En tono mesurado, el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, propuso este miércoles a su par uruguayo, Tabaré Vázquez, que suspendiera por 90 días la construcción de dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay, que baña costas de los dos países, hasta conocer su impacto ambiental.
"Le ruego a Uruguay que me escuche, que acepte este humilde pedido. Solamente 90 días para que los mejores ambientalistas del mundo ayuden a dos pueblos hermanos a resolver este tema", dijo Kirchner. "Noventa días son apenas un suspiro en la larga historia de Argentina y Uruguay", remarcó.
Kirchner apeló a uruguayos y argentinos a "restablecer un clima de hermandad y cooperación" y convidó a Vázquez a suspender las obras y convocar a una comisión de expertos "independientes" que "defina los criterios a adoptar para asegurar la calidad de vida" de los habitantes de la región a ambos lados del río.
La vicecanciller uruguaya Belela Herrera descartó este miércoles la posibilidad de una suspensión de las obras que erigen dos compañías transnacionales, la finlandesa Botnia y la española ENCE. Herrera habló al finalizar una reunión de gabinete celebrada por Vázquez al cumplirse su primer año de gestión.
De igual modo, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, Mariano Arana, explicó a una radioemisora de Buenos Aires que su gobierno "no tiene facultades legales" para detener la construcción de las plantas, y volvió a defender la sustentabilidad de las tecnologías que se utilizarán en la fabricación de celulosa.
En virtud de un tratado de inversiones firmado entre Uruguay y Finlandia en 2002, el Estado uruguayo se expondría a pagar importantes indemnizaciones si ordenara suspender la construcción de la fábrica de Botnia.
La propuesta de Kirchner no ha modificado por ahora la posición de los vecinos de Gualeguaychú, ciudad argentina muy próxima al río Uruguay y que concentra la mayor resistencia a la instalación de las dos fábricas, ante temores de que contaminen el aire y el curso de agua compartido.
Los vecinos mantienen cortado un puente internacional que conecta a los dos países desde hace casi un mes y condicionan la suspensión de esa medida a la paralización de las obras en Uruguay.
Gustavo Rivoller, de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, dijo a IPS que "no van a retroceder" con el corte. Resulta "difícil de creer" que el gobierno uruguayo no pueda pedir la paralización de las obras, añadió Rivoller y exhortó al ministro Arana que "deje de defender a las empresas como si fueran del Estado y deje que se expida una comisión independiente".
"Con propuestas de que van a controlar y mitigar nos vamos a quedar a vivir en la ruta", amenazó. "Uruguay ya dijo que no va a paralizar las obras y que las empresas no van a cambiar la tecnología. Y nosotros decimos que solo vamos a levantar el corte con la paralización total de las obras", añadió.
En un artículo publicado el 26 de febrero por el diario argentino La Nación, el periodista Joaquín Morales Solá preguntó a Kirchner: "¿Quiere o no quiere las fábricas papeleras?". "Mi posición es no a la contaminación. Punto. Nadie puede negarle a Uruguay una inversión que significa el diez por ciento de su PBI", contestó el mandatario.
"Uruguay cometió errores y la Argentina cometió el suyo, que es el corte de los puentes", añadió.
El mandatario "está convencido de que los asambleístas de Gualeguaychú se han envuelto en una razón épica que los alejó de cualquier noción de sensatez. ¿No puede hacer él una gestión ante los revoltosos? No puedo pedir lo que no me darán, sentencia", escribió Morales Solá.
Al respecto, Rivoller replicó que "cuando nos reunimos con él (Kirchner) nos dio su apoyo y nos dijo que hiciéramos lo que teníamos que hacer".
La vicecanciller Herrera reiteró que su país esperaba un fallo de un tribunal del Mercosur acerca de su reclamo por los cortes de dos de los tres pasos sobre el río Uruguay, que se extendieron al puente internacional de Colón-Paysandú desde hace dos semanas.
Kirchner formuló su propuesta en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso legislativo. Al hacer su balance en materia ambiental se refirió a la "controversia" con Uruguay por la instalación de las dos plantas de celulosa y un puerto de Botnia en la occidental localidad uruguaya de Fray Bentos.
"En tres oportunidades Uruguay autorizó unilateralmente esos emprendimientos incumpliendo el Estatuto del Río Uruguay", recordó aludiendo al tratado bilateral de 1975 que regula la administración de ese curso de agua y exige la información a la contraparte de cualquier emprendimiento que pueda afectar el recurso compartido.
Kirchner también señaló que Uruguay "ignoró los reiterados pedidos de información que Argentina le formuló" así como la solicitud de paralización de las obras hasta que pudiera determinarse de manera "objetiva y fidedigna el impacto transfronterizo acumulado" sobre el agua y el aire.
"Demostremos al mundo que tenemos ese minuto de reflexión y no nos dejemos empujar por nacionalismos vacíos de contenido que en lugar de unir a América Latina la separaron permanentemente", remarcó el presidente.
La intensidad del conflicto parece haber disminuido y hay algunas señales de que Buenos Aires y Montevideo han avanzado hacia una salida.
Pese a declaraciones contradictorias de funcionarios uruguayos, una negociación reservada del secretario de la Presidencia de Uruguay, Gonzalo Fernández, y del jefe del Gabinete de Argentina, Alberto Fernández, habría avanzado sustancialmente hacia una "solución técnica" según dijeron a IPS fuentes en Montevideo.
Esa solución implica imponer a las dos fábricas controles y estándares ambientales muy exigentes, superiores a los de cualquier otra planta del Mercosur.
Falta el paso del acuerdo político, que sólo podría materializarse si se cumplen dos condiciones. Para Vázquez es el cese de los bloqueos que dañan la economía de su país, para Kirchner, la suspensión de las obras por 60 o 90 días.
Ambos parecen haber arribado al punto en que reconocen el pedido del otro. Pero ninguno se muestra públicamente dispuesto a pagar el precio. Kirchner se resiste a imponer el cese de los cortes y Vázquez a suspender las obras.
La pelota pasa entonces al campo de los otros actores de este conflicto: la comunidad de vecinos y ambientalistas de Gualeguaychú y las compañías Botnia y ENCE. Se espera gestos de ellos que aún no han llegado.
Las fábricas comenzarían a funcionar entre 2007 y 2008. La capacidad combinada de producción será de dos millones de toneladas anuales de celulosa, materia prima del papel. Las inversiones, que suman 1.800 millones de dólares, son consideradas las más importantes que ha recibido Uruguay en décadas.
La tensión por la instalación de estas industrias comenzó en 2003 con protestas de vecinos de Gualeguaychú y de activistas uruguayos. En 2005 cobró vigor el reclamo. Los vecinos, apoyados por el gobierno de la oriental provincia argentina de Entre Ríos, profundizaron las medidas de fuerza.
El Grupo Técnico de Alto Nivel, conformado el año pasado entre los dos gobiernos para estudiar el impacto de las obras sobre el río, finalizó en enero sin acuerdo. Argentina criticó a Uruguay por la falta de información sobre el tratamiento de desechos y la potencial contaminación del aire.
Tras el fracaso de ese ámbito, el canciller argentino Jorge Taiana anunció que Argentina denunciaría la violación del Tratado del Río Uruguay ante el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
Con algunas críticas, el Congreso argentino respaldó a fines de febrero ese camino, pero exhortó al Poder Ejecutivo a continuar negociando hasta agotar todas las alternativas.
Argentina aún no presentó la demanda, pero Kirchner advirtió que ese será el modo de solucionar la controversia si no se llega a un acuerdo bilateral.
* Con aportes de Diana Cariboni (Montevideo).
