Un juez de Estados Unidos justificó el arresto y envío a Siria del canadiense Maher Arar —quien sufrió maltratos y a la postre resultó inocente de las acusaciones de terrorismo que se le imputaban—, e insinuó que Ottawa fue cómplice de esa odisea.
Arar, arrestado en septiembre de 2002 en una escala en el aeropuerto de Nueva York cuando regresaba de sus vacaciones en Siria, su país de origen, fue mantenido incomunicado 13 días y entregado luego a autoridades del país árabe.
Este ingeniero canadiense fue recluido durante casi un año en una celda a la que él mismo comparó con una "tumba".
Ante una demanda judicial de Maher en Nueva York, el juez del distrito de Brooklyn David Trager necesitó 88 páginas para justificar la detención y la entrega del ciudadano canadiense a Siria sobre la base del principio de la seguridad nacional.
Pero Trager también mencionó en su sentencia la posibilidad de que las autoridades de Canadá fueran cómplices en la decisión de entregar a Maher.
Como en otros juicios recientes, el gobierno de Estados Unidos reivindicó el privilegio del "secreto de Estado", según el cual la demanda debía desecharse porque su admisión determinaría la revelación pública de información delicada, en perjuicio de la seguridad nacional o las relaciones diplomáticas con países extranjeros.
"La necesidad de discreción no puede ser puesta en duda", aseveró Trager. "No se requiere mucha imaginación para contemplar el efecto negativo de este proceso público en nuestras relaciones con Canadá, y si resultara que ciertos altos funcionarios canadienses avalaron la entrega de Arar a Siria, a pesar de las negativas públicas."
El gobierno de Canadá siempre rechazó las acusaciones de complicidad en la decisión de enviar a Arar a Siria luego de su arresto en Nueva York.
El juez canadiense Dennis O'Connor, a cargo de analizar el papel de las autoridades en Ottawa en el caso, debería tomar nota de la sentencia de su colega estadounidense, sostuvo Arar. Se prevé que O'Connor emitirá un informe el mes próximo.
Arar prometió no bajar los brazos. "Si los tribunales no detienen estos actos perversos, ¿quién frenará a este gobierno? ¿A dónde iremos? ¿A las Naciones Unidas. Nosotros —yo y otros que sufrieron lo mismo— somos ciudadanos normales que no cometimos ningún error", advirtió Arar.
"Destrozaron mi vida. Destrozaron otras vidas. Pero el sistema judicial no nos escucha. El sistema judicial es lo que diferencia a Occidente del tercer mundo. Cuando un tribunal no actúa a causa de la 'seguridad nacional', no hay ya más diferencia entre Occidente y el Tercer Mundo", agregó.
Los abogados de Arar también se comprometieron a continuar con la pelea judicial.
La demanda de Arar fue la primera prueba judicial de la política del gobierno estadounidense de "entrega extraordinaria" ("extraordinary rendition"), a la que activistas califican de tercerización de la tortura.
La práctica de las entregas es conocida porque ha sido aplicada por la CIA en épocas anteriores, pero su frecuencia aumentó exponencialmente luego de los ataques terroristas que el 11 de septiembre de 2001 segaron 3.000 vidas en Nueva York y Washington.
Docenas de prisioneros previamente secuestrados en Italia, Suecia y otros países europeos, así como en Estados Unidos, fueron enviados en secreto desde entonces a países con antecedentes conocidos de aplicar a los detenidos torturas prohibidas por la ley estadounidense.
Activistas de Estados Unidos advirtieron que la sentencia del juez Trager desestimando la demanda de Arar prende una luz verde a Washington para que mantenga su política de entregas.
El de Arar es apenas un caso entre varios muy bien documentados.
En su decisión, el juez Trager manifestó que los temores de Arar sobre torturas en Siria tenían asidero, y mencionó en ese sentido los informes del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense sobre los derechos humanos en el país árabe.
Pero, concluyó, tales decisiones gubernamentales trascendían los fueros de su tribunal.
"Un juez que declara con su autoridad que la política de 'entrega extraordinaria' es inconstitucional bajo cualquier circunstancia debería estar al tanto de que una sentencia así puede tener la más seria de las consecuencias en nuestras relaciones exteriores, en nuestra seguridad nacional o en ambas", anotó Trager.
Estados Unidos y otros países que practican la entrega de prisioneros con frecuencia se ocultan detrás de lo que expertos en derechos humanos denominan "la hoja de parra de las garantías diplomáticas".
Esto significa que el gobierno que realiza la entrega pide al del país que recibe al prisionero que prometa no torturar al prisionero ni abusar de él.
Pero "las garantías diplomáticas son anuladas por los programas militares, policiales y de inteligencia establecidos en la guerra fría y aún en vigencia en países donde las fuerzas de seguridad son entrenadas para torturar", dijo Beau Grosscup, profesor de relaciones internacionales en la Universidad del Estado de California.
"La intención real detrás de las entregas es: 'Ya que les pagamos para entrenarlos como torturadores, aprovechemos bien nuestro dinero", agregó.
"Ésta es una práctica bárbara para el siglo XXI", dijo a IPS el director ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), Ron Daniels. Esta organización colaboró en Nueva York con la defensa de Arar.
Mientras, un funcionario del Departamento (ministerio) de Justicia informó que la decisión judicial satisfacía al gobierno.
Al menos otra demanda judicial similar a la de Arar se presentó en los tribunales estadounidenses.
El alemán de origen libanés Khaled al-Masri demandó al ex director de la CIA George Tenet (1997-2004) porque esa agencia lo condujo clandestinamente en 2003, a bordo de un avión, de Macedonia, donde estaba de vacaciones, a Afganistán.
En el avión, los agentes lo drogaron, le pusieron un pañal, lo encadenaron, lo vendaron y le taparon los oídos.
Allí fue mantenido incomunicado en una cárcel durante cinco meses, sin acceso a sus familiares ni a defensa legal. Masri relató que fue confinado y sometido a tortura en interrogatorios.
Antes de ser liberado, fue llevado en avión a un centro de detención clandestino en Albania. Masri fue liberado dos meses después de que la CIA concluyera que se trató de un caso de identidad equivocada
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la más tradicional de las organizaciones de derechos humanos de este país, está a cargo de la representación de Masri.
La secretaria de Estado (canciller) Condoleezza Rice afirmó que las entregas son una herramienta vital en la lucha contra el terrorismo, pero aseguró que Estados Unidos no "envía a nadie a un país para ser torturado". (
