La presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, cumplió el ritual de buscar en Washington y la ONU la asistencia necesaria para reconstruir su país devastado por años de guerra y poner fin a una economía basada en el tráfico ilegal de diamantes, armas y recursos naturales.
Johnson-Sirleaf dijo al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la semana pasada que seguía contando con la asistencia del foro mundial y de la comunidad internacional para resolver los problemas económicos y políticos de su país.
Pero "Las promesas (de entrega de fondos de la comunidad internacional) raramente se cumplen", advirtió Emira Woods, co-directora de Foreign Policy in Focus (política exterior en el foco) del Institute for Policy Studies (Instituto de Estudios Políticos), con sede en Washington.
En 2003, una conferencia internacional de donantes prometió 550 millones de dólares para Liberia, "pero muy poco se materializó" hasta ahora, dijo Woods a IPS.
"Se necesita apoyo real, más allá de la retórica, para que este país, que dependió durante 14 años de actividades ilegales como el tráfico de diamantes sangrientos, el robo de madera, la explotación de caucho y el contrabando de armas, inicie una actividad productiva para el 85 por ciento de desempleados", dijo.
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"Usted es la primera mujer en alcanzar la Presidencia de un país africano y eso requiere coraje, visión y deseos de mejorar la vida de su pueblo", dijo el presidente de Estados Unidos George W. Bush a Johnson-Sirleaf en un encuentro el lunes en la Casa Blanca.
En un informe dirigido al Consejo de Seguridad la semana pasada, el secretario general de la ONU, Kofi Annan dijo que el gobierno de Liberia se enfrenta a "desafíos económicos y sociales tremendos".
El gobierno de Johnson-Sirleaf, que asumió el cargo el 16 de enero, necesita acelerar esfuerzos para generar y administrar sus propios recursos.
"La falta de control estatal sobre los recursos naturales de Liberia sigue siendo una fuente de inestabilidad", dijo Annan. Y la ocupación y explotación ilegal de las plantaciones de caucho requiere "atención urgente", agregó.
El gobierno de Liberia y la ONU están trabajando para revisar las concesiones existentes y los acuerdos de administración de las plantaciones de caucho así como su continua ocupación y explotación por los grupos ex rebeldes.
Luego de casi 14 años de luchas entre grupos insurgentes y fuerzas gubernamentales, en junio de 2003 se firmó un cese del fuego. Los signatarios fueron el rebelde Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia, el Movimiento por la Democracia en Liberia y el gobierno.
Desde septiembre de 2003, la estabilidad política de Liberia depende de la presencia de una fuerza de paz de la ONU (conocida por sus siglas en inglés Unmil) de 17.700 efectivos, ahora reducidos a unos 15.000, con un costo de más de 760 millones de dólares por año.
El mandato de Unmil se extendió hasta marzo de 2007, fecha en que la cantidad de efectivos comenzará a reducirse gradualmente, si lo permiten las condiciones de seguridad.
"Más allá de las fuerzas de paz, la comunidad internacional debe permitir un nuevo comienzo para Liberia condonando su endeudamiento externo, acumulado durante los pasados regímenes dictatoriales", dijo Woods.
Esas deudas, equivalentes a 680 por ciento del producto interno bruto del país, socavan las posibilidades del nuevo gobierno para hacerse cargo de problemas como el creciente índice de VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida), la falta de escuelas y de electricidad, entre otras carencias de infraestructura.
En particular, el gobierno de Estados Unidos también debe utilizar su influencia para asegurar que las corporaciones estadounidenses instaladas en el país actúen con responsabilidad, paguen regalías, impuestos y salarios adecuados, respeten los derechos de los trabajadores y protejan el ambiente, dijo la liberiana Woods, quien visitó su país el año pasado.
Por ejemplo, "la empresa (de neumáticos) Bridgestone Firestone se está aprovechando de los acuerdos firmados con los regímenes dictatoriales y de la desesperación de liberianos pobres para beneficiarse del trabajo infantil, la destrucción del ambiente y la violación de otras normas internacionales", explicó.
Annan pinta en su informe un panorama sombrío.
"No hay servicios públicos en funcionamiento, la mayoría de los liberianos no tienen electricidad, agua, servicios sanitarios básicos ni de salud", señala el documento. El secretario general indicó que casi toda la atención de salud depende de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales o de agencias de la ONU.
El sistema de educación está destruido, hay escasez de docentes y de recursos para acondicionar los centros educativos. Los caminos y los puentes, que se necesitan para abrir los mercados, elevar el empleo, permitir la llegada de asistencia humanitaria a las áreas rurales y aumentar la protección del ambiente, están en una situación crítica.
El informe también advierte de la "frágil" condición de la seguridad interna.
Las potenciales fuentes de inestabilidad incluyen a ex funcionarios de las fuerzas armadas insatisfechos con las indemnizaciones y pagos de pensiones, miembros de las disueltas unidades antiterroristas excluidos de la desmovilización de los actores armados, y antiguos combatientes que están ocupando y explotando ilegalmente las plantaciones de caucho o que esperan oportunidades para reintegrarse y rehabilitarse.
Otras fuentes de inestabilidad son los grupos que quedaron marginados por el reciente reagrupamiento de las fuerzas políticas liberianas e individuos que podrían perder poder e influencia a causa de las iniciativas de anticorrupción propuestas por la presidenta Johnson-Sirleaf.
Uno de los mayores problemas de la nueva administración es la amenaza latente que representa el ex presidente Charles Taylor (1997-2003), acusado de genocidio y crímenes de guerra, y actualmente asilado en Nigeria.
Johnson-Sirleaf comunicó al Consejo de Seguridad la semana pasada que había pedido al presidente nigeriano Olusegun Obasanjo que resolviera la situación de Taylor, entregándolo a un tribunal de la ONU para que lo juzgara.
Pero Nigeria señaló que Taylor había aceptado abandonar voluntariamente Liberia como parte de la resolución del conflicto armado, a condición de contar con asilo seguro en ese país.
