El agua administrada públicamente cuesta a los usuarios 50 por ciento menos que en manos privadas, y su manejo podría ser más eficiente, afirman activistas y autoridades locales. Con este argumento, apuestan todo para cerrar el paso a las transnacionales.
Ejemplos exitosos en ciudades de Argentina, Brasil, Ghana, Japón y Venezuela, entre otros países, donde el agua y el saneamiento están en poder de los Estados o de autoridades locales, son usados como bandera por quienes consideran que nadie debería hacer un negocio de ese recurso.
Pero los casos de privatización del agua son minoría en el mundo y es en manos de Estados donde emergieron la mayoría de los problemas de distribución del recurso, que ahora afectan a millones de personas.
Silvano da Costa, presidente de la Asociación Nacional de Servicios Municipales de Saneamiento de Brasil; Julián Pérez, líder de la Federación de Juntas Vecinales de la occidental ciudad de El Alto, en Bolivia, y André Abreu, delegado de la fundación francesa Danielle Mitterrand, son algunos de los férreos defensores del agua en poder público.
Los tres, que del 16 al 22 de marzo asisten en ciudad de México al IV Foro Mundial del Agua, declararon a Tierramérica que la privatización del agua impulsada en los años 90 resultó un fracaso mundial.
Como alternativa, promueven impulsar y mejorar la gestión pública del agua a través de asociaciones entre autoridades estatales, organizaciones no gubernamentales y comunidades.
Para muchos activistas es positivo que el tema se debata en este Foro del Agua, pues en ediciones pasadas estuvo casi ausente.
El Foro es organizado por el Consejo Mundial del Agua, creado a mediados de los años 90 por figuras vinculadas al sector empresarial, académico, científico y social, y criticado por promover precisamente la privatización del líquido.
A diferencia de otros sectores económicos que en los años 80 y 90 pasaron casi totalmente al sector privado en los países en desarrollo, con el agua no hubo cambios dramáticos. En el mundo, 90 por ciento de los servicios de agua y saneamiento permanecen bajo administración estatal.
En esas condiciones, continúan los rezagos en la materia. De los 6.500 millones de habitantes del planeta, 1.100 millones siguen sin un abastecimiento adecuado de agua y 2.600 millones carecen de saneamiento básico.
El informe de las Naciones Unidas "El agua, una responsabilidad compartida" sugiere no descartar la participación privada y advierte que "los gobiernos sometidos a restricciones presupuestarias y dotados de reglamentaciones endebles difícilmente pueden constituir una alternativa para solucionar" la gestión deficiente de los recursos hídricos.
"Nosotros defendemos el servicio público en todo lo relativo al agua, pero no cualquiera, sino uno que debe mejorar, sacudirse el burocratismo y abrirse a la fiscalización y participación de las comunidades", dijo el brasileño Da Costa.
Da Costa presentó en México 20 casos de administración exitosa del recurso en municipalidades de Brasil, que están bajo la égida exclusiva de esas autoridades locales, en algunos casos con directa participación de las comunidades. En la mayoría de ejemplos, las poblaciones cuentan con 100 por ciento de suministro de agua y saneamiento.
Uno de los casos más socorridos de Brasil es la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre, donde, bajo un modelo público con participación de la comunidad, el agua llega a la mayoría de la población.
"Es cierto que hay muchos casos de malos manejos y deficiencia en el sector público", pero la apuesta es trabajar sobre esos problemas y revertirlos, no entregarlos a privados, apuntó Da Costa.
"El servicio público del agua no puede ser un negocio, pues es una necesidad básica y ya quedó claro que los servicios privados son caros y malos", añadió.
Según los estudios que Silvano Da Costa afirma haber realizado sobre costos por metro cúbico de agua, cuando ésta es manejada privadamente cuesta 50 por ciento más que en el caso de la administración pública.
Varios otros ejemplos exitosos de manejo estatal fueron revisados durante un encuentro paralelo al IV Foro Mundial del Agua.
En Argentina, destacaron los esfuerzos que desde enero hacen ambientalistas y ecologistas de la nororiental provincia de Santa Fe para que la estatal Aguas Santafesinas opere eficientemente. El gobierno provincial rescindió hace poco la concesión de los servicios hídricos a la transnacional francesa Suez.
En Ghana, la estatal pero independiente Ghana Water Company trabaja con la septentrional localidad de Savelugu. Entrega agua a granel a los pobladores y ellos se encargan de la distribución, la definición de tarifas y el mantenimiento, hecho que los activistas consideran un modelo a seguir.
También destacaron el caso de Venezuela, donde en varias comunidades locales las empresas públicas de agua y los pobladores trabajan juntos para definir planes, efectuar mejoras y asignar fondos.
Un ejemplo más, entre otros, es Japón. En ese país, donde el sistema público del agua es altamente eficiente, las empresas de ese sector no se limitan a trabajar en su terreno, sino que despliegan tareas de cooperación y transferencia de tecnología hacia los países del Sur en desarrollo.
Según André Abreu de la Fundación Danielle Miterrand, la gestión privada del agua resultó tan ineficiente que incluso en Francia, donde las firmas de ese sector abastecen a 80 por ciento de los usuarios, muchas ciudades empezaron a "municipalizar" el servicio.
Eso ya sucedió en las localidades de Castrate, Cherburgo, Grenoble y Neuf- Chateau y Varages.
El activista francés coincidió con Da Costa en que cuando el agua es manejada públicamente cuesta la mitad de lo que cobran los privados.
El líder de la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad boliviana de El Alto lamentó que exista "una política general de desprestigio del sector público en la gestión del agua" y que eso haya derivado en privatizaciones.
"Por nuestra experiencia en Bolivia, nos damos cuenta de que la empresa privada no cumple los objetivos y es corrupta", dijo. "No hay ningún modelo de privatización que esté del lado de los pobres".
En 2005, por movilizaciones sociales y protestas por altos cobros y mal servicio, un decreto del gobierno boliviano suspendió el contrato a la transnacional Suez en El Alto. Sin embargo, usando argumentos legales, hasta la fecha sigue operando.
"Esperamos que en un par de meses Suez se vaya para siempre de Bolivia", dijo Pérez. * El autor es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 18 de marzo por la red latinoamericana de Tierramérica.
