El diferendo entre los gobiernos de Argentina y Uruguay por la instalación de dos fábricas de celulosa del lado uruguayo de un río limítrofe ha llegado a la Organización de Estados Americanos (OEA).
El canciller uruguayo Reinaldo Gargano, de visita oficial en España, dijo este jueves a IPS que en la noche del miércoles habló con el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, para informarlo sobre el conflicto.
El mismo miércoles, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez envió a su ministra interina de Relaciones Exteriores, Belela Herrera, en misión oficial a Washington para entrevistarse con Insulza y transmitirle "la más alta preocupación" por la "omisión" de Buenos Aires en asegurar el principio de la libre circulación de personas, consagrado en el artículo 22 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, afirma un comunicado librado por Montevideo.
Desde fines de diciembre, habitantes de la ciudad argentina de Gualeguaychú bloquean con el visto bueno de su gobierno los puentes internacionales sobre el río Uruguay, de administración compartida, en protesta por la construcción de las dos fábricas en la ribera oriental. Los activistas aseguran que esas industrias contaminarán el agua, el suelo y el aire de la zona.
El corte del puente que une Gualeguaychú y la occidental ciudad uruguaya de Fray Bentos cumple 20 días sin interrupciones y, río arriba, el del paso entre las ciudades de Colón y Paysandú lleva ya ocho días.
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Interrogado acerca de si se busca una mediación de la OEA, Gargano sostuvo que lo primero y más importante era que su secretario general estuviera bien y directamente informado, pues el sistema interamericano es una de las instancias a las que su gobierno piensa recurrir.
El otro ámbito de la ofensiva diplomática uruguaya es el Mercosur (conformado también por Brasil y Uruguay).
Antes de partir a Washington, Herrera remitió al canciller argentino Jorge Taiana una carta solicitando el inicio formal "de negociaciones directas de acuerdo a las disposiciones previstas en el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el Mercosur", Mercado Común del Sur, señala el comunicado del gobierno de Uruguay.
Montevideo reclamará en esa instancia contra Argentina por violar la libre circulación "en contravención de la normativa del Mercosur", dijo Gargano.
El bloqueo de los activistas está comenzando a dañar el intercambio comercial bilateral y el de otros países, como Chile, el turismo y el suministro de diversos productos. Buenos Aires se basa en su política de no reprimir las protestas sociales para dar luz verde a la intensificación de los bloqueos.
El mismo miércoles no pudieron pasar el puente de Fray Bentos camiones que llevaban carne vacuna a Chile, uno de los principales productos de exportación de Uruguay, ejemplificó Gargano. Ese paso cortado es el que lleva a las rutas de acceso a Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú.
La Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional (Catidu) de Uruguay decidió emprender acciones legales contra el gobierno argentino por las pérdidas que ocasionan para sus asociados la retención de camiones en la frontera, dijo Gargano.
El canciller subrayó que los camioneros no sólo sufren daños económicos sino también "un daño humano", pues están retenidos en condiciones "prácticamente infrahumanas".
El gobierno argentino asegura que Montevideo violó el Tratado del Río Uruguay, al autorizar a las transnacionales Botnia, de Finlandia, y Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE), a emplazar sendas fábricas sobre ese curso de agua sin consultar a Buenos Aires.
El miércoles, el Senado de Argentina respaldó al Poder Ejecutivo en una eventual denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, "en caso de resultar necesario".
Durante su fugaz paso por Madrid, Gargano no se reunió con ejecutivos de la firma ENCE ni el tema formó parte de su agenda con la cancillería española. Ante la ausencia de su par, Miguel Ángel Moratinos, el funcionario uruguayo fue recibido por el secretario de Estado de Relaciones Internacionales y para Iberoamérica, Bernardino León.
Fuentes de ENCE se negaron a responder la pregunta de si consideran necesaria y posible una negociación entre Uruguay y Argentina. Con una inversión de 600 millones de dólares, su fábrica tendrá capacidad para producir 500.000 toneladas de celulosa.
La planta de la finlandesa Botnia será de las más grandes del mundo, pues producirá 1,5 millones de toneladas, con inversiones estimadas en 1.200 millones de dólares.
Ecologistas de Argentina y Uruguay afirman que las fábricas liberarán sustancias peligrosas, como residuos organoclorados, dióxidos de sulfuro, nitrógeno y fósforo..
El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay, Mariano Arana, dijo a la radioemisora uruguaya 1410 AM Libre que las plantas no dañarían la calidad del aire ni el agua del río.
"Si yo tuviera la menor duda de que esto puede perturbar el medio ambiente y la salud humana, particularmente de aquellos sectores más desprotegidos, no estaría en este Ministerio ni defendiendo el tema con el énfasis con el que lo defiendo", aseveró.
A menos que los dos gobiernos se sienten a negociar en búsqueda de una solución, el diferendo empieza a transitar caminos internacionales, desde el Mercosur al tribunal de La Haya, pasando por la OEA.
