Cada 30 minutos, una mujer muere de complicaciones relacionadas con el parto en Afganistán. En muchas partes del país las niñas tienen un acceso mínimo a la educación, y los matrimonios forzados están ampliamente difundidos, según organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Las mujeres, la mitad de la población del país, pero continuaron sufriendo la negligencia oficial y las primitivas restricciones sociales en 2005, informó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.
La Comisión dijo haber documentado 154 casos de autoinmolación de mujeres de la zona occidental durante 2005, mientras que en la meridional provincia de Helmand fueron reportados 144 matrimonios forzados y otros 25 en la modalidad "dinero por opio".
Los intentos del gobierno afgano de frenar el cultivo de opio tuvieron consecuencias inesperadas en las mujeres. Las familias de cultivadores desesperados por sus plantaciones de amapola arrasadas por el gobierno recurren a la práctica tradicional de pagar sus deudas entregando una hija a un pariente del acreedor.
Habitualmente se celebra una ceremonia de casamiento por el bien de la propiedad. El problema es que la mujer también es tratada como propiedad.
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Otra práctica afgana llamada "baad" cayó sobre una niña de siete años. La menor, cuyo padre había abusado sexualmente de otra de 10 años, fue dada en matrimonio al hermano de la víctima. Fue esclavizada y abusada sexualmente durante dos años antes de ser devuelta a su familia, el año pasado.
Hangama Anwari, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, dijo que las víctimas no podían esperar justicia del sistema. Según ella, los tribunales, dominados por hombres, estaban sesgados en contra de mujeres y niños.
La mayoría de las investigaciones realizadas por las autoridades sobre denuncias de ataques violentos a mujeres no son ni rutinarias ni sistemáticas, y pocas acaban en juicios, declaró Amnistía Internacional en su informe 2005 sobre Afganistán.
Antes del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el presidente afgano Hamid Karzai había ordenado la liberación de cientos de mujeres y menores retenidos en prisiones por delitos menores.
Pero los matrimonios forzados aumentaron y el suicidio se volvió la única salida posible para algunas mujeres. Cientos de esos casos fueron reportados por la policía.
A mediados de enero, una joven de 18 años se prendió fuego en el distrito de Omri. El jefe de la sección delitos Wakil Kamyab dijo que detrás del incidente se ocultaban la violencia y las disputas familiares.
"Estas muchachas se están quemando vivas porque no tienen otra opción en la vida para escapar de la violencia", había observado la relatora especial de la Comisión de las Naciones Unidas para la Violencia Contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Yakin Erturk, comentando los casos de autoinmolación del año pasado en el occidental pueblo de Herat.
Erturk dijo entonces que la violencia de la que estas mujeres huían no sólo era perpetrada por sus esposos o padres, sino también por sus suegras.
Ahmad Fahim Hakim, vicepresidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, urgió al gobierno a establecer oficinas para registrar casamientos y divorcios y crear tribunales de familia para abordar el alarmante problema de la violencia contra las mujeres.
Ni siquiera las mejor educadas están a salvo dentro de sus hogares. En noviembre de 2005, la poeta Nadia Anjuman, de 25 años, conocida en círculos literarios de Afganistán e Irán, falleció tras ser severamente golpeada por su esposo en la occidental ciudad de Herat. El jefe de la policía provincial, Nisar Ahmad Paikar, confirmó que el cónyuge fue arrestado por asesinato.
Una joven de 29 años identificada sólo como Amina, fue sacada a rastras de la casa de sus padres en el distrito de Urgu, en la septentrional provincia de Badakhan, por su esposo y funcionarios locales antes de ser lapidada en público hasta la muerte. Se presume que el hombre acusado de cometer adulterio con ella fue azotado 100 veces y luego liberado.
La violencia contra las mujeres es ampliamente aceptada por la comunidad e inadecuadamente abordada por el gobierno y los jueces. "Los códigos sociales, invocados en nombre de la tradición y la religión, son usados como justificativo para negar a las mujeres el goce de sus derechos fundamentales", dijo Amnistía en su informe 2005.
En abril del año pasado, las autoridades de la septentrional provincia de Baghlan hallaron los cadáveres de tres mujeres que habían sido atacadas sexualmente y botadas con una nota de advertencia para que las demás se quedaran en sus casas. Una de las fallecidas trabajaba en una agencia de asistencia.
"Enfatizamos que las autoridades afganas tienen la responsabilidad de proteger a las mujeres. Y no sólo los agentes del Estado sino también las personas y las organizaciones. La reforma del sistema de justicia penal es parte integral de la protección de todas las mujeres afganas y es responsabilidad del Estado brindar garantías legales", urgió Amnistía.
* Publicado por IPS en convenio con la agencia de noticias afgana Pajhwok Afghan News.
