrechas y tersas relaciones con Televisa y TV Azteca, señala que no meterá las manos en el tema, pero algunos observadores afirman que apoya el proyecto.
La rápida media sanción en la Cámara de Diputados, justamente cuando los principales legisladores críticos y conocedores del tema no estaban presentes, irritó a académicos y organizaciones no gubernamentales que desde hace más de una década impulsan reformas a la ley de radio y televisión.
La normativa vigente fue conveniente a los gobiernos consecutivos del Partido Revolucionario Institucional entre 1929 y 2000, que acallaban las críticas en los medios de comunicación.
La "nueva versión de la ley en materia de concesiones y permisos, es, por decir lo menos, un retroceso en lo que se considera una transición democrática. Un parche ilegítimo y excluyente de las mayorías, una muestra de cómo se sirve al poder, de arreglos por debajo de la mesa", opinó Aleida Calleja, representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
"Ahora se darán concesiones mediante subasta, al mejor postor, un bien público como es el espectro radioeléctrico se dejará en manos del que más dinero tenga", sostuvo.
En enero, tras la aprobación de la Cámara de Diputados, algunos empresarios y asociaciones de la radiotelefonía y la televisión comercial criticaron el proyecto, pero poco a poco casi todos fueron cambiando de posición y ahora piden que sea ley.
"Todo el cambio se debe a las presiones de los más poderosos, especialmente de Televisa, cuyos 'cabilderos' (negociadores) han ido ofreciendo y amenazando, según sea el caso, a todos los que se oponían en el mundo de la política y el empresariado", señaló Cortés.
El diario El Universal publicó el 1 de marzo la transcripción de una serie de conversaciones telefónicas entre un abogado de Televisa y legisladores y empresarios. Los diálogos, grabados sin permiso, dejan en claro que la corporación hace todo lo que puede para que el proyecto resulte aprobado.
Televisa, que según diversos estudios acapara 60 por ciento del presupuesto de publicidad de México, opera 225 canales, y es manejada por la familia Azcárraga. Mientras TV Azteca, de la familia Salinas, cuenta con 42.
Televisa, que vende programación y tiene socios y acciones en toda América Latina y en Estados Unidos, es el consorcio televisivo más grande del mundo de habla castellana.
En cuanto a las frecuencias de radio, la mayoría de las 1.142 estaciones comerciales en el aire son manejadas por 13 grupos, entre los que se cuentan Televisa y TV Azteca.
