Un violento ataque policial contra el Grupo Standard, el segundo mayor conglomerado de medios de comunicación de Kenia, desató una ola de indignación contra el gobierno, ya cuestionado por numerosas acusaciones de corrupción.
"El gobierno intenta silenciar a los que percibe como críticos, y ha comenzado con los medios", dijo Ndung'u Wainanina, encargado de programación del Consejo Ejecutivo de la Convención Nacional, coalición de organizaciones que demandan cambios gubernamentales.
"Los medios de comunicación han sido fuertes y persistentes en su demanda de responsabilidad por parte del gobierno", agregó Wainanina en un acto celebrado en Nairobi, en respuesta a los ataques.
Representantes de más de 50 organizaciones de la sociedad civil encabezaron la protesta, en la que se entonaron consignas antigubernamentales y se desplegaron carteles de apoyo a la libertad de prensa.
Quienes marchaban también reclamaron la renuncia del ministro de Información, Mutahi Kagwe, el de Seguridad Nacional, John Michuki, y el jefe de la policía provincial.
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Kagwe negó estar involucrado en los ataques, que comenzó en las primeras horas del jueves, cuando policías armados y enmascarados interrumpieron la programación de la Red de Televisión de Kenia (KTN), en Nairobi.
Los agentes se incautaron de computadoras y equipos de transmisión. El canal quedó fuera del aire hasta las 14.00, hora local. Se informó que el personal y los guardias de seguridad fueron atacados y se les ordenó tirarse al piso mientras la policía revisaba el edificio.
Al mismo tiempo, un grupo de policías irrumpió en la imprenta del diario The Standard, también perteneciente al grupo, e incendiaron copias de la edición de The Standard del jueves.
El periódico no estuvo disponible en la mañana del jueves, pero una edición especial sobre los incidentes salió a la calle después.
Estos hechos marcaron la primera clausura en la historia de un medio de comunicación de gran porte por parte de un gobierno en Kenia, aunque en las últimas semanas las autoridades también ordenaron redadas contra dos tabloides, el Weekly Citizen y The Independent, según el Comité para Proteger a los Periodistas, con sede en Nueva York.
Weekly Citizen había publicado un informe que exponía dudas sobre el estado de salud del presidente Mwai Kibaki.
Los ataques a KTN y a la imprenta de The Standard siguieron al arresto, a comienzos de esta semana, de tres periodistas del periódico, acusados luego de publicar información falsa con la intención de generar alarma.
Aparentemente, esto fue reacción a un informe publicado por el diario el 25 de febrero, sobre una reunión secreta entre Kibaki y un ex ministro que ahora milita en filas de la oposición, Kalonzo Musyoka.
Ambos negaron que esas conversaciones hubieran ocurrido.
"Para que protejamos a una prensa libre, ésta no debe ser una ley en sí misma. No podemos ser intimidados. Dejen que cada medio cargue su propia cruz cuando transgreda la ley", advirtió Kagwe, en reacción al artículo.
La policía sostuvo que los allanamientos a las instalaciones del Grupo Standard tuvieron la finalidad de impedir que esa empresa publicara artículos que debilitarían la seguridad nacional.
El ministro Michuki consideró que "la policía hace su trabajo. Si uno hace sonar el cascabel de una serpiente debe estar preparado para ser mordido".
Pero Mitch Odero, miembro del Consejo de Medios de Kenia (MCK), dijo que la principal responsabilidad de los periodistas es mantener al público informado, no aplacar al gobierno.
"El desempeño de los medios debería ser juzgado por los ciudadanos a los que sirven como vigilantes", dijo a IPS. El Consejo fue establecido por la industria en 2002 para impulsar la profesionalización del periodismo keniata.
En los últimos tiempos, los medios se vieron inundados con noticias sobre corrupción oficial en Kenia.
Los contenidos de un informe realizado por John Githongo, ex secretario permanente para la Gobernanza y la Ética, dando detalles adicionales sobre un escándalo que involucró a la empresa ficticia Anglo Leasing and Finance, se filtraron al periódico Sunday Nation en enero.
Los hechos, revelados en 2004, involucraban la concesión de contratos a Anglo Leasing para suministrar un sistema de producción de pasaportes a prueba de falsificaciones y construir laboratorios forenses para la policía.
El informe de Githongo planteó cómo los ministros habían intentado bloquear las investigaciones al respecto.
Desde que el caso Anglo Leasing se hizo público, dos ministros renunciaron: el de Energía, Kiraitu Murungi, y el de Finanzas, David Mwiraria.
El ministro de Educación, George Saitoti, también renunció, pero por otro escándalo, conocido como el caso Goldenberg, un esquema de compensación de exportaciones a comienzos de los años 90 que resultó en un saqueo de al menos 600 millones de dólares del Estado.
El caso tomó el nombre de la empresa Goldenberg International, cuyo propietario era Kamlesh Pattni. Según una comisión investigadora establecida por Kibaki luego de su asunción, Pattni y varios funcionarios participaron en el fraude, que incluyó la exportación ficticia de oro y diamantes.
