El callejón al que ingresaron Uruguay y Argentina en su disputa por la instalación de dos fábricas de celulosa en la costa oriental del más largo río limítrofe parece herméticamente cerrado, como lo estuvo el principal puente que une a ambos países.
La crisis entre estas naciones, separadas por la delgada línea del río Uruguay y las turbias aguas del Río de la Plata, cobró sus primeras víctimas ciudadanas del lado argentino, con miles de turistas de ese país y centenares de inmigrantes uruguayos impedidos de cruzar la frontera por manifestantes ambientalistas.
Los bloqueos organizados por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, con la anuencia del gobierno de la oriental provincia argentina de Entre Ríos, se intensificaron en los últimos días a la par del recalentamiento de las relaciones entre Buenos Aires y Montevideo por la instalación de dos fábricas de celulosa en la costa uruguaya del río Uruguay y su amenaza de contaminación.
A los perjuicios económicos de Uruguay por el atraso e incluso la pérdida de decenas de miles de turistas argentinos —que representan alrededor de 80 por ciento de los visitantes en la temporada alta del verano austral— se suma la de centenares de emigrantes uruguayos en el vecino país que viajan para vivir la fiesta de fin de año con sus familias.
Incluso se temen posibles incidentes entre los manifestantes y los viajeros, que se acumulan desde este viernes en los bloqueos intempestivos de rutas en las cercanías de los tres puentes existentes sobre el río Uruguay. Los organizadores amenazan con extender estas drásticas protestas por varios días más, incluso semanas.
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El ministro uruguayo de Turismo, Héctor Lezcano, informó a IPS que, pese a sus intensas gestiones, el gobierno argentino no ha adoptado ninguna medida para destrabar la circulación vehícular.
El gobierno izquierdista uruguayo de Tabaré Vázquez alertó que esa modalidad de protesta atentaba contra los acuerdos de libre circulación de bienes y personas establecidos en el Mercosur (Mercado Común del Sur), que integra con Argentina, Brasil y Paraguay.
Unos 200 manifestantes argentinos mantuvieron durante todo este viernes clausurado el tránsito en la ruta de acceso al puente entre Puerto Unzué, ubicado a unos 22 kilómetros de la ciudad argentina de Gualeguaychú, y Fray Bentos, la capital del occidental departamento uruguayo de Río Negro, en cuyas proximidades se construyen ambas plantas, informó Lezcano.
En cambio, otros dos puentes ubicados más al norte sobre el mismo curso fluvial no han sufrido bloqueos, aunque también son escenario de protestas.
Los avances en la construcción de la planta de la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) y de la firma finlandesa Botnia, cuya chimenea ya se ve del otro lado del río, y la aparición de un informe favorable a la posición uruguaya elaborado por la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundial, catapultaron los reclamos desde Argentina.
"Nos preocupa que no nos den información" sobre el impacto ambiental de las dos plantas, ubicadas a unos 10 kilómetros de distancia una de otra, y su potencial amenaza de contaminar las aguas del río y el ambiente de dos ciudades importantes, se queja el representante para Asuntos Ambientales de la cancillería argentina, Raúl Estrada Oyuela.
"Al gobierno de Argentina le hemos dado toda la información disponible. Nosotros mantenemos una actitud de absoluta transparencia y de suma atención de todos los informes que vengan", responde el subsecretario de Industrias de Uruguay, Martín Ponce de León.
"No se puede ni se debe tener la soberbia o la imprudencia de decir no escucho, mucho menos en un tema que para Uruguay es nuevo como sector y como área, pero que tiene previsto impulsar con fuerza como principal motor de desarrollo del país", dijo a IPS el funcionario.
Las respuestas cruzadas de los respectivos jefes de las delegaciones técnicas que conforman la comisión binacional brindadas en las últimas horas en el mismo salón de la cancillería uruguaya marcan el callejón sin salida en el que ingresaron estos dos países, estrechamente unidos desde el fondo de la historia y cuyos gobiernos transitan por caminos ideológicos similares.
"Los presidentes son amigos y tenemos metas socioeconómicas comunes", es el comentario recurrente obtenido por IPS de fuentes del gobierno centroizquierdista argentino de Néstor Kirchner.
Pero los caminos de negociación para solucionar la peor crisis de las relaciones bilaterales en las últimas décadas se ven sellados por la intransigencia de ambas partes.
Como explicara a IPS Estrada Oyuela, estas discusiones transitan por tres vías: la técnica, de la cual es parte, la política, a través de los gobiernos, y la jurídica, que pasa por el Mercosur y puede llegar hasta la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
ENCE y Botnia ya iniciaron la construcción en las cercanías de Fray Bentos de sus respectivas plantas para producir 1,5 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa para la industria papelera a partir de 2007.
Pero la radicación de estas inversiones, que llegan a 1.800 millones de dólares, es cuestionada por Argentina, que comparte la administración del río Uruguay.
Para la obtención de la pulpa de celulosa a partir de la madera se utilizan gran cantidad de agua y varias sustancias químicas, como cloro o dióxido de cloro, soda cáustica, oxígeno o peróxido de oxígeno e hipoclorito de sodio.
Algunos de estos químicos generan organoclorados (dioxinas y furanos) muy tóxicos, persistentes y con capacidad de acumularse en organismos animales.
A pesar de que las firmas aseguran que utilizarán tecnología de última generación que minimiza el riesgo ambiental y los informes respectivos de impacto son avalados por los técnicos y el gobierno de Uruguay, los representantes argentinos piden estudios independientes e insisten en que no cuentan con toda la información necesaria.
"No dudamos de Montevideo, sino que creemos que las empresas ocultan datos esenciales", dijo con énfasis a IPS Estrada Oyuela.
La medida que exige Buenos Aires es la suspensión inmediata de las obras y que Uruguay se avenga a separar y reubicar las plantas en lugares alejados de centros poblados y del río Uruguay, indicó el funcionario argentino, para lo cual agregó que su país podría asistirlo financieramente.
Pero Ponce de León negó de plano tal posibilidad. "Ni siquiera se nos ha planteado", afirmó.
La acción de la comisión binacional técnica terminará sin acuerdo y con dos informes por separado, estiman algunas fuentes diplomáticas uruguayas. Esta instancia negociadora creada por los dos presidentes tendrá su próxima reunión el 18 de enero en Buenos Aires y la clausura de los trabajos será 12 días después en Montevideo.
Para Argentina, "éste es un ámbito de negociación" que cuando culmine en fracaso la habilitará a iniciar los trámites formales ante la Corte de La Haya. En cambio, para Uruguay es un ámbito de intercambio de información destinado a satisfacer la inquietud de Buenos Aires, dijo una de esas fuentes.
Ese sería el peor escenario posible. Montevideo lleva las de perder si Buenos Aires denuncia que echó a andar un proyecto en un río compartido sin informar a su contraparte en la Comisión Administradora del Río Uruguay.
A su vez, Argentina deberá demostrar que dicho proyecto le produce un daño. El proceso de presentación y defensa en La Haya es costosísimo y complejo, por lo que "llegar allí implica ya una decisión tomada" a favor del conflicto y no de la negociación, sostuvo la fuente.
Mientras, los bloqueos de los cruces fronterizos pueden llevar a Uruguay a una reclamación en el Mercosur, en lo que sería un segundo diferendo que se superpone y complica más las soluciones para el original (las plantas de celulosa).
Para Argentina, la suspensión de las obras es el paso previo al inicio de cualquier negociación, pero Uruguay no puede darlo, pues está comprometido por el tratado de protección de inversiones con Finlandia, ratificado en 2004 y que prevé cuantiosas indemnizaciones.
Se necesitan alternativas para desactivar el conflicto. Una de ellas es recurrir a una mediación internacional, por ejemplo, de Brasil, propuso una fuente cercana a la cancillería uruguaya.
Este es un conflicto que pone a prueba toda la prédica de la integración regional. Si se profundiza, podría paralizar los intercambios entre los dos países e inclusive afectar de modo sustancial el funcionamiento del Mercosur. Desde ese punto de vista, Brasil podría tener un gran interés en intervenir con una acción destinada a avenir a las partes al diálogo.
Al contrario que la acción de un tribunal, que puede tomar medidas precautorias como suspender las obras, y finaliza con un laudo, la mediación es un ámbito mucho más laxo, con plazos flexibles, más adecuados al problema.
Pero nada de esto está hoy en los planes del gobierno uruguayo. "Hay pocos ámbitos para formular estas propuestas", y el papel de técnicos y asesores es muy limitado, dijo la fuente.
Sin embargo, aunque la retórica amplificada por los medios se ha vuelto muy dura, ambos gobiernos pensarán dos veces si se lanzan a los litigios internacionales, por sus complejidades, demoras y costos.
* Con aportes de Diana Cariboni (Montevideo).
