La decisión de Brasil de autorizar a firmas privadas locales la explotación de 13 millones de hectáreas en la Amazonia en la próxima década sigue provocando polémica. Algunos expertos consideran que en lugar de frenar la deforestación podría agravarla.
Tras prolongados y encendidos debates, la Ley de Gestión de Bosques Públicos fue sancionada el 3 de marzo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La iniciativa permite otorgar concesiones a empresarios sobre el tres por ciento del territorio amazónico, en un intento por detener la explotación ilegal y la constante destrucción de los bosques.
Pero el especialista Niro Higuchi, del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (INPA), cree que la flamante norma podría tener el efecto contrario.
"La ley puede agravar la deforestación, Brasil está copiando un modelo fracasado, que ya se adoptó con resultados negativos en numerosos países que perdieron sus bosques y siguen pobres", sentenció el ingeniero forestal.
Su lista de países que anticiparon la "catástrofe" es larga e incluye a Nigeria, Costa de Marfil y República Democrática del Congo en África, Indonesia y Malasia en Asia y los latinoamericanos Bolivia, Guyana, Honduras, Nicaragua, Suriname y Venezuela. Todos tienen un bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), a excepción de Malasia, observó.
El argumento de Higuchi no convence, sin embargo, a Tasso Rezende de Azevedo, director del Programa Forestal del Ministerio de Medio Ambiente.
"Vincular concesiones forestales con pobreza es una equivocación, ya que Canadá es el país que más usa esas concesiones, junto con Finlandia, Noruega y Suecia, todos campeones en el IDH", refutó Azevedo.
Hay también buenos ejemplos tropicales, contrariamente a lo que dijo Higuchi, como las concesiones que elevaron el IDH en Guatemala y la reforma forestal aplicada en los últimos 15 años por Bolivia, cuya experiencia ayudó a Brasil a corregir omisiones, aseguró.
Los fracasos son explicables, según el funcionario. Los países africanos aún eran colonias. En Indonesia y Malasia hubo mucha corrupción, con gobiernos dictatoriales que distribuían concesiones a parientes de gobernantes, y entonces no se disponía del conocimiento actual sobre manejo forestal.
Las condiciones de aplicación de la medida son muy diferentes y su adopción en Brasil apunta a contener las actividades ilegales y salvar los bosques. Las restricciones que viene adoptando el gobierno ya bajaron la extracción de madera amazónica en los últimos años, ejemplificó.
La nueva ley, apoyada por numerosas organizaciones ambientalistas, incluyendo a Greenpeace, otorga contratos a empresas privadas por hasta 40 años con la condición de que realicen actividades sustentables, al tiempo que mantiene la posesión de las tierras en manos del Estado.
La legislación impulsará un ordenamiento agrario de la Amazonia, con una mayor presencia local del Estado en la regularización de sus tierras y el fortalecimiento de sus órganos, según los ambientalistas.
Muchos estos grupos consideran ahora a la industria maderera legal como una aliada interesada en los bosques en pie, distinguiéndola de la agropecuaria, que exige la tierra desnuda.
En Brasil son públicos 65 por ciento de los bosques, proporción que aumenta a 75 por ciento en la Amazonia.
Según Azevedo, la nueva ley, acusada de "privatizar" los bosques, busca precisamente lo opuesto: combatir su actual privatización por medios ilegales. Actualmente, más de 80 por ciento de la producción ilegal de madera proviene de tierras públicas.
El "grillaje", como se conoce a la apropiación fraudulenta de tierras por parte de grandes hacendados y empresarios "es el principal motor de la deforestación", señaló.
Pero Brasil ya tiene varias leyes sobre la actividad forestal, la propiedad de la tierra y los delitos ambientales, que han sido ineficaces contra la deforestación. Higuchi se pregunta por qué una nueva ley tendría éxito en contener el desorden amazónico.
En su opinión, la legislación responde a intereses de la industria maderera y de los mercados importadores, ante el agotamiento inminente de los bosques privados como fuente de materia prima en Brasil, el gran proveedor.
Empresarios que explotaron sus propiedades de modo irracional no tratarán de forma distinta las áreas públicas, razonó, apuntando como "único camino para salvar la madera tropical" obtener un precio justo que exige reducir su oferta, contrariamente a lo que harán las concesiones recién aprobadas.
La Ley de Bosques Públicos es una de las 140 acciones previstas en el Plan de Prevención y Combate a la Deforestación Amazónica. "Ninguna medida aislada sería eficaz", afirmó Azevedo.
El plan combina cuatro líneas de acción: el ordenamiento agrario y territorial, el fortalecimiento del control e inspección contra ilegalidades, el fomento de actividades forestales sustentables y programas ambientales.
La legislación prevé tres formas de gestión de tierras públicas boscosas: la creación y gestión estatal de Bosques Nacionales como áreas de conservación, la destinación a la extracción por comunidades locales y las concesiones para explotación a empresas o instituciones establecidas en el país.
Las concesiones se harán por medio de licitaciones para un periodo que puede llegar a los 40 años, plazo justificado por el tiempo de crecimiento de los árboles. En cada concesión se impone límites a la tala que sólo se aplica a un máximo de 70 por ciento del área, quedando por lo menos 30 por ciento intocable.
"Dentro de cinco años se podrá ampliar (el área concesionada), tras evaluar la experiencia", informó Azevedo.
* El autor es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 11 de marzo por la red latinoamericana de Tierramérica.
