Las raíces del proceso boliviano que desembocará en la elección de una Asamblea Constituyente en julio pueden rastrearse a inicios de los años 90, en una penosa marcha indígena de 700 kilómetros, desde las cálidas zonas de la Amazonia hasta los nevados que rodean la sede del gobierno, en busca de derechos y territorio.
Así se abrió el ciclo histórico que ahora parece cristalizarse en este país, el más pobre de América del Sur, y el más sacudido por súbitos cambios de tres presidentes democráticos en menos de tres años.
Una de las primeras normas sancionadas por el presidente indígena Evo Morales, que ganó las elecciones con 53,7 por ciento de votos el 18 de diciembre, fue la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, según la cual unos cuatro millones de votantes deberán elegir el domingo 2 de julio a 255 delegados constituyentes.
Simultáneamente, se realizará un referéndum sobre la aceptación o rechazo de las autonomías departamentales, una conquista de los influyentes empresarios y dirigentes cívicos del rico departamento oriental de Santa Cruz, que equilibra la presión occidental por la Constituyente.
La Asamblea comenzará a sesionar el 6 de agosto en la capital, Sucre, y tendrá un plazo de seis meses a un año para elaborar una nueva Constitución.
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La marcha por territorio nació de una vieja inquietud de comunidades indígenas al borde de la extinción, asediadas por terratenientes, explotadores de madera y ganaderos.
En la mañana de un día soleado de 1990, un centenar de hombres y mujeres partieron de la plaza principal de la ciudad de Trinidad, capital del amazónico departamento nororiental del Beni, con un adiós de las campanas que marcaban el inicio de un sendero en la historia republicana de Bolivia.
El paso lento era ignorado en las grandes ciudades hasta que la cercanía a las altas cumbres sacudió la quietud del gobierno del entonces presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), quien sintió la presión cuando el grupo humano venció la cadena de cordilleras con elevaciones hasta de 5.000 metros sobre el nivel del mar y logró llegar a La Paz.
Al mismo tiempo, la sociedad boliviana descubría al habitante de la selva, sellado por su humildad, su piel morena y sus costumbres hasta entonces desconocidas en occidente, donde predominan las culturas aymara y quechua.
Cazadores y recolectores, con hábitos diferentes a los de la cordillera de los Andes, los indígenas de oriente se hicieron oír al irrumpir en la plaza de armas de La Paz, donde en lugar de la bienvenida de los gobernantes, prefirieron la catedral como señal de su firme adhesión a la religión católica.
Su lucha era cuestión de vida o muerte. Sin territorio, estaban condenados a desaparecer y, según la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, algunos pueblos como los pacahuaras, con 30 personas, o los yukis, con menos de 200, sentían la asfixia de poderosos grupos económicos que concentran grandes extensiones de tierra.
Su batalla pacífica consiguió el reconocimiento del gobierno a sus aspiraciones y obtuvo ocho decretos que recortaron las propiedades de madereros y ganaderos para restituirles la propiedad sobre su hábitat.
Allí nació una de las demandas que ahora es uno de los pilares de la lucha de los sectores sociales, la redistribución de tierras para campesinos sin predios ni oportunidad para aportar a la producción y la economía.
Desde entonces, la Asamblea Constituyente se convirtió en eje de las luchas sociales. En 2000, la población de la ciudad central de Cochabamba se alzó contra la privatización del agua potable. Y en octubre de 2003, una rebelión de los empobrecidos habitantes de la ciudad de El Alto provocó la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) con una férrea oposición a la exportación de gas natural, y el resultado de 67 muertos.
Así, las demandas por construir una nueva república bajo el principio de la defensa de los recursos naturales y el acceso a territorio y oportunidades impulsaron los rápidos cambios que se tradujeron en la toma del poder político por el partido que parece recoger esas inquietudes, el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, que gobierna desde enero.
Pero la Asamblea Constituyente que nació de las luchas indígenas no reconocerá a las organizaciones sociales como entes con representación propia para redactar una nueva Constitución y dará curso a los candidatos que tengan el respaldo de un partido político, una organización ciudadana o un pueblo indígena reconocido ante la Corte Nacional Electoral.
Unas 40 organizaciones sociales quedarán al margen del proceso o serán obligadas a negociar con los partidos políticos para ingresar en sus listas, dijo a IPS el representante de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad, Carlos Mariaca.
Bajo estas condiciones de participación, todas las iniciativas por la construcción del nuevo Estado pueden quedar politizadas, sin margen de actuación para los sectores sociales, dice el dirigente aunque acepta correr el riesgo.
El representante del Consejo Nacional Pre Constituyente y Pre Autonómico, el abogado José Luis Gutiérrez Sardán, fue uno de los impulsores del reconocimiento de sindicatos y organizaciones originarias, pero una negociación entre el partido de gobierno, la oposición y la dirigencia cívica del departamento de Santa Cruz decidió el camino adoptado por la Corte Nacional Electoral.
El Consejo fue creado en noviembre de 2005, con la designación de 23 personas de distintos sectores sociales, indígenas e intelectuales, cuya tarea es sintetizar los reclamos constituyentes y autonómicos y proporcionar insumos de trabajo para la agenda de la Asamblea.
Con escaso tiempo para los comicios, los sectores sociales probablemente no podrán cumplir con el requisito de acreditarse reuniendo dos por ciento de firmas del padrón electoral nacional o departamental.
Gutiérrez Sardán dijo a IPS que el reconocimiento de organizaciones sociales implicaba una doble representación, considerando que se elegirían representantes a la Asamblea mediante 70 circunscripciones territoriales que incorporan a regiones habitadas por indígenas y gremios sectoriales.
El Consejo sugirió la aplicación de la representación generada por cada ciudadano con derecho a un voto y bajo el sistema aplicado por el sistema democrático desde la recuperación de las libertades constitucionales, explicó el jurista.
En opinión de la responsable del Programa de Justicia Comunitaria de la estatal Universidad Mayor de San Andrés, Nancy Tufiño, esta modalidad de elección de asambleístas limitará la actuación de las organizaciones campesinas y en particular de las mujeres que demandan equidad, igualdad de derechos y obligaciones.
"La gente de las zonas rurales desea expresar con voz propia sus inquietudes en la Asamblea Constituyente", dijo a IPS. Si la actuación de los elegidos no les satisface, el descontento se expresará en el referéndum que se realizará al concluir las deliberaciones constituyentes, afirmó.
En estos días, las mujeres y los líderes campesinos examinan sus demandas, vinculadas con la gobernabilidad, la participación y la equidad de género, dijo a IPS la secretaria académica del Programa de Justicia Comunitaria, Cintia Irrazábal.
