Los arrestos por motivos políticos en Cuba continuaron aumentando durante 2005, dijo una organización opositora que también admitió un «cuadro positivo» en materia de derechos a la salud, la educación y a la seguridad y asistencia sociales.
"Para decir las cosas como son, ciertamente esos derechos están garantizados", dijo a IPS Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), organización no reconocida por el gobierno que emite cada seis meses un informe sobre la situación humanitaria en este país.
El reporte, que comenzó a circular el martes en La Habana, indica que en comparación con el primer semestre de 2005 la cantidad de personas que guardan prisión "por motivos políticos" creció de 306 a 333 "casos documentados".
Las autoridades cubanas rechazan que esos encarcelados sean presos políticos y los catalogan de contrarrevolucionarios, mientras consideran a los opositores "mercenarios" a sueldo del "imperio" envueltos en planes para desestabilizar a Cuba.
El estudio de la CCDHRN estima que el "aumento neto" de las detenciones "es coherente con el sostenido empeoramiento de la situación de derechos civiles, políticos y económicos de Cuba, especialmente durante el pasado año, en que fueron condenadas o procesadas otras 53 personas" por esas causas, reseñó el documento.
El informe incluye los nombres de las 333 personas que cumplen sanción o se encuentran a la espera de juicio, con fecha de arresto, cargos que se les imputan y condenas, en el caso de que las tengan.
Según el informe, la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, considera prisioneros de conciencia a 80 presos cubanos, cuyos nombres se incluyen en una lista anexa. El grupo comprende a los 75 opositores condenados en 2003 a severas condenas bajo cargo de conspirar con Washington para desestabilizar al país.
La lista menciona a 12 excarcelados por razones de salud que, de acuerdo con la "licencia extrapenal" que se les aplica, "siguen cumpliendo sus altas condenas y pueden ser regresados a prisión en cualquier momento sobre la base de una simple decisión policial", señaló Sánchez.
En similar situación se encuentran cuatro ciudadanos en libertad condicional, que "por la propia vulnerabilidad en que se encuentran es razonable seguir considerándoles como personas que cumplen condenas por motivos de conciencia", consideró el informe de la CCDHRN.
La liberación en diciembre pasado de Mario Enrique Mayo elevó a 15 los opositores del grupo de 75 presos que han sido liberados con licencia extrapenal, de los cuales tres fueron autorizados a salir de Cuba en 2005: Raúl Rivero, Manuel Vásquez y Osvaldo Alfonso.
La Comisión afirmó que durante el segundo semestre de 2005 se hizo más evidente la tendencia a encarcelar disidentes bajo el cargo de "peligrosidad predelictiva", que permite penas de hasta cuatro años de prisión.
Esta figura, "por su propia definición, no supone que la persona cometa un delito específico para ser encarcelado luego de un proceso muy sumario, siendo suficiente que la policía considere que dicha persona pudiera cometerlo en el futuro", explica la Comisión.
En la lista de detenidos figuran los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, sentenciados a pena de muerte por terrorismo en 1998, y cuyos casos aún se encuentran pendientes de apelación ante el Tribunal Supremo.
Ambos ciudadanos estuvieron involucrados en varios atentados con bombas contra instalaciones turísticas cubanas, uno de los cuales costó la vida al joven italiano Fabio Di Celmo.
Un tercer caso pendiente de aplicación de la pena capital mencionado por la Comisión es el de Humberto Eladio Real Suárez, arrestado el 15 de octubre de 1994 y enjuiciado por actos contra la seguridad del Estado, asesinato y disparo de armas de fuego.
La Comisión consideró que los "actos de repudio" realizados por partidarios del gobierno contra opositores en el período de seis meses observado constituyen "una forma parapolicial de represión e intimidación contra pacíficos disidentes que se atreven a expresar su desacuerdo con la situación que prevalece en Cuba".
Luego del discurso del presidente Fidel Castro del 26 de julio, "han tenido lugar más de medio centenar de estos actos represivos, y es muy posible que sigan ocurriendo a lo largo de 2006", indicó el informe de la Comisión, firmado por Sánchez y Carlos J. Menéndez.
En esa ocasión, el mandatario cubano advirtió que el pueblo respondería "cuantas veces sea necesario" a lo que consideró provocaciones de "traidores y mercenarios" envueltos en los planes del presidente estadounidense George W. Bush para promover la subversión en Cuba.
"Los jefes de la Oficina de Intereses (de Estados Unidos en Cuba, SINA, por sus siglas en inglés), han asumido directamente la jefatura de los grupos mercenarios a los que, por diversas vías y pretextos, suministran elevados ingresos personales en divisas convertibles", afirmó Castro.
La SINA ha negado, en más de una ocasión, tales cargos y afirma que el apoyo de esa oficina a los "activistas cubanos a favor de la democracia" consiste en facilitar el acceso a información sin censura y a la red mundial de computadoras (Internet) y la realización de videoconferencias sobre transición política.
"La publicitada disidencia o supuesta oposición no existe más que en la mente calenturienta de la mafia cubano-americana y de los burócratas de la Casa Blanca y el Departamento de Estado", insistió Castro en su discurso por el Día de la Rebeldía Nacional.
La CCDHRN confecciona sus informes cada seis meses a partir de la confirmación de cada caso con fuentes familiares.
En esta oportunidad, por primera vez en muchos años, reconoció Sánchez a IPS, el estudio matiza su análisis de la situación del país y reconoce que "el gobierno de Cuba continúa garantizando ciertos servicios sociales en virtud de los cuales es notorio y plausible que existen escuelas y maestros para todos los niños".
A la vez, "cuando un ciudadano tiene problemas de salud, puede acceder a un médico de manera relativamente expedita, a pesar de las persistentes limitaciones en cuanto a materiales escolares, medicamentos y otros medios", señaló.
La Comisión viene solicitando su registro legal en Cuba desde 1987. En 1990 recibió el Premio por la Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa, y en 1991 el Premio Internacional de la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
