El gobierno peruano cambió de opinión y decidió que no pagará la contratación de una investigación independiente internacional para verificar el estado del poliducto de 750 kilómetros que transporta gas desde el yacimiento amazónico de Camisea hasta la costa sobre el océano Pacífico.
El consorcio TGP se encargó de la construcción del poliducto (dos tuberías, una para gas natural y otra para gas líquido), y es su responsabilidad garantizar el flujo del hidrocarburo desde la selva amazónica del Cuzco hasta las plantas de procesamiento ubicadas en la costa del sur.
La decisión del gobierno peruano de revisar el estado del gasoducto obedece a que el 4 de marzo la tubería de gas líquido se rompió y produjo una considerable explosión en la comunidad nativa de Kepashiato, causando quemaduras a una mujer y su hijo y la destrucción de extensos cultivos.
El Estado no va a contratar a una auditora externa porque tendría que convocar a una licitación internacional, lo que demandaría un proceso de más de medio año, explicó a IPS el presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Osinerg), Alfredo Dammert, encargado de fiscalizar a TGP.
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"No es una solución perfecta, pero es la mejor", dijo Dammert. "El dinero lo va a depositar TGP en una cuenta de Osinerg y por lo tanto el consorcio no va a tener ninguna injerencia en el proceso de la auditoría. La suspicacia es comprensible, pero ésta era la mejor solución", insistió.
Dammert indicó que la selección de la compañía estará a cargo de un comité integrado por representantes del Ministerio de Energía y Minas, de Osinerg y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), principal financiador público del proyecto de Camisea.
¿El BID está de acuerdo con la fórmula? "Sí", respondió Dammert. "Todos queremos un auditoría integral para dar mayor seguridad al funcionamiento del gasoducto. A todos nos preocupa que haya fallas".
Dammert admitió que TGP ha batido un récord de incidentes desde 2003 a la fecha.
"Es normal que hayan fallas, pero no tantas y en tan corto tiempo. Hay que determinar qué es lo que sucede y corregirlo. Por eso el BID va a participar sugiriendo un representante en la comisión que elegirá a la empresa que se va a contratar", dijo Dammert.
El directivo de la consultora sin fines de lucro E-Tech International, Bill Powers, criticó que el TGP pague la revisión, pues no estaría garantizada la transparencia de la investigación.
"El Estado peruano o el BID deberían pagar la investigación", afirmó Powers, un experto que ha estudiado el caso de Camisea.
Powers recordó que en los términos del préstamo de 135 millones de dólares que le otorgó el BID a las empresas del consorcio en 2003, se incluyó la realización de una auditoría internacional.
El consorcio está compuesto por la estadounidense Hunt Oil, las argentinas PlusPetrol y Techint, la estatal argelina Sonatrach, la sudcoreana SK Corporation y la belga-francesa Suez-Tractebel. El proyecto Camisea tuvo un costo total de 1.600 millones de dólares.
Al año siguiente de otorgado el préstamo, se reportaron serias deficiencias en la construcción del poliducto, y organizaciones no gubernamentales como la filial nacional de WWF (antes conocida como Fondo Mundial para la Naturaleza), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y la Sociedad Nacional de Ambiente reclamaron al BID la contratación de la auditoría, mientras el banco daba largas al asunto, recordó Powers.
"Incluso las organizaciones de la sociedad civil peruana se habían puesto de acuerdo con la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental de Holanda (MER) para que efectuara el estudio, porque es un organismo de confianza por su honestidad y franqueza", indicó Powers. "La idea era dar inicio a la auditoría independiente en 2004".
Pero, ¿por qué el banco multilateral se resistió, si existían suficientes razones para hacer el estudio?
"El BID controlaba el presupuesto y trató de manejar el alcance y personal de la auditoría", explicó Powers. El banco "ha bajado el presupuesto a una suma totalmente inadecuada. Parece que no ha tenido ningún interés en realizar una auditoría realmente independiente", opinó.
El BID pretendía pagar 40.000 dólares, cuando un trabajo de ese tipo requiere al menos 1,2 millones de dólares, según cálculos del propio Estado peruano.
Tuvieron que ocurrir cinco derrames de gas líquido y una explosión para que el gobierno de Alejandro Toledo, desbordado de críticas, se animara a contratar un auditor internacional.
El TGP afirma que los problemas aparecidos en el poliducto son normales porque el tendido cruza un área muy inestable del territorio selvático y andino. "No hay problemas de estructura", dijo el consorcio en un comunicado.
Pero Osinerg detectó que la rotura de la tubería del 29 de agosto de 2005 se debió a un problema en las soldaduras, una deficiencia que la consultora E-Tech International reportó en un informe técnico entregado al BID durante la audiencia pública del 27 de febrero en Washington.
E-Tech documentó que Techint, la empresa encargada de la construcción, utilizó tubos que le sobraron de otros gasoductos en Brasil y Ecuador.
Según el informe de E-Tech, Techint contrató a personal no adecuado para la soldadura, y algunos tramos del tendido se efectuaron sin estudios previos sobre la inestabilidad del terreno. Además, el consorcio apuró la construcción para cumplir con los términos del contrato, a costa de vulnerar exigencias técnicas.
TGP rechazó vigorosamente las afirmaciones de E-Tech.
Pero la consultora insistió en las conclusiones de su estudio, en el que participó Carlos Salazar, un experto que trabajó en Camisea contratado por Techint entre 2002 y 2003 y que conoce perfectamente las condiciones de la construcción.
Un nuevo informe de E-Tech, al que tuvo acceso IPS, ratifica varios hallazgos anteriores.
Las deficiencias en las soldaduras fueron verificadas por Osinerg, y TGP carece de un sistema adecuado de detección y bloqueo de fugas, lo que se demuestra en los miles de barriles de gas líquido que se han derramado, señala ese nuevo documento.
La consultora canadiense URS contratada por el BID para revisar la cuestión de la erosión de los suelos reportó que TGP apuró la construcción, lo que explica por qué no instaló un sistema de control de la erosión.
TGP reconoce las fallas, pero las atribuye a la naturaleza. Una parte significativa de los tubos utilizados tienen corrosión interna y no externa, afirmó el nuevo documento de E-Tech.
"Es casi inédito que se registre una sola falla en la primera etapa de operaciones de un oleoducto, y mucho menos cinco fallas", señala el reporte de E-Tech. "Es fácil culpar a la naturaleza".
"Una revisión independiente posiblemente encuentre culpables más allá de la naturaleza", explica el informe. "La idea de la auditoría será definir con transparencia las deficiencias, las razones de las deficiencias, y los pasos necesarios para reparar los tubos y asegurar una vida confiable, sin fallas en por lo menos 20 ó 30 años".
Ante la posibilidad de que el Estado peruano intente renegociar el contrato con TGP, los ejecutivos del consorcio advirtieron: "tenemos un contrato por 30 años y nos iremos cuando cumplamos esos 30 años".
