El gobierno de Estados Unidos normalizó sus relaciones militares con Indonesia este miércoles, al informar el Departamento de Estado (cancillería) que permitiría la venta de equipamiento militar letal por primera vez en siete días.
El anuncio se emitió dos semanas después de que la secretaria de Estado (canciller), Condoleezza Rice, visitara Yakarta, donde propuso un afianzamiento del vínculo militar como parte de la "alianza estratégica" con esta nación del sudeste asiático de 200 millones de habitantes donde vive la comunidad musulmana más populosa del mundo.
En noviembre, el Departamento de Estado anunció su intención de levantar las condiciones en materia de derechos humanos a Indonesia impuestas a las ventas militares, en retribución por el "rol estratégico" de ese país en el sudeste asiático.
"Esto marca el último paso legal para abrir el flujo de armas a las fuerzas armadas indonesias", dijo John Miller, director de la Red de Acción de Indonesia y Timor Oriental. "Solo resta que Indonesia escriba la lista de artículos que desea comprar."
Esta red, junto con organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, se opone a la normalización del vínculo militar con Indonesia mientras el general Susilo Bambang Yudhoyono no afiance el control sobre las fuerzas armadas y persiga a los oficiales responsables de graves abusos, especialmente en Timor Oriental.
Los activistas argumentan que la normalización da al ejército una especie de "sello de aprobación" que lo alentará a resistirse a las reformas que lo volverían más responsable ante la autoridad civil y lo obligarían a respetar los derechos humanos.
"La renovación del vínculo militar le da un impulso político al ejército y le permite resistirse a la presión por reformas", dijo el experto en asuntos indonesios de la Universidad del Estado de Washington Daniel Lev.
El Congreso legislativo estadounidense impuso sanciones militares al ejército indonesio en 1991, luego de recibir informes sobre masacres contra manifestantes desarmados en Timor Oriental.
Ese territorio había sido invadido y luego anexado como provincia por el régimen militar de Alí Suharto en 1975, cuando Portugal declaró su retirada de la antigua colonia.
Entre 1991 y 1998, los legisladores estadounidenses añadieron restricciones a las relaciones militares con Indonesia debido a las evidencias sobre violaciones de derechos humanos.
En agosto de 1999, el ejército indonesio y las milicias timorenses que apoyaba lanzaron una mortal operación contra la población civil local, que se había pronunciado días antes por la independencia en un plebiscito organizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Congreso estadounidense cortó virtualmente todo vínculo militar con Indonesia, y condicionó su restauración a una serie de reformas en materia de derechos humanos, incluida la acusación y castigo de los responsables de la masacre.
Pero los atentados que el 11 de septiembre de 2001 mataron a 3.000 personas en Washington y Nueva York cambiaron el humor del gobierno estadounidense, esta vez encabezado por George W. Bush.
El gobierno comenzó entonces a presionar a los legisladores para exceptuar del embargo ciertas clases de asistencia militar, como el entrenamiento y equipamiento antiterrorista y el suministro de equipo no letal.
La presión se desarrolló a pesar de la abrumadora evidencia según la cual el ejército indonesio no sólo se negaba a cooperar con el procesamiento de los violadores de derechos humanos en Timor Oriental, sino que también era responsable de graves abusos en otras islas indonesias, como Aceh, Papúa Occidental y las Malucas.
Tras el tsunami de diciembre de 2004, que golpeó duramente a Indonesia, el gobierno de Bush aceleró el paso hacia la normalización de relaciones militares.
Dos meses después de la tragedia, Washington levantó la prohibición de la participación de uniformados indonesios en el programa de Entrenamiento en Educación Militar Internacional. En mayo de 2005, levantó el embargo a las ventas de equipamiento no letal.
Pero persistió el escepticismo en el Congreso, que en noviembre amplió el embargo a ciertos tipos de financiación para la compra de equipamiento militar y de entrenamiento, entre otros, hasta tanto el Departamento de Estado no certificara el cumplimiento de las condiciones impuestas.
Las condiciones eran la acusación y castigo de militares sospechosos de graves violaciones de derechos humanos, la cooperación del ejército con las autoridades judiciales civiles y con las gestiones internacionales para desentrañar los graves abusos en Timor Oriental y la implementación de reformas que afianzaran el control civil sobre las fuerzas armadas.
Pero la ley preveía que el gobierno levantara esas condiciones por razones de "seguridad nacional". Eso fue lo que hizo el Departamento de Estado a fines de noviembre, aunque aseguró que mantendría su compromiso con las disposiciones del Congreso. (
