La transnacional francesa del agua Suez, villana favorita del movimiento global contra la privatización, entró en la recta final de su retirada de Argentina y Bolivia, donde viene haciendo maletas desde hace tiempo. Y tanto como demoró en irse, podría tardar en regresar a América Latina.
El gobierno argentino de Néstor Kirchner anunció el 21 de este mes que rescindía el contrato de 30 años con Aguas Argentinas, subsidiaria de Suez, a la que acusó de "reiterados incumplimientos".
La medida provocó una escalada de tensión en la maltrecha negociación entre las autoridades argentinas y la empresa que duraba ya tres años y que ha enturbiado las relaciones diplomáticas con Francia.
Sin la concesión en la capital argentina, por la cual dotaba del líquido a unos 10 millones de personas, y con un decreto presidencial de 2005 que rescinde su contrato en Bolivia, a la multinacional le quedan negocios hídricos en apenas dos países de la región: Brasil y México.
Y aunque se trata de las economías más poderosas de la zona, sus concesiones ahí son de pequeña envergadura e incluso en algunas funge como accionista minoritaria.
Suez es un gigante de la energía y el gas, cuyas ganancias alcanzaron 3.000 millones de dólares en 2005, 48 por ciento más que en 2004, y es también una de las empresas de agua más poderosas del mundo, a través de su división Suez Environnement.
Desde hace ya varios años, la división apuesta a concesiones hídricas en países de Asia y Europa, considerados más estables que los latinoamericanos.
Suez explica el fracaso de sus negocios de agua en Argentina y Bolivia por riesgos financieros y políticos que le impidieron obtener ganancias en un sector con bajas tasas de retorno de inversión (de alrededor de cinco por ciento).
"En Argentina fue el shock macroeconómico y la devaluación del peso que impidieron cumplir con algunas cláusulas del contrato, y en Bolivia fue la imposibilidad del gobierno, por cuestiones políticas, de aumentar las tarifas después de cinco años", dijo a Tierramérica Jacques Labre, director de relaciones institucionales de Suez, quien participó en México en el IV Foro Mundial del Agua entre el 16 y el 22 de este mes.
Suez insistió reiteradamente en subir las tarifas del servicio, congeladas en Argentina en 2002 al igual que en Bolivia. Pero ambos países rechazaron los aumentos por exorbitantes (hasta de 400 por ciento) y acusaron a la empresa de no proveer servicios de calidad, mientras miles de enfurecidos habitantes pobres salieron a las calles a exigir la salida de la firma.
El golpe mediático de la oleada de marchas indígenas contra Suez desde la empobrecida ciudad boliviana de El Alto, que terminó en la renuncia del presidente Carlos Mesa en 2005, fue especialmente implacable.
En medio de esta ruidosa hostilidad contra las multinacionales del agua, la inversión privada en el sector ha ido en descenso en América Latina en la última década.
Según Labre, esta tendencia se explica por las enormes carencias en infraestructura en la región que obligan a ajustar las tarifas al alza y la imposibilidad de garantizar los subsidios públicos por presupuestos expuestos a múltiples presiones.
Pero las autoridades bolivianas acusan a Suez de ir sólo tras el lucro y de dejar sin acceso al agua a unas 350.000 familias, mientras en Argentina califican de "pésimo" su servicio y denunciaron que unas 300.000 personas están en riesgo por la contaminación del líquido con nitratos.
Alexander Brailowsky, director de desarrollo sustentable de Aguas Argentinas desde 1999, defendió los logros de la concesión y lamentó la falta de una política estatal de gestión del agua en América Latina sin la cual "el sector privado, por más eficiente que sea, no puede cumplir sus metas".
"Nuestras tarifas eran las más bajas en todo el país, en 10 años unos dos millones de personas accedieron al agua por primera vez y demostramos que los pobres sí quieren pagar", dijo Brailowsky a Tierramérica.
"Hemos aprendido del pasado y vamos a ir a otros proyectos (en la región) cuando tengamos un mínimo de garantía de que nuestra participación va a ser para beneficio de todo el mundo", dijo, tras señalar que su empresa siempre apostó a una retirada no conflictiva de Argentina.
Pero todo indica que habrá batalla legal para rato. Durante tres años de tira y afloja, el gobierno argentino había dicho estar dispuesto a promover una salida ordenada de Suez al estilo de la de Electricité de France en 2005. Sin embargo, la decisión de Kirchner de retirar la concesión dio un vuelco inesperado a las tratativas y Suez respondió de inmediato que dará la pelea.
La empresa continuará con la demanda que interpuso ante el tribunal de arbitraje adscrito al Banco Mundial, para recuperar 1.700 millones de dólares que aduce haber invertido en el país desde 1993.
Esta postura elevó la indignación en diversos sectores dentro y fuera de Argentina. "Están pidiendo compensaciones muy altas e injustificadas cuando trajeron más problemas que beneficios, no cumplieron con el acceso al servicio ni resolvieron la contaminación", dijo a Tierramérica Danielle Miterrand, ex primera dama de Francia y activista.
Puede que en Bolivia las cosas evolucionen de otra manera. Abel Mamani, quien lideró las marchas contra Suez en El Alto y es ahora ministro del Agua, aseguró a Tierramérica que garantizarán un repliegue "ordenado" de la firma.
A fines de este mes, contarán con los resultados de una auditoría a Aguas del Illimani, concesionaria de Suez, y decidirán el cronograma de salida. Suez, en tanto, mantiene un discurso conciliatorio e incluso está abierta a explorar un nuevo tipo de contrato en Bolivia.
Pero el presidente Evo Morales está apostando a otro socio: el Banco Mundial, organismo al que en el pasado calificó de "terrorista". Mamani se reunió con el jefe de Energía y Agua Jamal Saghir durante el Foro del Agua en México, para explorar acuerdos. "En Bolivia nos gustaría trabajar con el sector público, yo les doy la bienvenida, pero mi primera pregunta es: ¿quién puede ofrecer servicio de agua eficiente a los pobres al menor costo? Si usted me demuestra que el sector público puede hacerlo, yo lo financio", dijo Saghir a Tierramérica.
El Banco Mundial aducía en los años 90 que las asociaciones con el sector privado eran la vía más idónea para llevar agua limpia a los más desfavorecidos. El Banco invirtió en diversas empresas, incluida Aguas del Illimani.
Tras la búsqueda infructuosa de socios privados para una nueva concesión, Kirchner anunció por su parte la creación de la empresa pública Aguas y Saneamiento Argentinos para hacerse cargo del servicio que deja Suez.
El escrutinio público a los experimentos de Kirchner y de Morales será intenso. Su desafío no es pequeño: deberán lograr dar agua a precios bajos a los más pobres, la tarea que, aducen, la transnacional francesa no pudo cumplir.
* La autora es directora editorial de Tierramérica. Este artículo fue publicado originalmente el 25 de marzo por la red latinoamericana de Tierramérica.
