Al confirmarse la incorporación del juez Samuel Alito a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, el movimiento derechista, dedicado a revertir décadas de avances de las mujeres y las minorías, se anotó un punto de oro.
Alito se sentará en el asiento que durante más de dos decenios ocupó la primera mujer del tribunal, Sandra Day O'Connor. El ala derecha contará ahora con cuatro votos asegurados, apenas uno menos de la mayoría absoluta en este cuerpo de nueve integrantes.
Además, la relativa juventud de Alito —con 55 años de edad— y el carácter vitalicio del cargo garantizan que durante mucho tiempo el magistrado defenderá en el tribunal las posiciones derechistas que ha profesado desde su época de joven universitario.
"El juez Alito podría tener un enorme impacto en nuestros derechos básicos y en nuestras libertades en las décadas venideras", advirtió el senador Ted Kennedy, uno de los más veteranos líderes del opositor Partido Demócrata en la cámara alta legislativa.
La confirmación fue aprobada por 58 votos a favor contra 42 en contra. Fue la votación más pareja para un miembro de la Corte Suprema de Justicia en más de una centuria.
Todos los senadores demócratas, excepto cuatro, votaron contra Alito. Se les unieron dos legisladores de estados liberales del nordeste: Lincoln Chafee, un moderado del gobernante Partido Republicano, y James Jeffords, quien abandonó ese partido para convertirse en independiente.
Alito recibió la investidura inmediatamente después de la confirmación, y llegó a tiempo para asistir el martes de noche junto a sus ocho nuevos pares al discurso anual sobre el Estado de la Unión pronunciado por Bush en el recinto de la Cámara de Representantes.
"La unión habría sería mejor, más fuerte y más sólida si hubiéramos confirmado a un nominado diferente, un nominado que nos uniera, no que nos dividiera ", dijo el senador demócrata neoyorquino Charles Schumer, quien votó en contra de Alito.
Desde que Bush propuso su nombre hace tres meses, los enemigos de Alito manifestaron preocupación por sus opiniones en torno del derecho al aborto, las facultades del Poder Ejecutivo —en particular en tiempos de guerra— y los derechos de las minorías.
La preocupación se basaba sobre sus propios fallos y declaraciones escritas. En una solicitud de empleo que llenó en 1985, por ejemplo, manifestó su oposición a una sentencia de la Corte Suprema que defendía el derecho de las mujeres al aborto voluntario.
En otro memorándum, cuestionó el principio de "una persona, un voto", sobre el que se basa la Ley de Derechos Electorales y otras normas sobre derechos civiles.
Como fiscal durante la presidencia del republicano Ronald Reagan (1981-1989), escribió memorandos sobre el predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial.
Se trata de un asunto delicado en momentos en que Bush reivindica, en su carácter de comandante en jefe, facultades que le permiten ignorar o redefinir convenciones internacionales ratificadas por el Congreso legislativo, o espiar comunicaciones privadas sin orden judicial.
Al igual que otros nominados a cargos judiciales de los últimos años, Alito se negó a contestar preguntas de los legisladores de manera específica, pues, insistió, podría incurrir en prejuzgamiento respecto de casos a punto de ser considerados por la Corte Suprema.
Al mismo tiempo en que insistió en que trataría "con mente abierta" los asuntos que se le presenten en el tribunal, su negativa a reconocer como ley firme el fallo Roe versus Wade, que en 1973 legalizó el derecho al aborto voluntario, preocupó a organizaciones feministas y de derechos humanos.
Esa respuesta contrastó con otro juez propuesto exitosamente el año pasado por Bush para su incorporación en la Corte Suprema de Justicia, John Roberts.
"El derecho a elegir, tal como está protegido por el fallo Roe versus Wade, será seguramente amputado", alertó Marcia Greenberger, copresidenta del Centro Nacional de Derecho Femenino.
La confirmación de Roberts fue más sencilla que la de Alito, pues reemplazó a un derechista, el fallecido William Rehnquist, de quien fue asistente cuando comenzaba su carrera de abogado. Su elección no cambió, por lo tanto, el equilibrio ideológico de la Corte. La de Alito, sí.
O'Connor "será extrañada", dijo John Podesta, jefe del equipo de la Casa Blanca durante la presidencia del demócrata Bill Clinton (1993-2001) y actual presidente del Centro para el Progreso de Estados Unidos.
"Con su amplios antecedentes de extrema deferencia hacia el Poder Ejecutivo, es de esperar que el juez Alito ratifique muchos de las facultades sin control que el presidente Bush reivindicó desde el 11 de septiembre de 2001, desde las detenciones arbitrarias hasta la vigilancia sin orden judicial de ciudadanos estadounidenses", sostuvo Podesta.
Alito, hijo de un inmigrante italiano que ascendió en las elites universitarias gracias a sus antecedentes académicos, no fue la primera opción de Bush, quien había nominado inicialmente a su abogada personal y consejera de la Casa Blanca Harriet Miers.
Pero la extrema derecha rechazó la nominación, pues temían que fuera una moderada al estilo de O'Connor.
Activistas de la conservadora Sociedad Federalista, entre ellos el ex fiscal general de Reagan, Edward Meese, propusieron a Alito.
El hoy juez supremo fue subalterno de Meese durante un breve periodo, fiscal en Nueva Jersey y juez en una cámara federal de apelaciones, nominado en los años 90 por el presidente George Bush (1989-1993), padre del actual mandatario.
La más conocida de sus opiniones es la posición que defendió en minoría en el caso Planned Parenthood versus Casey en un tribunal del estado de Pennsylvania. Ese caso le sirvió luego a la Corte Suprema para modificar algunos aspectos de la sentencia Roe versus Wade.
El tribunal de Pennsylvania mantuvo en su sentencia varias restricciones al derecho a abortar entonces vigentes en el estado. Hubo unanimidad en respaldar todas esas restricciones, excepto en una.
Alito fue entonces el único miembro del cuerpo en defender el mantenimiento de esa regla: la obligatoriedad para las mujeres casadas de informar a sus esposos sobre su decisión de abortar, sin importar si ellas temían sufrir por eso abusos físicos, coerción psicológica o económica.
El juez argumentó que las mujeres casadas constituían una minoría de las que deseaban abortar, y que aun más minoritaria era la porción de las que pretendían ocultar su decisión a sus cónyuges. Por lo tanto, el requisito no era excesivo y contemplaba el derecho a abortar en un sentido amplio.
Pero, al menos en un proceso, Alito votó en favor del derecho a elegir en una causa que dividió a su tribunal.
En 1995, el juez coincidió con reglas del seguro médico federal Medicaid que, en contradicción con leyes de Pennsylvania, disponían el financiamiento público de la interrupción del embarazo en caso de violación o incesto, o cuando la vida de la madre corre peligro. (
