El jefe de gobierno de Buenos Aires, el centroizquierdista Aníbal Ibarra, fue destituido del cargo este martes por la legislatura comunal a raíz de su responsabilidad política en la tragedia del 30 de diciembre de 2004, cuando 194 jóvenes murieron en el incendio de una discoteca.
Por 10 votos contra cinco, la sala juzgadora de la legislatura de la ciudad consideró que Ibarra fue políticamente responsable de la tragedia, y se pronunció a favor de destituirlo. En cambio, Ibarra no será inhabilitado para ejercer cargos públicos como había pedido la fiscalía, integrada por otros tres diputados.
"Nuestros ideales no terminan aquí y nuestro compromiso con la gente de la ciudad permanece inalterable, vamos a seguir trabajando desde el lugar que sea", dijo Ibarra en rueda de prensa, tras declarar que respetaba el fallo del parlamento de la ciudad, capital de Argentina.
Allegados a Ibarra insistían en que el juicio fue un intento de golpe institucional para derrocar al alcalde elegido por voto popular y con alta aceptación, según encuestas. Sin embargo, los votos por la destitución procedieron de legisladores de ocho partidos de los más diversos sectores político-ideológicos.
El resultado había sido esperado con gran expectativa por familiares de las víctimas y sobrevivientes del incendio en la discoteca República Cromañón. Una parte importante de ellos impulsaron vivamente una sanción para el máximo responsable político del gobierno comunal.
[related_articles]
De manera simultánea, la justicia procesó a una veintena de personas, funcionarios, policías, músicos y al propietario de la discoteca que funcionaba sin permiso de la comuna, sin medidas de seguridad elementales y con una cantidad de público que excedía la capacidad del local.
En vísperas de la votación, los familiares mantuvieron una vigilia en la Plaza de Mayo, el paseo público frente a la sede del gobierno nacional. Otros esperaron fuera del edificio de la legislatura, y unos pocos lograron permiso para ingresar al recinto parlamentario con las fotos de sus hijos.
En diálogo con IPS, Pablo Blanco, padre de Lautaro —un niño de 13 años que murió en la discoteca— dijo sentirse "tranquilo de haber cumplido con la memoria" de su hijo. "Alguna vez en este país los responsables políticos tienen que pagar las consecuencias de sus actos", dijo con alivio pero sin euforia.
Blanco declaró que a pesar de "una campaña de difamación" contra los familiares "se impuso la verdad", y sostuvo que ahora la justicia ordinaria podría convocar a declarar a Ibarra. "La justicia se mueve por factores externos y esto puede despejar el camino para que lo convoquen como imputado", dijo.
Algunos de los votos sorprendieron a los seguidores del proceso. Los deudos acusaron a una legisladora, Beatriz Baltroc, de cambiar su voto a último momento. "Ella nos advertía siempre que un legislador estaba por cambiar su voto, y al final fue ella la que cambió y votó por la absolución", dijo Blanco.
Otro legislador, izquierdista como Baltroc, Gerardo Romagnoli, sorprendió al votar por la destitución, tras haber dicho que descreía de la voluntad de sus pares de ir a fondo en la investigación y renunciar a su cargo en la sala juzgadora. Cuando se le rechazó la dimisión, dijo que se abstendría y finalmente se pronunció contra Ibarra.
"No puedo decir si Ibarra es culpable, pero sí es responsable", resumió el diputado del Frente para la Victoria, Helio Rebot, al fundamentar su voto por la destitución. Rebot señaló que los funcionarios procesados por la justicia ordinaria en la causa "eran socios políticos y militantes de la máxima confianza de Ibarra".
Rebot, cuyos fundamentos fueron muy celebrados por los familiares, explicó que el ahora destituido jefe de gobierno, elegido dos veces consecutivas por el voto popular, había desmantelado el área de control por considerar que allí había un foco de corrupción, pero nunca lo reemplazó con una estructura eficiente.
Los legisladores que se pronunciaron por la destitución coincidieron en que Ibarra incurrió en mal desempeño al designar a funcionarios que no eran idóneos en áreas críticas, desoyó alertas institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y de la Auditoría General de la Ciudad acerca del mal funcionamiento del área de control.
Finalmente, sostuvieron que el gobierno de Ibarra no atendió adecuadamente la emergencia de la tragedia y recordaron que existían procedimientos que no se aplicaron para hacer más eficiente la atención a las víctimas.
En cambio, los cuatro legisladores que apoyaron la absolución exhibieron argumentos en apariencia menos sólidos. Algunos reconocieron que hubo fallas en la gestión de Ibarra, pero que las pruebas no alcanzaban para destituirlo, y en algún caso se argumentó que la figura de mal desempeño era demasiado abstracta.
La destitución es contraria a las opiniones recogidas en encuestas, según las cuales los habitantes de la ciudad respaldan mayoritariamente la gestión de Ibarra. Ese apoyo y el menos explícito del presidente Néstor Kirchner hacían suponer a los observadores que el alcalde no sería destituido.
Antes del incendio de Cromañón, el destituido alcalde se perfilaba como uno de los políticos jóvenes más promisorios de Argentina.
Ibarra había sido elegido en 2000 por casi 50 por ciento de los votantes de la capital, y en 2003 fue reelegido. Sin embargo, nunca contó con fuerte respaldo en la legislatura debido a que su partido, el Frente Grande, se fue desgranando a raíz de sucesivas crisis.
El juicio en su contra comenzó a mediados de noviembre de 2005, y desde entonces Ibarra estaba suspendido. Su reemplazante, el vicejefe de gobierno Jorge Telerman continuará en el cargo hasta el final del mandato, en 2007.
La semana pasada, Ibarra convocó a una marcha en su apoyo que contó con la presencia de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, artistas e intelectuales. Allí denunció que se gestaba un golpe institucional en su contra.
