El centroizquierdista gobierno de India propone reservar por ley empleos en el sector privado para comunidades postergadas, en especial para los dalit, el grupo más marginado por el estricto régimen de castas de la religión hindú..
Influyentes industriales ya manifestaron su oposición al proyecto, pues perciben que la discriminación en favor de los dalit perjudicaría la campaña emprendida por las empresas para ganar competitividad en el mundo globalizado.
Pero vastos sectores sociales perciben que la iniciativa, que sigue un modelo ya vigente en el Estado, es esencial en el marco de un paulatino programa de acción afirmativa.
El proyecto podría modificar significativamente las antiguas ecuaciones sociales del país, argumentan. Su objetivo básico es reducir la desigualdad económica y también de la injusticia social en India.
De aprobarse el proyecto, las empresas privadas se verán obligadas a emplear un porcentaje de dalits ("intocables", según el sistema de castas) e integrantes de tribus marginadas proporcional a su participación en la población en general.
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El último censo, realizado en 2001, indica que el sector más postergado de la población representa 25 por ciento de los 1.100 millones de habitantes de India.
El hecho de que el empleo en el sector privado haya crecido en los últimos años más que en las corporaciones públicas estimula las medidas para reservar puestos de trabajo en las primeras.
"Un grupo de ministros formado para investigar la reserva de trabajos en el sector privado preparó un informe. El gobierno explora la posibilidad de presentar un proyecto", dijo a mediados de mes la ministra de Justicia Social, Meira Kumar.
Los ministros consultaron a organizaciones empresariales como la Federación de Cámaras Indias de Comercio e Industria, la Confederación de la Industria, las Cámaras Asociadas de Comercio e Industria.
Estas asociaciones admiten que se necesita hacer mucho para mejorar las condiciones de vida de los dalit, pero no llegaron a defender abiertamente la reserva obligatoria de puestos de trabajo.
Pero algunos de los principales empresarios de India, como K. Narayana Murthy, del gigante de los programas informáticos Infosys, y Kumaramangalam Birla, del Grupo Aditya Birla, apoyan la idea, indicó Kumar.
"Hemos estado pidiendo esto durante mucho tiempo. Es bueno que el Programa del Mínimo Común de la Alianza Progresista Unida (la coalición izquierdista de gobierno) refleje nuestra preocupación", dijo el ministro de Acero, Productos Químicos y Fertilizantes, Ram Vilas Paswan.
Paswan como Kumar son las principales figuras políticas pertenecientes a la casta dalit.
El presidente de la Confederación de la Industria India, Anand Mahindra, se opone a la reserva de empleos para los postergados, con el argumento de que inhibirá la selección basada sobre el mérito.
"Necesitamos ver cómo se va a hacer esto. La reserva sin referencia al mérito puede tener un efecto distorsionante en el sector privado. Pero estamos contentos de que el gobierno esté llevando a cabo un diálogo sobre esto", añadió Mahindra.
Las empresas privadas no han establecido criterios comunes para medir la competitividad o capacidad de los empleados. La subjetividad tiñe todo proceso de evaluación. Pero no existen en India corporaciones privadas controladas o dirigidas por un dalit.
Altos dirigentes del centroizquierdista Partido del Congreso —el principal de la Alianza Progresista Unida—, como los ex jefes de gobiernos provinciales Digvijay Singh y S.M. Krishna, dijeron que la medida se volvió inevitable dado el enorme crecimiento de la participación de las empresas privadas en la economía.
En efecto, ningún partido político indio está dispuesto a oponerse públicamente a la reserva de empleos, dada la magnitud del electorado dalit. De consagrarse ese principio a través de una reforma constitucional, requeriría dos tercios del parlamento.
Dirigentes Mayawati, la líder del Partido Bahujan Samaj que defiende la causa dalit, y Udit Raj, que conduce una confederación de asociaciones de descastados, presionan hace años con fuerza por la aprobación de una ley que establezca la discriminación positiva.
El censo de 2001 indicó que había 250 millones de personas aptas para beneficiarse de esta medida, aproximadamente un cuarto de la población de India ese año.
Si el proyecto en cuestión se transforma en ley, uno de cada cuatro empleados de las empresas privadas de India puede tener que ser dalit o pertenecer a una tribu.
Actualmente, muy pocas corporaciones cumplen con este criterio. Las cifras del censo de 1991 muestran que los dalit representaban entonces 3,45 por ciento de los empleados domésticos, 7,11 por ciento de los industriales y 3,12 por ciento de los de la construcción..
"No estoy a favor de la reserva, pero el sector privado tiene que crear puestos de trabajo. Tiene que haber algún compromiso sobre esto", dijo a IPS el periodista Sharif D. Rangnekar, director del Servicio de Noticias e Investigación Indiabiz.
Rangnekar destacó que los bancos y otras instituciones financian a la mayoría de las empresas privadas. "Ellas no pueden simplemente emplear a su antojo. Tienen que devolverle algo al público en general, pero sobre la base del mérito, no de la casta, la religión, el género o la pobreza", afirmó..
El argumento a menudo esgrimido contra las reservas es que reducirá la eficiencia.
"La eficiencia está sobrevalorada. Una demora de cinco minutos en el modo en que se hacen las cosas no hará una diferencia en India. El mercado está dejando a muchos graduados sin trabajo. Necesitamos ubicarlos", dijo Rangnekar.
"Este no es el momento para la reserva de empleos en las firmas privadas, ni siquiera si un sector de políticos de India apoya la medida. Aunque semejante política puede haber tenido cierta relevancia en los años 50, India cambió mucho desde entonces", afirmó Surjit S. Bhalla, director de Oxus Investments.
También opinó que las medidas del gobierno no eran sólo "retrógadas", sino también "soberanamente estúpidas".
El proyecto está inspirado en el modelo estadounidense de acción afirmativa, que prevé "reclutamiento a través de la no discriminación". En el país existe una Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales que vigila el trabajo del gobierno y las organizaciones privadas y que tiene poderes para demandar por daños y perjuicios en casos de discriminación en perjuicio de minorías.
Un mínimo de cinco por ciento de todas las compras hechas por el gobierno de Estados Unidos correspondieron a proveedores pertenecientes a comunidades minoritarias. La ley estadounidense también obliga a todos los contratistas del gobierno a que cierto porcentaje del trabajo que subcontraten lo hagan con minorías.
Las fábricas de automóviles en Estados Unidos tienen cuotas de empleo para negros, indígenas, asiáticos y latinoamericanos. Las empresas privadas pioneras fueron General Motors y Ford, que lo implementaron incluso antes que el gobierno aprobara la ley.
En India, el Ministerio de Petróleo concede a dalits representaciones lucrativas para la extracción. El sistema de cuotas en el sector privado significaría que las empresas de automóviles como Suzuki, Honda y Mitsubishi tendrán que otorgar representaciones a dalits también.
Las reservas de puestos de trabajo en el sector privado sólo abordarán parcialmente el problema de dar poder a los dalits.
Según el Ministerio de Trabajo, sólo 8,7 millones de personas fueron empleadas en el sector privado en 2004 y, aunque la ley propuesta fuera plenamente implementada, apenas 2,5 millones (ajustados al crecimiento) de trabajos adicionales podrán ser generados para los dalits.
