Las elecciones parlamentarias de este domingo en Colombia podrían dar un giro a la historia de la prolongada batalla de esta nación para no sucumbir ante los poderosos intereses de la droga, el combustible de su longeva guerra interna.
Quizás en lo único en que coinciden todos los analistas y líderes políticos de este país andino es en que los comicios de este domingo son cruciales.
Lo han dicho los dirigentes oficialistas, para quienes solamente un parlamento de mayoría afín al gobierno garantizará la estabilidad de la democracia y de la administración del presidente derechista Álvaro Uribe, un rico hacendado en el cargo desde agosto de 2002 y que aspira a la reelección en mayo.
También lo dice la oposición, que alerta sobre la toma de control del parlamento por parte de mafias clientelistas ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo de ultraderecha, y que consiguen votos mediante la corrupción o el miedo.
Y lo han dicho incluso las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que han resuelto influir en las elecciones mediante una serie de ataques en 10 de los 32 departamentos de Colombia y ha dejado por lo menos 30 muertos, la mayoría civiles.
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Con el objetivo declarado de recuperar para el Estado el monopolio de la fuerza, Uribe dedicó su primer mandato, iniciado en agosto de 2002, a una guerra sin cuartel contra las FARC, mientras sentó a negociar a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables de 70 por ciento de los crímenes cometidos en el conflicto interno, según organismos de derechos humanos.
También logró que los líderes más visibles de las AUC, varios de ellos reconocidos narcotraficantes, se comprometieran a no dirigir más sus grupos armados, bajo amenaza de ser llevados ante tribunales estadounidenses.
El proceso de desmovilización parcial de paramilitares culminó oficialmente el viernes, pero reportes de comunidades en zonas de guerra recibidos por IPS indican que algunas unidades siguen actuando, incluso en coordinación con el ejército.
La preocupación central de los opositores de Uribe es que los "señores de la guerra" continúen en su propósito de apoderarse del parlamento, pues ya vestidos de civil, su influencia en algunas regiones permanece intacta.
Las AUC, que apoyan públicamente a Uribe, aseguran tener control sobre 35 por ciento de los escaños actuales, y uno de sus ex comandantes publicó en su sitio en Internet un artículo en el que advierte que en estas elecciones esperan duplicar esa proporción.
Por eso, para algunos, como el economista César González, ex presidente de la Asociación Bancaria y ex decano de la Facultad de Economía de la estatal Universidad Nacional de Colombia, estos comicios incluso son más importantes que las presidenciales previstas para mayo.
Las legislativas podrían marcar el inicio de "una nueva etapa de nuestra historia, y las etapas de la historia tienden a ser largas", dijo González a IPS.
El economista sostuvo que sobre Colombia se cierne "un nuevo mundo en lo económico, lo político, lo institucional".
"Aquí lo que se está montando es un régimen paramilitar. Es una nueva sociedad y una nueva economía montada sobre esas bases. Aquí el problema es la ceguera y el vínculo tan estrecho que hay hoy día entre la sociedad colombiana, más o menos en conjunto, y las actividades criminales y la guerra", es la advertencia de quien además piensa que "muchos ricos de este país hicieron su riqueza con la guerra".
La dirigencia fue complaciente con el narcotráfico, "les vendió cosas caras y les compró cosas baratas hasta donde pudo", permitió la creación del monstruo paramilitar y ahora ese monstruo se los está comiendo, resumió González.
"El gobierno no está en manos de los paramilitares: el gobierno es paramilitar", sostiene el periodista exiliado Fernando Garavito en su libro "Paramilitar para paramilitares", presentado esta semana en Bogotá. Garavito lanzó su candidatura simbólica para la cámara baja por el opositor Partido Liberal (PL).
El ex presidente colombiano César Gaviria (1990-1994), ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y actual jefe único del PL, estuvo en las últimas semanas de gira política junto al también ex presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978).
La gira incluyó los departamentos de la costa norte, sobre el mar Caribe, donde los paramilitares ejercen gran influencia. En los poblados, "la gente salía con una ansiedad absurda" a recibir a los líderes liberales, contó Gaviria.
La población en esa zona "lleva ocho o 10 años completamente silenciada y reprimida. Hay tantos pueblos en Colombia en esa situaciónà Al (departamento de) Magdalena (en la misma región) se lo tomaron a sangre y fuego", recordó Gaviria en el lanzamiento del libro.
José Noé Ríos, secretario general del PL y ex consejero de paz, relató a IPS que en la población de El Plato, en Magdalena, la gente salió a la concentración política pero ningún local se atrevió a alquilar sus instalaciones por miedo a represalias de los paramilitares.
En el poder "se va a enquistar una forma de mafia peor que las FARC y sus actos de barbarie", alertó Gaviria.
"Vamos a vivir en una sociedad con estos señores como grandes señores feudales" definiendo la vida del país. "Me duele que empecemos a tener la razón. Los peores presagios se están empezando a cumplir", agregó.
Para rematar, señaló Ríos, en el sur del país las FARC han dado orden de abstención.
Uribe llamó este sábado a votar masivamente contra la violencia guerrillera y anunció que la fuerza pública protegerá 8.991 de los 11.000 puestos de votación.
Más de 26 millones de colombianos están habilitados para elegir a 102 senadores y 166 parlamentarios de la cámara baja. Los opositores PL y la nueva alianza izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) definirán en consultas internas sus candidatos presidenciales.
Sin embargo, los votantes difícilmente llegarían a los 12 millones. Tras decenios de corrupción, injusticia no resuelta y guerra, son millones los que no votan.
Entre los que sí acuden a las urnas, muchos invalidan su tarjeta electoral sólo para obtener la constancia del voto, que les permite beneficios como obtener un mes de rebaja en el servicio militar obligatorio.
Esta será la primera vez que se elige parlamento aplicando una reforma política que impone a los partidos un umbral de dos por ciento de los votos para seguir existiendo. Ya quedaron por el camino partidos como Verde Oxígeno, de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, rehén de las FARC desde febrero de 2002.
El nuevo parlamento debe aprobar o rechazar el polémico Tratado de Libre Comercio que el gobierno negoció en secreto durante dos años con Estados Unidos. La posición frente al tratado fue una de las preguntas más frecuentes por parte de la prensa a los candidatos.
