La censura de prensa reapareció en Venezuela de la mano de un juez penal que prohibió a los medios informar sobre la vida de quien es presentado como testigo clave en el asesinato del fiscal Danilo Anderson, así como que ventilen lo que pueda trascender del expediente.
Organizaciones que velan por la libertad de expresión protestaron por la medida del juez Florencio Silano, quien acogió un pedido del Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, para proteger a su testigo, Geovanni o Yovanny Vásquez, un supuesto psiquiatra y agente doble de la policía y los paramilitares de Colombia
"No podemos generalizar a partir de un caso y decir que hay una escalada de censura, pero se trata de una decisión sin precedentes porque no es un veto a un periodista ni se cierra un medio en particular, sino que se mete a todos en un mismo saco, es tremendo", comentó a IPS el profesor universitario de periodismo Andrés Cañizález.
En el pasado hubo en Venezuela casos de censura previa, como la que se aplicó a periódicos que informaban sobre el fallido alzamiento militar que lideró en 1992 el ahora presidente Hugo Chávez, pero es la primera vez que la prohibición se extiende de manera general e indeterminada a todos los medios de comunicación.
El caso no trata un crimen más entre muchos, sino el asesinato, con un potente explosivo colocado bajo su auto el 18 de noviembre de 2004, del fiscal Anderson, investigador de empresarios, políticos y otras figuras sindicadas de participar en el frustrado golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002.
Anderson fue sepultado con honores parecidos a los de un jefe de Estado, y afiches en las calles y murales en barriadas muestran su efigie, pintada junto con la inscripción "la vida por la verdad", por seguidores de Chávez que le han convertido en un ícono.
Poco después del crimen fueron aprehendidos los ex policías Juan, Rolando y Otoniel Guevara, emparentados entre sí, como ejecutores materiales, y a fines del año pasado se les condenó a largas penas de prisión.
Respecto de la autoría intelectual, decenas de declaraciones de funcionarios, comenzando por el vicepresidente José Vicente Rangel, la colocaron en "golpistas de oposición", hasta que a comienzos de 2005 un amigo de la infancia de Anderson señaló una red de extorsión que operaba en el entorno del fiscal asesinado.
"La investigación ha revelado que existían dos grupos de abogados. Uno que servía de enlace entre las personas con dinero (que podrían ser imputadas por apoyar el golpe de 2002) y otro que estaba vinculado con Anderson, el cual supuestamente pedía dinero a los potentados a cambio de que no fueran perseguidos", admitió hace un año el ministro del Interior y portavoz gubernamental sobre el caso, Jesse Chacón.
Por entonces, Rodríguez acusó a policías ex compañeros de los Guevara de "barajar las piezas" del expediente, y meses después anunció que figuras "sorprendentes" serían los autores intelectuales, con base en las afirmaciones de un testigo clave de cuyo testimonio confiaba "en un 85 por ciento".
Ya a fines del año pasado fueron señalados como organizadores del asesinato Nelson Mezerhane, banquero y copropietario de una emisora de televisión de noticias, Eugenio Añez, general retirado de la Guardia Nacional, Salvador Romaní, hijo de un cubano anticastrista, y Patricia Poleo, editora del diario opositor El Nuevo País.
Los tres primeros estuvieron detenidos durante varias semanas a fines de 2005 y luego fueron dejados en libertad para ser juzgados, mientras que Poleo está prófuga y la semana pasada fue vista en Lima, donde declaró a la televisión.
Vásquez, cuyo testimonio sirvió para condenar a los Guevara y procesar a los restantes, fue presentado por la Fiscalía como un psiquiatra colombiano de 36 años que dijo actuar como doble agente de la policía de su país y de grupos paramilitares derechistas, y haber participado en reuniones donde se decidió matar a Anderson.
Un juez prohibió juzgar a Vásquez y le protegió como testigo, luego que éste dijo haber transportado el explosivo que mató a Anderson.
Posteriormente, diarios opositores como El Nacional y la televisora de noticias Globovisión, donde es accionista Mezerhane, informaron profusamente sobre un cúmulo de datos que serían falsos en la hoja de vida de Vásquez, y trascendidos de sus declaraciones.
Los supuestos datos falsos ventilados por esos medios serían su carácter de impostor como médico, o de agente de la policía colombiana e incluso paramilitar, así como contradicciones en fechas de reuniones y perfiles de los presuntos complotados.
Por ejemplo, se publicó un informe gubernamental colombiano según el cual, en la fecha en que Vásquez dijo participar en Panamá en una reunión de los complotados para matar a Anderson, en realidad estaba preso en una cárcel de Colombia.
Rodríguez sostuvo que se trataba de "una campaña de descalificación de la sentencia condenatoria a los autores materiales, y de la investigación contra los presuntos autores intelectuales", y pidió a Silano "evitar los abusos de la libertad de expresión".
Silano ordenó al ente regulador de las telecomunicaciones, Conatel, que investigue la conducta de los medios, sin especificar en su mandato si abarcaría también impresos, que no se rigen por las leyes que marcan al sector audiovisual.
En Venezuela reaccionaron contra la medida el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, el Colegio de Periodistas, el empresarial Bloque de Prensa.
Cañizález, co-redactor desde 2003 de un informe anual sobre la libertad de expresión, advirtió el riesgo de que la decisión de Silano sirva como precedente jurídico cada vez que se desee silenciar el tratamiento de un caso al mismo tiempo en todos los medios.
En la acera oficialista, Marcos Hernández, de la organización no gubernamental Periodistas por la Verdad, discrepó de la decisión del juez porque, sin bien "ha habido un abuso por parte de algunos medios con la publicación de actas que están dentro de un sumario", la vía no es coaccionar a los periodistas sino que la Fiscalía investigue a los medios".
El periodista y diputado oficialista Earle Herrera consideró que algunos medios "actúan con hipocresía" en este caso, pero defendió el derecho de los periodistas a publicar los informes que consiga incluso cuando provengan de un expediente.
Para Alberto Ravell, director de Globovisión, "este 24 de enero, cuando Conatel nos ha notificado la prohibición, será recordado como un día muy triste para la democracia, el día en que se establece la censura previa".
Según Teodoro Petkoff, un político opositor que dirige el vespertino caraqueño Tal Cual, "estamos ante un ataque frontal a la libertad de expresión, no con censores provistos de lápices rojos, a la usanza antigua, sino con tribunales".
El ministro de Información, Yuri Pimentel, dijo que el linchamiento mediático es una práctica odiosa y violatoria de los derechos humanos. El juez considera que la prensa obstruye la justicia. Quien no esté de acuerdo, debe apelar".
El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), Nicolás Maduro, repudió la campaña de los medios, porque "pretende sustituir a los organismos de administración de justicia".
En la patronal Sociedad Interamericana de Prensa, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, el guatemalteco Gonzalo Marroquín, calificó la medida como "primer caso de censura previa" en Venezuela, y predijo que habrá nuevas medidas.
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras condenó la prohibición dictada por Silano, considerándola "una coartada jurídica para otro arreglo de cuentas del gobierno con la prensa privada", en alusión a los choques que por años ha sostenido con los medios privados el presidente Hugo Chávez.
