Los desaparecidos en la «guerra contra el terror» ocuparán buena parte de la agenda pakistaní en la tercera instancia del Foro Social Mundial, que comienza este viernes en la meridional ciudad de Karachi.
Las etapas anteriores del Foro este año se celebraron en Bamako, del 19 al 23 de enero, y en Caracas, del 24 al 29 de enero.
El problema de los desaparecidos pakistaníes es consecuencia del profundo involucramiento de este país en la guerra desplegada por Estados Unidos en el vecino Afganistán.
"Deben estar torturando a mi hijo. Sé que lo hacen, por informes en periódicos de personas que volvieron" de los centros de detención clandestinos, dijo Nasima Bibi, quien realiza una "huelga de hambre hasta la muerte" frente al Club de la Prensa de Karachi, con la esperanza de que alguien le diga qué le ocurrió a Sharif.
Ella y la familia Baloch planean ahora una protesta en el Foro Social Mundial.
"Nos dijeron que si vamos ahí algunos extranjeros nos oirán y le dirán a todo el mundo sobre nuestra angustia, cómo el gobierno trata a sus ciudadanos", dijo llorando Nasima Bibi, recitando recitaba versos del Corán.
El presidente de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, I. A. Rehman, explicó que las desapariciones se registraron en los últimos dos años"..
Aunque la Comisión no posee números precisos, estima que "entre varios cientos y varios miles" de personas desaparecieron. El propio Rehman atribuye el fenómeno a "la falta de respeto al debido proceso por parte de funcionarios involucrados en la llamada 'guerra contra el terror'".
Se han registrado casos en todo el país, pero la mayoría se concentran en la oriental provincia de Punjab, la de la Frontera Noroccidental y también la sudoccidental de Balochistán, donde un movimiento nacionalista se volvió cada vez más violento en los últimos meses.
Según investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos, algunos de los desaparecidos están detenidos en prisiones oficiales de Punjab y Balochistán, pero la gran mayoría se encuentran en centros clandestinos de ubicación desconocida.
"Quienes pertenecen a algún grupo étnico o religioso específico a menudo 'desaparecen' cuando un conflicto con el Estado comienza o gana impulso. Esta vez es la temporada de caza de grupos nacionalistas, principalmente los de origen balochi. Otros pertenecen también a partidos nacionalistas de la etnia sindhi", dijo el experto en defensa Hasan Mansoor.
La desesperación de los familiares de desaparecidos se nota en la trágica búsqueda de Nasima Bibi. Luego de que su hijo, un médico recién designado en el hospital rural del distrito de Kech, fuera capturado cuando estaba con unos amigos en un pequeño puesto de venta de té al lado de la carretera, el 17 de noviembre de 2005, los intentos por localizarlo han sido en vano.
"Ellos se sentaban allí todas las noches y pronunciaban discursos poéticos y literarios. Mi hermano era un ardiente escritor de cuentos. No había nada inusual ese día", dijo Ghani Sharif, el menor de la familia.
Un tercer hermano, estudiante de derecho en Karachi, se tomó tiempo libre para organizar una protesta frente al Club de Prensa de la occidental ciudad de Quetta.
La policía local se negó a atender su demanda, alegando que no podía proceder contra otra agencia del gobierno.
"Luego intentamos presentar una denuncia de secuestro contra personas desconocidas. Esta vez, la excusa fue que, como nosotros sabíamos que él había sido capturado por la agencia de inteligencia militar, eso no era posible", explicó Ghani Sharif.
Los intentos de presentar una demanda judicial fracasaron. Luego, la familia pidió la intervención de la Alta Corte de Balochistán.
"No habíamos oído nada positivo hasta ese momento, y ya habían pasado cuatro meses. Cuando el representante de la policía fronteriza (fuerza paramilitar en áreas tribales) y la policía fueron convocados por el tribunal, negaron cualquier conocimiento sobre mi hermano", sostuvo Ghani Sharif. La próxima audiencia será el 5 de abril.
El secretario general de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, el ex senador Syed Iqbal Haider, calificó esa negativa a manifestar conocimiento del caso por parte de los funcionarios de práctica inhumana e ilegal.
"En el tribunal, las autoridades tienen que revelar el paradero, pero no necesariamente los cargos. Peor ellos niegan descaradamente conocer a la persona", afirmó Haider.
Esto, agregó, "da pie a la sospecha de que esas acusaciones no tuvieran sustancia y que las personas capturadas no cometieron delito alguno".
Los arrestos arbitrarios, dijo Haider, dañaron la credibilidad de las agencias de inteligencia militar y son contraproducentes para la causa de Estados Unidos por la que se supone están luchando, pues nadie está convencido de que los detenidos tengan vínculos con el terrorismo.
Según Rashid Rizvi, un juez retirado, el aspecto más atemorizante de estos casos es la aplicación de la Ley Antiterrorista de 1997, enmendada en 2003 para dar "a las autoridades un poder ilimitado de detención, sin revelar cargos, por un periodo de 12 meses".
Sorprendentemente, ninguna autoridad política objetó la enmienda, aunque equivale a "la privación del derecho a la vida", dijo Rizvi.
Si se cambian los rostros y los nombres, casi todas las historias de desaparición son similares a la de Baloch.
Uno de los casos de desaparición más conocidos es el de Aafia Siddiqui, considerada sospechosa de terrorismo por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Esta médica neuróloga graduada en el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) fue capturada en abril de 2003.
Las hermanas Arifa y Saba Baloch, que ocuparon titulares de la prensa el año pasado, tras ser arrestadas por sospechas de que pretendían cometer atentados suicidas, fueron liberadas seis meses después con la advertencia de que no deberían hablar de su experiencia.
Pero Ali Asghar Bangulzai, Brahim Baloch y Allah Nazar Baloch no fueron tan afortunados y permanecieron desaparecidos durante ocho meses.
"La presión de Estados Unidos al gobierno, al que acusan de 'no estar haciendo demasiado' contra sospechosos de terrorismo en la frontera con Afganistán, lleva all presidente Pervez Musharraf que lo fuerce a desempeñarse de esta manera", dijo un airado Haider.
"Lo que las autoridades no se dan cuenta es que esta acción cruel y bárbara está motivando a ciudadanos pacíficos" a integrarse en organizaciones radicales, agregó.
Nafisa Shah, alcaldesa y activista de derechos humanos, también atribuye las desapariciones a la "guerra contra el terror", que, dice, acabó con la poca protección legal de que gozaban los ciudadanos pakistaníes. "Nuestra gente, especialmente los pobres, siempre tuvieron una ciudadanía vaga en lo relativo a sus derechos."
Haider coincide en que las víctimas son aquellas que no tienen las "conexiones correctas" o cuyas familias son demasiado pobres "como para cumplir con los gastos que implica descubrir el paradero de los seres queridos".
