Proyectos proteccionistas de ley, que asignan a agencias de seguridad del gobierno el control de las inversiones extranjeras en Estados Unidos, ponen en peligro el dominio actual de la globalización corporativa sobre la economía nacional.
Legisladores estadounidenses impulsan con ahínco iniciativas que atribuyen a los departamentos (ministerios) de Defensa y de Seguridad Interna y a agencias de inteligencia dominio sobre la adquisición de ciertos bienes estratégicos por parte de extranjeros.
Uno de esos proyectos, incluso, faculta al Congreso legislativo a acceder a información empresariada considerada confidencial, según las normas vigentes.
Estas medidas son parte de una resurrección de las políticas proteccionistas, promovidas sin éxito durante los recientes años de mareas globalizadora y repentinamente arraigadas en el Congreso.
Pero algunos de los grupos de presión empresarial más poderosos de Estados Unidos se resisten a los cambios y advierten que podrían resultar contraproducentes.
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Tras la controversia sobre un intento de la empresa Dubai Ports World, de Emiratos Árabes Unidos, por operar seis puertos de Estados Unidos, la senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Seguridad Interna, presentó el lunes un proyecto para poner a punto el proceso de evaluación de seguridad nacional para inversiones extranjeras.
El proyecto pondría al Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos bajo la administración directa del Departamento de Seguridad Interna. El Comité cuenta con delegados de 12 departamentos y agencias del país y es presidido por el secretario del Tesoro (ministro de Hacienda).
La iniciativa también exige que los secretarios de Defensa y del Tesoro funcionen como vicepresidentes, mientras que el director de Inteligencia Nacional sería designado como miembro permanente, para asegurarse de que sus informes sean incluidos en los procedimientos.
La propuesta de Collins, respaldada por otros senadores influyentes, requiere que miembros del Congreso sean informados sobre posibles adquisiciones extranjeras en Estados Unidos.
"El Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos se concentra demasiado en el componente financiero y no lo suficiente en la seguridad", dijo Collins.
Por su parte, los senadores demócratas Robert Menéndez y Hillary Clinton presentaron proyectos de ley para impedir que puertos estadounidenses sean operados por extranjeros.
El diputado Duncan Hunter, conocido por su cruzada para que los estadounidenses compren bienes producidos en este país, anunció que aprovecharía la oposición al acuerdo portuario para alentar nuevas medidas de protección al trabajo y las empresas nacionales.
Benjamin L. Cardin, principal demócrata en el Subcomité de Comercio de la Cámara de Representantes, y el presidente de ese cuerpo, Clay Shaw, presentaron proyectos de ley para prohibir operaciones extranjeras en puertos estadounidenses.
El senador republicano Norm Coleman formuló una iniciativa según el cual quedaría prohibida la administración por parte de empresas estatales extranjeras de una "instalación o inversión" vinculada con la seguridad nacional.
Pero ese proyecto permitiría a gobiernos extranjeros poseer e invertir en ese tipo de instalaciones, para lo que debería ceder las operaciones a una empresa que debería constituir en Estados Unidos.
Todas estas iniciativas florecen a pesar del colapso de la operación de Dubai Ports World la semana pasada, cuando la empresa renunció al control de los seis puertos estadounidenses.
El senador Chuck Schumer, uno de los principales críticos del acuerdo portuario, dijo que continuaría pidiendo información detallada sobre el repliegue de Dubai Ports World.
"Haremos lo que sea necesario para asegurarnos de que Dubai Ports World y los puertos estadounidenses estén totalmente separados", dijo.
El 13 de febrero, en un acuerdo aprobado por el Comité de Inversiones Extranjeras, la firma emiratense había comprado por 6.800 millones de dólares la británica Peninsular and Oriental Steam Navigation Co., cuarta operadora portuaria del mundo.
La compañía británica administraba los puertos de Baltimore, Filadelfia, Miami, Nueva Jersey, Nueva Orleans y Nueva York, entre unas 85 terminales de 19 países.
Pero el jueves 9, Dubai Ports World anunció que renunciaria a operar esas terminales, luego que el Comité de Gastos de la Cámara de Representantes avalara, por 62 votos contra dos, que la firma árabe se hiciera cargo de instalaciones portuarias en Estados Unidos.
Dubai Ports World informó el miércoles 15 que esperaba vender a inversores estadounidenses las acciones de los puertos de Estados Unidos en un plazo de cuatro a seis meses.
Los legisladores del opositor Partido Demócrata esperan capitalizar la impopularidad del acuerdo, y parecen decididos a que medidas proteccionistas y de seguridad nacional se conviertan en las piezas centrales de la campaña para las elecciones de mitad de periodo que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos.
"Este debate no terminó. Los demócratas lideraron la lucha para superar las brechas en la seguridad de nuestra nación, y se plantaron firmes al insistir en que la seguridad de Estados Unidos es asunto de Estados Unidos", dijo el portavoz del Comité Demócrata Nacional, Luis Miranda.
"Los republicanos le deben responder al pueblo estadounidense dónde están parados realmente, y deberían unirse a los demócratas en trabajar para hacer aquello para lo que fueron elegidos: mantener seguro a Estados Unidos", añadió.
Hasta ahora, la única oposición a este renovado proteccionismo en el Congreso procede de organizaciones empresariales de Estados Unidos, que temen una reacción adversa a su enorme presencia en todo el planeta y a su agenda de libre comercio internacional.
Ocho organizaciones empresariales estadounidenses advirtieron el martes contra algunas de las propuestas, incluida la posible obligación para las compañías de revelar al Congreso legislativo información confidencial sobre sus futuras inversiones.
"El Congreso debe proceder con cuidado, dado que la inversión extranjera es un componente crítico de la economía estadounidense y vital para el crecimiento económico del país", dijo John J. Castellani, presidente de la Mesa Redonda Empresarial.
"El peligro de la legislación contraproducente es real", dijo. "El Congreso debe retroceder y asegurarse de que cualquier cambio al sistema actual es más que una cortina política."
El gobierno de George W. Bush se ha alineado, en general, con las organizaciones empresariales. Pero, si bien puso el grito en el cielo ante la reacción proteccionista, aprobó el análisis legislativo de una puesta a punto del proceso de evaluación de inversiones extranjeras.
"Es vital que evitemos dar pasos en nombre de la seguridad nacional que en vez de eso son aislacionistas y tienen el efecto de cortar inversiones vitales en Estados Unidos", dijo el martes el secretario de Hacienda (ministro de finanzas) John Snow.
