El Congreso legislativo de Perú investigará a la niña de los ojos de los inversionistas extranjeros en este país: el gasoducto de Camisea tendido desde el yacimiento enclavado en el corazón de la selva amazónica hasta el océano Pacífico, con un costo de 1.600 millones de dólares.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, Walter Alejos Calderón, anunció que citaría al ministro de Energía y Minas, Glodomiro Sánchez, para que explique por qué el consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP) utilizó tuberías sobrantes y en mal estado para la construcción del gasoducto de 720 kilómetros.
En representación del Cuzco, región sureña donde se encuentran los dos yacimientos en ambas márgenes del río Urubamba, el congresista Juan Manuel Figueroa se ha sumado al pedido de que el ministro informe sobre las medidas que ha adoptado contra TGP.
Las reacciones de los legisladores responden al informe técnico sobre las condiciones de explotación del gas de Camisea, divulgado por la consultora independiente E-Tech International al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que fue financiador del proyecto, en el marco de una audiencia pública en Washington.
El reporte señala que TGP, en su apresuramiento por cumplir con la fecha de entrega de la obra estipulada en el contrato con el Estado peruano, vulneró normas y estándares internacionales para el tendido de la tubería.
El autor del estudio de E-Tech International es el experto Carlos Salazar Tirado, quien entre 2003 y 2004 trabajó para la compañía argentina Techint, una de las socias del consorcio TGP, junto con la también argentina PlusPetrol y la estadounidense Hunt Oil.
De acuerdo con Salazar Tirado, si bien debían utilizarse tubos nuevos para la habilitación del gasoducto, Techint prefirió emplear sobrantes de tendidos realizados en Brasil y Ecuador y que sufrieron corrosión por estar expuestos a la intemperie, además de otros daños al ser transportados a Perú.
El reporte técnico señala que los cuatro derrames de gas líquido ocurridos en menos de un año de explotación obedecieron al mal estado de las tuberías y a las soldaduras mal hechas por empleados sin entrenamiento especializado.
Salazar efectuó una investigación de campo para elaborar el informe de E-Tech. Señala que las mismas anomalías darían pie a otros seis accidentes a corto plazo en las zonas críticas de las tuberías, la mayoría en la selva amazónica.
En un comunicado emitido este martes, TGP desmintió el reporte "que de manera irresponsable y carente de todo sustento alarma a la opinión pública". Sostuvo que las tuberías utilizadas eran nuevas y se encontraban en perfecto estado y que el personal técnico y de obra era muy calificado.
"Los informes de las roturas hasta ahora investigadas por laboratorios especializados independientes concluyen que la calidad de las tuberías involucradas y sus soldaduras no han tenido ninguna relación con la rotura", añade el texto, sin explicar las razones de los derrames.
"Aquí sólo hay dos opciones: o TGP garantiza la distribución y buena ejecución del transporte de gas, o se paralizan las obras, lo que sería catastrófico", dijo a IPS Alejos Calderón.
Cuando se produjo el último derrame, el 24 de noviembre de 2005, y el gobierno peruano multó con 915.000 dólares a TGP, el ministro Sánchez expresó su preocupación por el récord de accidentes y se refirió a las implicancias que tendría una eventual revisión del contrato.
TGP respondió con anuncios del mejoramiento del control de daños y una vigilancia constante de la tubería, además de una inversión adicional de 300 millones de dólares. Pero el reporte de E-Tech International podría ser el principio del cambio de relación entre el Estado peruano y el consorcio.
"Estoy aquí en el Cuzco y he sido informado de una quinta ruptura del gasoducto en el kilómetro 157", dijo a IPS el legislador Figueroa.
"Este nuevo incidente coincide con el informe que la consultora norteamericana (E-Tech) presentó al BID. Esta situación es el resultado a los oídos sordos del gobierno cuando le reclamamos una auditoría a las tuberías que supuestamente deberían tener una vida de 20 años. Y en menos de un año, se han sumado cinco derrames. Creo que se debe revisar el contrato con el consorcio", sostuvo.
En un escueto comunicado ante el requerimiento de IPS, TGP rechazó la versión del quinto accidente. "El sistema de transporte por ductos es normal, no ha habido ningún derrame", sostuvo el consorcio.
El parlamento discutirá este miércoles el informe para luego convocar al ministro e iniciar una investigación, en caso de que no sean satisfactorias las respuestas del gobierno, dijo Alejos Calderón. El legislador no descartó que el Congreso recomiende revisar el contrato.
"La reformulación del contrato es una opción, que puede implicar el cambio de tuberías por otras nuevas, o construir otro gasoducto. También se puede plantear una penalidad a TGP. La rescisión del contrato es muy difícil, porque las obras están concluidas", explicó a IPS.
Pero el legislador advirtió que un nuevo tendido de tuberías tendría graves consecuencias.
"Volver a construir el gasoducto significaría eliminar todo lo hecho, y probablemente paralizar la producción y distribución del gas", arguyó. "En este momento ya existen poblaciones que reciben canon gasífero y regalías. Todo quedaría paralizado, sería regresar a un punto cero. Por eso considero que es necesario buscar una solución intermedia".
El gobierno estima que el canon pagado en 2005 a la región del Cuzco por el gas extraído de Camisea fue de 49,6 millones de dólares, la más alta del país por ese concepto. Casi tres cuartas partes de la población cuzqueña es pobre.
De las regalías obtenidas por la venta del gas de Camisea, el Fondo de Defensa Nacional debería recibir unos 2.000 millones de dólares entre 2004 y 2020, para la modernización de equipos y armamentos de las Fuerzas Armadas.
El informe de E-Tech International no incluye un reporte sobre el impacto de los derrames de gas líquido en las comunidades nativas afectadas.
Lily La Torre, directora de Racimos de Ungurahui, una organización no gubernamental que se dedica a la protección de las etnias de la Amazonia, dijo a IPS que el reporte de la consultora "refleja lo que siempre hemos advertido sobre las consecuencias de una obra que no ha sido supervisada adecuadamente".
La Torre destacó que la preocupación del Estado se concentra en que el gasoducto funcione a la perfección, "pero se despreocupa y olvida de las comunidades nativas afectadas por las roturas de las tuberías".
"El Estado debe inmediatamente revisar el contrato con TGP", dijo. "El BID también debe intervenir presionando al consorcio para que cumpla con la ley".
Marlene Canales, de la Asociación Interétnica de Defensa de la Selva Peruana, coincidió con La Torre.
"Exigimos desde hace tiempo una auditoría ambiental porque teníamos conocimiento de que laboraba personal no capacitado. Hoy se ha comprobado nuestra información", señaló a IPS.
"El Estado debe plantear la revisión del contrato. Solicitamos hace mucho tiempo que se paralizaran las obras hasta que existiera una auditoría ambiental".
Mientras los problemas de Camisea pueden complicar el futuro de la explotación gasífera, el presidente Alejandro Toledo inauguró una planta transformadora de vehículos a gas y anunció la pronta distribución de ese combustible en los hogares de Lima, un sueño que podría disiparse como el gas que se escapó por las tuberías dañadas.
