María Jerez recuerda a su primera hija, que ahora tendría 17 años. Dice que la entregó recién nacida a religiosas católicas de la provincia argentina de Santiago del Estero a cambio de una promesa de vivienda. Pero el obispado local rechaza de plano la acusación.
"Las monjas me dijeron que le conseguirían padres. Muchas chicas les dan sus hijos. Mi hermana ha dado como cinco niños", agrega la mujer con naturalidad.
El testimonio de Jerez es apenas uno de los ocho casos de presunta sustracción de menores a mujeres pobres en la ciudad santiagueña de Añatuya, según una denuncia penal en la que se involucra a integrantes de la Orden de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul y a responsables del obispado de la Iglesia Católica del lugar.
Jerez, como las otras mujeres que declararon en un programa de televisión difundido esta semana, se muestra indolente, como si estuviera resignada. Tampoco explica ante cámaras la razón de tamaña actitud y sólo comenta que no reclamó a la niña porque formó una nueva pareja y tuvo otros hijos.
Pero el vicario general del obispado de Añatuya, Hernán González Cazón, en conversación telefónica con IPS, señaló que los testimonios de estas mujeres constituyen "una calumnia muy sucia".
También aseguró que la idea de que exista una estructura de amparo del obispado, en un asunto de esta naturaleza, es "falsa e injusta".
González Cazón, quien trabaja desde hace 20 años en esa diócesis, elogió la tarea que realizan las monjas que atienden hogares de ancianos, de jóvenes y hospitales. "Ojalá la denuncia se investigue a fondo, porque aquí estamos todos muy dolidos", admitió el sacerdote.
Santiago del Estero, ubicada en el centro de la región norte de Argentina, es una de las provincias más pobres del país, con 60 por ciento de su población en esa situación, más de 20 por ciento por encima del promedio nacional. En las zonas rurales, incluso este indicador trepa aún más, con múltiples casos de desnutrición infantil.
En Añatuya, donde viven unas 25.000 personas, hay sólo un hospital, sin sala de terapia intensiva y ni siquiera médico anestesista permanente para atender a numerosas familias que viven en la pobreza y en la indigencia.
Esta denuncia es otro golpe para la comunidad católica local, ya afectada por otros escándalos en los que fueron involucrados distintos prelados, en el marco de una convulsionada situación política que llevó a la intervención del gobierno nacional en 2004 y el desplazamiento de Carlos Juárez y su esposa Nina Aragonés tras cuatro décadas de ejercer el poder absoluto.
La Iglesia tuvo duros enfrentamientos con el derechista matrimonio Juárez.
A comienzos de este mes y a raíz de una denuncia por "abuso deshonesto" contra una mujer de 24 años, fue detenido el actual obispo de Añatuya, Adolfo Uriona, de tendencia política progresista y vinculado a organizaciones sociales.
Uriona recibió un fuerte respaldo de la jerarquía católica nacional, que consideró la denuncia un intento para desprestigiarlo.
El año pasado renunció Juan Carlos Maccarone al cargo de obispo de Santiago del Estero, a raíz de la difusión de un video en el que se lo ve manteniendo relaciones sexuales con un hombre, quien adujo que fue obligado por el prelado a cambio de gestionar una pensión para su madre.
Esta nueva denuncia sobre supuesto tráfico de bebés fue presentada a la justicia por la Fundación Adoptar, una organización no gubernamental ubicada en la vecina provincia de Tucumán y cuyo objetivo es promover, defender y difundir los derechos del niño.
La organización recibió "innumerables denuncias de Añatuya", dijo a IPS el director de la Fundación, Julio Ruiz.
Un dirigente humanitario y un periodista de la zona afirman que el tráfico de niños y niñas amparado por la Iglesia es una modalidad corriente en la provincia desde hace 40 años. Justamente, el Superior Tribunal de Justicia provincial ordenó el año pasado una auditoria sobre la justicia civil de Añatuya por la gran cantidad de adopciones en el distrito.
"Entiendo que el número da alto porque aquí también se considera adopción cuando un familiar se hace cargo del niño abandonado por sus padres", justificó el vicario González Cazón. Pero, por lo visto, la cabeza del poder judicial provincial sospecha de este número.
Luis Santucho, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de Santiago del Estero, asegura que podrían llegar a 25.000 los casos de adopción irregular registrados en las cuatro décadas en las que gobernó la provincia con mano de hierro la familia Juárez.
El periodista Aldo Sanagua, de Añatuya, también sostiene que serían "miles" los casos de sustracción de menores que nunca fueron denunciados. Asegura, además, que debido a sus investigaciones al respecto fue amenazado de muerte y hace dos semanas recibió una fuerte golpiza por parte de desconocidos.
Las denuncias de la Fundación Adoptar se centran en el obispo Antonio Baseotto, quien estuvo en Añatuya de 1978 a 2004 en distintos puestos hasta que fue designado vicario castrense por el Vaticano, cargo del que fue separado en 2005 por el presidente Néstor Kirchner por denostar al ministro de Salud, Ginés González García, y su política de educación sexual.
Uno de los testimonios recogidos por la Fundación que toca más de cerca a Baseotto es el de su chofer, Bernardo Jara, un empleado del obispado desde hace 30 años que confesó haber anotado como propia a una niña recién nacida hace 22 años. Sostiene que el obispo estaba al tanto de la adopción ilegal y la amparaba.
También Jerez afirma que su hija perdida está en Buenos Aires "con una hermana de Baseotto", según le informaron las religiosas a la que se la entregó siendo bebé.
Sin embargo, el vicario González Cazón dijo a IPS que la vinculación del presunto tráfico de menores con Baseotto resulta "forzada".
Ruiz indicó que IPS que, según los datos recogidos, "la organización contaba con gran infraestructura y no podía funcionar sin el conocimiento del obispado". "Nunca habíamos escuchado algo tan aberrante, por cada bebé que tenían las mujeres les iban construyendo una pared, les daban un lavarropas, o una heladera", afirmó.
Pero para el vicario de Añatuya, Ruiz "desconoce" la provincia, subestima a su población y es injusto respecto de la labor de servicio que realizan las religiosas desde hace décadas.
Los casos llegaron a la Fundación Adoptar por un defecto en el sistema de telefonía gratuita que administra en Tucumán para recibir denuncias sobre maltrato de niños en el país. Desde hace un año y medio, las llamadas hechas desde Añatuya se filtraban a esa organización.
A partir de esos indicios, la Fundación se trasladó a Añatuya y recogió testimonios de mujeres, que fueron presentados en octubre en una denuncia ante la justicia federal, que en diciembre la derivó a un tribunal provincial.
También Ruiz acudió en tres oportunidades a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, creada para buscar a niños y niñas desaparecidas durante la dictadura (1976-1983), pero no recibió la atención que esperaba, según dijo, y se limitó a emitir un breve comunicado de respaldo a la pesquisa.
"Apoyamos todo lo que se haga en cualquier lugar del país y del mundo en salvaguarda de los niños y del maternal derecho de sus padres a su crianza y atención desde el nacimiento", señaló la organización humanitaria.
En este marco, Ruiz apoyó la presentación de algunos de los testimonios en el programa periodístico Informe Central, que se emite por el canal de televisión por aire América.
En el informe emitido el lunes pasado se vio a Yolanda Vázquez asegurar que hace 10 años fue al hospital de Añatuya con su bebé de siete meses desnutrido y lo dejaron internado, mientras sus otros hijos quedaron al cuidado del mayor. Mientras estaba en el sanatorio afirma que se llevaron a dos de los menores de su casa y luego también desapareció el bebé.
"Me dijeron que fuera a ver al abogado Rolando García —acusado en varios testimonios como uno de los intermediarios en el tráfico— y él me mandó con las monjas. Cuando les pregunté a ellas me dijeron que los chicos estaban bien, con una familia de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires", aseguró la mujer.
Este fue el único testimonio al que se refirió González Cazón en la entrevista con IPS. El religioso aseguró conocer el caso y dijo que a Vázquez le fueron retirados legalmente sus hijos porque estaban en estado de abandono y desnutrición.
