El conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de dos plantas de celulosa en la orilla oriental de un río limítrofe ingresó este martes en una nueva etapa tras la decisión de los vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú de suspender el corte de ruta que mantuvo interrumpido el paso fronterizo por 46 días.
La medida es parte de las condiciones acordadas durante meses de conversaciones reservadas entre Montevideo y Buenos Aires para iniciar una negociación formal. Pero los bloqueos de rutas no han sido completamente levantados, y el segundo factor, una suspensión voluntaria de la construcción de las plantas, aún aparece incierto.
Gualeguaychú, en el noreste de Argentina, se encuentra sobre el río del mismo nombre, tributario del Uruguay, y a 25 kilómetros del lugar donde se llevan a cabo las obras de las dos fábricas.
Sus residentes organizados en la Asamblea Ciudadana Ambiental mantienen una posición irreductible en contra de la instalación de las fábricas, y manifiestan su escepticismo respecto de la voluntad del gobierno uruguayo de avanzar en un estudio de impacto ambiental independiente que determine si esas instalaciones industriales contarán con la tecnología y los controles necesarios para mitigar sus impactos en el ambiente de la zona.
Las fábricas, una del grupo finlandés forestal y papelero Botnia, y la otra de la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) están construyéndose a pocos kilómetros de la occidental ciudad uruguaya de Fray Bentos, sobre el río Uruguay de administración compartida por los dos países.
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Se prevé que en conjunto producirán 1,5 millones de toneladas de celulosa, materia prima del papel.
Los vecinos de Gualeguaychú, en la provincia argentina de Entre Ríos, sostienen que las plantas, que aplicarán para el blanqueo de la celulosa el sistema libre de cloro elemental, pueden contaminar el agua y afectar la calidad del aire por la emanación de dióxido de azufre que produce un característico olor a huevo podrido.
El gobierno de Argentina ha apoyado el reclamo de los manifestantes, indicando que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay al autorizar la instalación de las dos fábricas en 2003 y 2004 y de un puerto privado sin la aprobación de la Comisión Administradora del Río Uruguay integrada por funcionarios de ambos países.
El conflicto se profundizó con la decisión adoptada a fines de diciembre por los vecinos de Gualeguaychú de cortar una de las tres rutas internacionales que vinculan a los dos países, en forma intermitente desde enero, y por tiempo indeterminado desde el 3 de febrero.
Los activistas adoptaron la drástica medida tras conocerse el fracaso de un Grupo Técnico de Alto Nivel binacional que intentó durante 180 días alcanzar un acuerdo.
Expertos argentinos que integraban ese grupo aseguraron que Uruguay no entregó información suficiente como para determinar si las industrias tendrían o no un impacto significativo.
A la protesta se sumaron habitantes organizados de Colón, ciudad argentina aguas arriba del río Uruguay, que bloquearon otro puente internacional, el que los vincula con la uruguaya Paysandú, una medida que mantienen desde hace 40 días y que ahora se niegan a levantar.
El gobierno uruguayo ha contestado con cautela. El lunes por la noche, la vicecanciller Belela Herrera dijo que el cese del bloqueo en Fray Bentos era una buena noticia, pero recordó que el asunto estaba en la órbita de la Presidencia de la República.
Este martes, dos ministros uruguayos prefirieron indicar que aún no estaban claras las condiciones del cese del bloqueo, puesto que la medida se mantenía en Colón.
El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, y su par de Uruguay, Tabaré Vázquez, habían propuesto a los asambleístas el sábado 11 de marzo que levantaran el bloqueo. Al mismo tiempo pidieron a las empresas la suspensión de las obras de manera de permitir avanzar en un diálogo gubernamental.
Los vecinos dilataron la respuesta a la espera de mayores precisiones sobre las condiciones en las que abandonarían la medida de fuerza. Pero Vázquez endureció su discurso en contra de la medida y a favor de la instalación de las plantas, y finalmente los vecinos resolvieron suspender el corte en la noche de este lunes.
El jefe de Gabinete de Argentina, Alberto Fernández, al frente de las conversaciones con Uruguay, recibió la noticia "con beneplácito" y señaló que "ahora es el turno de las empresas".
El alcalde de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen, señaló que las empresas "deberían responder a los compromisos asumidos por los presidentes" y frenar las obras. "Acá el objetivo no es otro que lo que estamos planteando desde hace tres años, que se cumpla el Tratado del Río Uruguay", subrayó.
Irigoyen recordó que el tratado "estipula claramente que frente a una inversión en el río, la decisión debe ser compartida por los pueblos y los gobiernos de ambos países y que debe hacerse previamente un estudio de impacto ambiental que garantice que la inversión no perjudicará el futuro de la región".
En diálogo con IPS, Daniel Pérez Mollemberg, miembro de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, explicó que los vecinos "necesitábamos mostrar algún gesto que probara que no somos intransigentes y que siempre, desde hace tres años, estamos a favor del diálogo. De ninguna manera queremos obstaculizar", dijo.
No obstante, la posición unánime de cerca de 4.000 integrantes de la asamblea fue la de rechazar de plano la instalación de las plantas. "Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay porque si cumplía con su letra esas fábricas no hubieran podido instalar aquí", aseguró Pérez.
Por su parte, Osvaldo Moussou, ingeniero agrónomo y también integrante de la asamblea, dijo a IPS que en el plenario realizado en la noche del lunes en la misma carretera, la posición que contó con mayor adhesión fue la de flexibilizar la medida de fuerza. Pero no hubo unanimidad respecto de cómo seguir el reclamo.
Algunos preferían esperar a que las empresas paralizaran las obras para cesar el corte, y otros proponían suspender la medida este martes y dejar negociar a los presidentes, lo que finalmente votó la mayoría, remarcó. Pero Moussou manifestó sus dudas respecto del resultado de esta decisión.
"Uruguay propone seguir con la construcción de las plantas y monitorearlas, pero nosotros lo que queremos es un estudio de impacto ambiental. Porque si las fábricas siguen adelante y después contaminan, las empresas pagarán las multas y los afectados por la contaminación vamos a ser nosotros", vaticinó.
Moussou remarcó que los vecinos permanecerán en alerta al costado de la ruta por tiempo indeterminado e incluso impedirán el paso de camiones que lleven materiales para las firmas.
También planteó que insistirán en un estudio de impacto ambiental en el que participen expertos de la argentina Universidad de Buenos Aires y debla Universidad de la República de Uruguay. "No queremos notables, queremos especialistas independientes", dijo.
Pérez Mollemberg sostuvo que entre los vecinos había un sector que prefería mantener el corte, pero finalmente aceptó la decisión de la mayoría. "Sabemos que esta lucha sigue y queremos estar todos unidos cuando llegue el primer aniversario de la gran movilización del 30 de abril en contra de las plantas", aseguró.
