El allanamiento de la redacción de un diario por orden de la Fiscalía General del Estado y una ley que crea la Entidad Reguladora para la Comunicación Social (ERC) son dos actos sin precedentes en el Portugal que accedió a la democracia en 1974, cuando la restauraron los capitanes izquierdistas del ejército.
Esta es la visión común de analistas y periodistas que alertan sobre "amenazas" a la libertad de prensa sin paralelo en los países de la Unión Europea. "Más que censura, son formas de intimidación y de control", apunta Rui Costa Pinto, responsable de grandes reportajes del semanario Visão.
Costa Pinto reconoce que "los periodistas no pueden reivindicar derechos absolutos", pero deben "exigir una ley clara", refiriéndose al artículo 135 de la norma que crea la ERC, según el cual un juez puede ordenar el cese del secreto profesional ante una investigación, instrucción o juicio.
Pese al cuestionamiento a las competencias de la ERC, cuyos funcionarios contarán con un estatuto comparable a los de agentes de autoridad, la polémica subió de tono en los últimos días por la incautación de material contenido en las computadoras de la redacción de diario 24 Horas, ordenada por el fiscal general del Estado, José Souto Moura.
A fines de febrero, decenas de agentes de la Policía Judicial irrumpieron en la redacción ordenando en voz alta: "Saquen las manos de los teclados" y procediendo a confiscar las computadoras.
La historia se remonta al 13 de enero, cuando el periódico sensacionalista reveló el contenido de un disquete en el que aparecía una extensa lista de llamadas telefónicas recibidas y realizadas por altos funcionarios, comenzando por el presidente de la República, Jorge Sampaio, en el contexto de investigaciones en el proceso de Casa Pía, un escándalo de pedofilia que estremece a Portugal desde hace tres años.
En el listado de llamadas, enviado por la compañía Portugal Telecom a la fiscalía, aparecían decenas de personas que nada tenían que ver con el proceso Casa Pía y cuyo único punto en común era su actividad política.
Cuando el diario publicó la lista, Sampaio llamó a Souto Moura y lo instruyó para que investigara el caso. En un discurso a la nación, el mandatario advirtió al fiscal que no toleraría métodos que constituían una invasión indebida a la privacidad de las personas y le dio un "plazo muy breve" para determinar todas las responsabilidades disciplinarias y penales correspondientes.
Sin embargo, el único proceso abierto por el fiscal fue contra tres periodistas, los dos autores de la noticia y el director de 24 Horas, constituidos reos por orden del juez de instrucción que autorizó la acción del ministerio público.
El escritor Miguel de Sousa Tavares, columnista del influyente semanario Expresso de Lisboa, dijo que "no da ninguna gana de ser solidario con un periódico como 24 Horas, pero hay momentos en que lo más importante es escoger contra quién se está y no con quién".
El allanamiento del periódico es "un ensayo de la magistratura contra la prensa, para medir las reacciones, a ver si hay terreno libre para avanzar y crear jurisprudencia", opinó.
Mientras, "Souto Moura espera que nada suceda hasta el jueves, último día de ejercicio de Jorge Sampaio, y confía en que el nuevo presidente (Aníbal Cavaco e Silva) no irá a tocar en el asunto", dijo.
La decisión judicial demuestra "el desprecio del magistrado por el sigilo profesional de los periodistas, sin el cual nunca habría existido el periodismo de investigación", apunta el escritor.
El director del matutino Publico de Lisboa, José Manuel Fernándes, tituló su artículo editorial del viernes "Asalto a la libertad".
Lo que ocurrió en 24 Horas "es una señal: en Portugal, la libertad de información no tiene muchos amigos", deploró Fernándes, calificando el caso de "mucho más grave de lo que puede parecer" porque se está instalando en el sistema de justicia "un clima favorable a la limitación de la libertad de información, es decir, a la limitación de la libertad de todos los portugueses, del más humilde ciudadano al más ilustre ministro" .
La fiscalía "no quiere saber sobre el mal, sino matar al mensajero que lo revela", lo que afecta "a todo el periodismo de investigación", dijo Fernández.
La opinión es compartida por Octavio Ribeiro, columnista de Correio da Manhã, el diario de mayor circulación del país, quien sostuvo que "por el camino que se adivina, un periodista en Portugal que investigue un escándalo tipo Watergate, jamás lo podría tornar público, porque probablemente iría a parar a la cárcel por 'el bien de la nación'"
Entre los jueces, la voz disonante provino de Eurico Reis, magistrado de la corte de apelaciones de Lisboa, que en un artículo publicado el 2 de marzo en Correio da Manhã, advirtió sobre las amenazas que se ciernen sobre los medios de comunicación. "No puede haber prensa libre sin la salvaguardia de los derechos de los periodistas".
Ante esta avalancha de críticas al Poder Judicial, IPS consultó al analista José Carlos de Vasconcelos, abogado, escritor y coordinador editorial de Impresa, el principal grupo de comunicación social de Portugal.
De Vasconcelos expresó su "indignación por la impunidad de los responsables por inadmisibles e incalificables controles telefónicos, mientras solo parecen perseguir a los que revelan su existencia, o sea, los periodistas".
En Portugal, "tan solo el Poder Judicial no responde ante nadie", porque los jueces son evaluados por el Consejo Superior de la Magistratura, compuesto por jueces, es decir, se trata de autocontrol", dijo.
"La frase 'saquen las manos de los teclados' permanecerá como una caricatura triste y violenta de cierta justicia que no siendo capaz de investigar y castigar a los responsables de lo esencial, se preocupa por lo meramente accesorio", lamentó De Vasconcelos.
El también escritor Francisco José Viegas apunta en una columna del Jornal de Noticias, de la norteña ciudad de Oporto, que la ERC permitirá vigilar el comportamiento de la prensa, mediante investigaciones y exámenes, además de acceder a los equipos y servicios de las redacciones de los medios sin orden judicial.
"No se trata de defender a la corporación periodística, se trata de defender la libertad de expresión y de evitar el control de la prensa, de la opinión expresada y de nuestras opciones como ciudadanos y lectores" y en estos asuntos "si se abdica una vez, se abdica para siempre", opina Viegas.
El ministro de Asuntos Parlamentarios, Augusto Santos Silva, responsable de la comunicación social, negó el lunes que la ERC fuera antidemocrática, ya que su génesis es de naturaleza "constitucional" y como tal su misión es "cumplir los preceptos establecidos en la ley fundamental, teniendo en cuenta la libertad de prensa y el pluralismo".
Los profesionales dedicados al periodismo de investigación serán los más afectados por la nueva legislación. Pero no parecen dispuestos a desistir, según se desprende de la síntesis que una reportera de televisión hizo a nombre de sus colegas.
"Las trabas solo nos van a significar más trabajo: en vez del teléfono celular y del correo electrónico, pasamos a tener encuentros en las estaciones de metro o en los estacionamientos", ironizó Sofia Pinto Coelho. "Basta que haya un periodista audaz para que siga existiendo una prensa libre", afirmó. (
