El último borrador propuesto por Argentina para solucionar el conflicto con Uruguay por la instalación de dos plantas de celulosa en territorio uruguayo admite que el resultado del estudio de impacto ambiental no sea vinculante y que las obras se lleven a cabo con la tecnología prevista, pero con garantías de que el daño al ambiente será mínimo.
Negociadores argentinos confían en que la semana próxima se realizará la reunión de los presidentes de los dos países para destrabar el conflicto y firmar un documento aceptable para las dos partes sobre las fábricas que están construyéndose en la ribera izquierda del río Uruguay.
En diálogo con IPS, una fuente calificada de la cancillería argentina explicó que el lunes los gobiernos de ambos países "se pusieron de acuerdo" en una declaración conjunta que crea un grupo técnico de seis personas, tres de cada país, para estudiar el impacto ambiental. También fijaron los términos de referencia para las tareas de esa comisión que tendrá un plazo de 90 días para expedirse.
Al día siguiente, detalló el informante, Uruguay devolvió la declaración con cambios, y en los términos de referencia hubo modificaciones que "diluyeron detalles", cruciales para Argentina, sobre cómo los técnicos deberían establecer el modo de controlar las plantas que están construyéndose y sus efluentes, y con qué procedimientos.
Según fuentes del gobierno uruguayo consultadas por IPS, Montevideo buscaba una comisión con una cantidad de miembros "muy reducida", menor que seis.
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Ante esos desacuerdos, "se decidió que" el presidente de Argentina, Néstor Kirchner "no fuera" a la cita con su par uruguayo Tabaré Vázquez, que se iba a realizar el miércoles en la residencia presidencial campestre de Anchorena, en el sur de Uruguay. Buenos Aires dirigió el jueves a Montevideo un nuevo borrador. Según la fuente consultada, la cumbre podría realizarse a comienzos de la semana próxima.
El jueves, se aseveró en Montevideo que el nuevo borrador contemplaba parcialmente las aspiraciones del gobierno de Vázquez y que se continuaba negociando.
Las conversaciones son conducidas por el secretario general de la Presidencia de Uruguay, Gonzalo Fernández, y por el jefe de Gabinete de Argentina, Alberto Fernández.
Éste trabaja en coordinación y diálogo permanente con la cancillería argentina que, además, "prepara los documentos" para un acuerdo, según la fuente en Buenos Aires.
Argentina asume que las dos plantas para fabricar pulpa de papel que están construyendo la corporación finlandesa Botnia y la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) muy cerca de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, "se harán allí mismo y con la misma tecnología que estaba previsto que se harían", dijo la fuente.
Eso significa que el gobierno argentino no reclama ni un cambio de localización de las industrias, ni que se deseche la tecnología elegida para blanquear la pulpa de papel con dióxido de cloro —y llamada libre de cloro elemental o ECF por sus siglas en inglés—, a favor de otra totalmente libre de ese elemento o de sus compuestos.
"Pero esa tecnología tiene muchas variantes", remarcó el funcionario consultado.
"Hay que ver cómo se controlarán los líquidos, los gases, cómo se tratarán los residuos sólidos, qué medidas de contingencia se van a tomar en caso de accidentes, y con qué fondos se va a mantener limpia la zona", puntualizó. Todo eso debería ser materia de estudio del grupo técnico que debe expedirse en tres meses.
Según el último borrador propuesto por Buenos Aires, la parte argentina estará conformada por un representante de la nororiental provincia de Entre Ríos, que se considera más afectada por el eventual impacto. Dentro de ese distrito, la población de la ciudad de Gualeguaychú (a 25 kilómetros de las fábricas) es la que más se resiste a aceptarlas.
Los otros dos integrantes serán seleccionados en las estatales Universidad del Litoral o Universidad de Buenos Aires. Del mismo modo procedería Uruguay, con un delegado de Fray Bentos y dos académicos. "Por Entre Ríos, no tiene que ser necesariamente un vecino o ambientalista, puede ser el ministro de Ambiente de la provincia", opinó la fuente.
El resultado de ese estudio "no será vinculante" como quisieran los vecinos de Gualeguaychú, que mantuvieron cortado por más de 45 días un puente internacional con Uruguay hasta mediados de marzo, cuando decidieron suspender la medida de fuerza para facilitar el diálogo entre los gobiernos.
"El grupo hará recomendaciones", precisó. El informante descartó la posibilidad de que ocurriera esta vez lo sucedido con el Grupo Técnico de Alto Nivel, creado por los dos mandatarios en 2005 y que, luego de seis meses de trabajos, no logró emitir un documento unificado sobre el impacto transfronterizo de las industrias.
"Los vecinos de Gualeguaychú no lo van a aceptar y el presidente lo sabe", vaticinó la fuente. "Es obvio, ellos quisieran que las plantas no se hicieran allí", añadió.
IPS consultó a Gustavo Ribollier, uno de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de la ciudad, quien replicó que "Gualeguaychú no se va a quedar quieto".
La Asamblea está ahora "en estado de alerta", pero el martes por la noche organizó una cacerolada y un apagón. "Esta es una ciudad de 80.000 habitantes, y éramos 20.000 en la costanera del río golpeando cacerolas, además del ruido que llegaba de los barrios del interior. "Nosotros no queremos las plantas allí", insistió.
Los vecinos dialogaron esta semana con Alberto Fernández mediante conferencia telefónica, de la que tomó parte Ribollier. "Ellos (Buenos Aires) nos dicen que tenemos razón, pero que el gobierno debe primero mostrar que las plantas no son viables si tiene que pedir la relocalización", sostuvo.
El jefe de Gabinete afirmó el jueves que Uruguay buscaba unos términos de referencia "más laxos" y defendió la idea de un estudio "exhaustivo" y "preciso". "Tal vez las plantas no tengan el impacto que muchos suponen", pero para saberlo hace falta que expertos "diriman unos 10 ó 12 puntos".
Ribollier advirtió que algunos vecinos están dispuestos a "cruzar el puente internacional y tomar la planta de Botnia" en caso de que la construcción continúe.
Esta semana, los ejecutivos de Botnia anunciaron que suspenderían las obras por 90 días a partir del 7 de abril, mientras ENCE señalaba que sus tareas no pasarían de la remoción de tierras que se viene llevando a cabo. Esa suspensión era requerida por Argentina como gesto de buena voluntad para negociar una solución.
La fuente gubernamental consultada por IPS advirtió finalmente que toda la negociación resultará aceptable para ambas partes si el grupo de expertos concluye que el perjuicio ambiental "será mínimo y podrá diluirse" sin mayores consecuencias. "Pero si el daño es sensible, no lo vamos a aceptar", alertó.
Ante esa alternativa, la cancillería ya prepara los documentos que podría elevar al Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya. "Estamos consultando abogados y elaborando papeles" para esa eventualidad, dijo. En ese caso, Argentina argumentará que las plantas se instalaron sin realizar las correspondientes consultas al país vecino.
En virtud del Estatuto del Río Uruguay, firmado por las dos naciones en 1975, la administración de ese curso de agua está a cargo de una Comisión Binacional a la que las partes deben notificar de cualquier proyecto "de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del Río o la calidad de sus aguas".
La parte notificada puede objetar el proyecto, pedir información ampliatoria e inclusive inspeccionar las obras, respetando ciertos plazos, transcurridos los cuales pierde derecho a reclamaciones.
Según Argentina, Uruguay violó tres veces el tratado, al autorizar desde 2003 las dos fábricas y un puerto privado vinculado a una de ellas, sin notificar a la Comisión Administradora.
Montevideo alega que se alcanzó un acuerdo sobre las plantas, que fue consignado en actas de dicha entidad y en la memoria y balance 2004 del Estado argentino, y agrega que Buenos Aires dejó pasar alguno de los plazos establecidos en el Estatuto para reclamar.
"El gobierno está haciendo muy bien en agotar todas las instancias diplomáticas. Se debe mostrar buena voluntad de diálogo para solucionar el conflicto. Pero si no se llega a un acuerdo, no va a quedar otra alternativa que ir a La Haya", dijo a IPS la abogada Romina Picolotti, del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, y quien asesora al gobierno de Entre Ríos.
Picolotti acaba de recibir el Premio Sofía 2006, que entrega la fundación noruega del mismo nombre, por su trabajo en el conflicto por las plantas de celulosa, en el que relacionó los problemas ambientales con la lucha por los derechos humanos.
