El proyecto de ley de Gestión de Bosques Públicos divide opiniones en Brasil, pero es la gran apuesta para reducir la deforestación del Ministerio de Medio Ambiente y de la mayoría de los ambientalistas, que luchan por su rápida aprobación en el Senado.
Es un instrumento clave para consolidar la tendencia lograda este año de abatimiento de la tala de árboles en la Amazonia, según la titular de la cartera del área ambiental, Marina Silva, quien propuso la nueva legislación en febrero de 2005 y tras un largo proceso de debates y consultas con todos los sectores interesados, investigadores y ecologistas.
El proyecto, ya aprobado en la Cámara de Diputados, permite la concesión de áreas públicas para la explotación sustentable por parte de empresas privadas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y comunidades locales, por un plazo de hasta 40 años..
Pero los opositores sostienen que su éxito es improbable. Experiencias similares en países de África y Asia no impidieron la devastación de bosques ni mejoró la vida de las poblaciones locales, según Niro Higuchi, experto en manejo forestal del estatal Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (INPA).
Es que el proyecto legal no tendrá viabilidad económica, frente a la competencia de la madera producida de modo ilegal, siempre más barata, y a la gran diversidad vegetal amazónica que enrarece los árboles aprovechables en extensas áreas, razonan otros, como el periodista Washington Novaes, ex secretario de Ambiente del Distrito Federal, que comprende a Brasilia.
Además se duda de la aplicación de una nueva ley en la vasta región amazónica, a ejemplo de lo que sucede con las legislaciones ya vigentes que no logran contener actividades ilegales como la extracción depredadora de madera, la deforestación total de áreas inmensas y los incendios.
Pero muchas empresas del sector no piensan así. "La industria de base forestal que quiere respetar la legislación necesita el proyecto (aprobado) para poder competir en pie de igualdad con los que operan en la ilegalidad o en la informalidad", afirma un manifiesto que asociaciones empresariales firmaron junto con ambientalistas, indígenas y movimientos sociales el 14 de diciembre.
En una alianza inédita, asociaciones de las industrias de madera, papel y celulosa y de exportadores de madera se unieron a ONG y movimientos sociales para divulgar el manifiesto conjunto y urgir el Senado a aprobar la ley.
La economía de base forestal necesita "condiciones estables" y garantías de larguísimo plazo para sus inversiones que exigen décadas de maduración, explicó a IPS Adalberto Veríssimo, un agrónomo que hace dos décadas acompaña la actividad maderera como investigador del Instituto del Hombre y Ambiente de la Amazonia (Imazon).
La ley de Gestión de Bosques Públicos tendrá como principal fruto la regularización de la propiedad de la tierra de gran parte de la Amazonia, "el comienzo correcto y la base legal que es punto de partida para desarrollar una economía forestal sustentable", afirmó.
La viabilidad económica y técnica de extracción sustentable de madera en la Amazonia ya está comprobada por muchos estudios y experiencias prácticas de manejo forestal, sostuvo Guilherme de Carvalho, ingeniero forestal y director técnico de la Asociación de las Industrias Exportadoras de Madera del Estado de Pará (AIMEX).
Inventarios hechos con seriedad apuntaron la disponibilidad de 15 a 40 metros cúbicos de madera por hectárea, un volumen suficiente para hacer viable la actividad, aseguró.
El sector sólo necesita "estabilidad en la legislación que le permita trabajar con un horizonte futuro", superando la inseguridad actual, para ampliar su oferta de madera certificada y contribuir así para reducir la extracción ilegal, acotó.
Respecto de las experiencias extranjeras fracasadas, señaló que la realidad mundial cambió, con los consumidores más concientes de las exigencias ambientales, y Brasil tiene características distintas, como "la legislación ambiental más rigurosa del mundo".
En la Amazonia brasileña, 76 por ciento son tierras públicas y sólo 29 por ciento ya está protegido como áreas de conservación o territorios indígenas, destacó la ministra de Medio Ambiente al justificar el proyecto de ley.
El 47 por ciento son áreas a merced de constantes invasiones por los llamados "grileiros", personas que se adueñan de tierras en general falsificando documentos, deforestándolas rápidamente para asegurar la posesión, a veces expulsando pobladores tradicionales con violencia y asesinatos.
En ese sentido, la propuesta busca evitar la privatización de esas tierras públicas y no al revés como acusan los críticos, se trata de que el Estado "reasuma el control sobre un patrimonio público", poner fin al caos y reducir la violencia, según los ambientalistas.
Los diputados alteraron la propuesta original del Ministerio, bajando de 60 a 40 años el período máximo de concesión y excluyendo empresas y ONG extranjeras de las concesiones, pero no las filiales instaladas de acuerdo a las leyes nacionales y con sede en Brasil.
Para efectivizar la inspección y aplicación más rigurosa de la nueva ley se creará el Sistema Forestal Brasileño y el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, que dispondrán de parte de los ingresos a ser generados por las concesiones de bosques públicos para explotación con manejo sustentable.
"Ninguna actividad legal puede competir con la ilegal, esa es una comparación equivocada", contrarrestó Veríssimo a los que apuntan dificultades económicas de la idea. En Brasil casi todos los sectores conviven con competencia ilegal o informal, pero no dejan de ser viables.
Actualmente es ilegal cerca de mitad de la madera extraída de la Amazonia, pero su parte tenderá a reducirse si se aprueba la ley y será "residual dentro de 10 años", vaticinó.
Además las concesiones no se limitarán a la explotación de madera, sino de otros productos forestales, como frutas, substancias medicinales y cosméticas, resinas, alimentos y aceites que exigen mantener los bosques en pié.
