Por más que se intente garantizar la privacidad de las personas portadoras del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida, ésta sigue siendo un derecho violado a diario en la mayoría de los países.
En Mauritania, por ejemplo, las mujeres necesitan del permiso de sus maridos para hacerse un análisis de diagnóstico del VIH, denunció la organización no gubernamental Médicos del Mundo este jueves, en el Día Mundial del SIDA.
En tanto, la Red Dominicana de Personas que Viven con VIH/Sida, que trabaja por la distribución gratuita de antirretrovirales, asegura que todavía se rompe la confidencialidad entre médico y paciente en República Dominicana.
La preocupación sobre la confidencialidad está latente en los debates para la creación de un registro de personas portadoras de VIH o ya enfermas de sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) en España y en las pruebas anónimas que se promueven en países de América Latina, como México.
"Este es un problema en el mundo y también en Cuba", dijo a IPS Juan Raúl Valdés, especialista de la Línea de Apoyo a las Personas que viven con VIH, un proyecto del Centro Nacional de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/Sida.
Tras la necesidad del respeto al derecho de cada persona a revelar o no su condición de seropositivo, está el estigma y la discriminación que enfrentan a diario la mayoría de los 40,3 millones de personas que viven con el virus del sida en el mundo.
En el caso cubano, "no es una situación legal de desprotección, pues la confidencialidad está recogida en todas las normas vigentes. Pero cuando uno va al fondo choca con la necesidad de develar el diagnóstico", comenta Valdés.
Así sucede para acceder a la dieta alimenticia que se entrega a precios subsidiados, la ayuda humanitaria que ofrece el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis u otros beneficios legales en materia laboral.
El sistema no establece un prerrequisito, ni es necesario declarar públicamente que se es seropositivo para recibir los beneficios otorgados, pero tampoco hay mecanismos que impidan ofrecer estas garantías sin que trasciendan a la comunidad.
Para Valdés, no es un problema. "El mensajero del mercado me trae las cosas a la casa y no me preocupa que él lo sepa". Sin embargo, reconoce, "hay personas que no han superado las consecuencias del diagnóstico y el temor a la discriminación".
Con apenas 6.827 casos detectados desde 1986 hasta el pasado 22 de noviembre, el programa cubano de prevención del sida estableció en sus inicios medidas severas para frenar la expansión del virus, como el sistema sanatorial.
"El diagnóstico público era de hepatitis B, pero una vez internados en el sanatorio todo el mundo sabía lo que teníamos", cuenta una mujer que durante casi 10 años vivió contra su voluntad en un sanatorio en las afueras de La Habana.
Esta mujer, infestada por su esposo, fue separada por las autoridades sanitarias de su trabajo, de todo lo que era su vida. "Veía a mi hijo de vez en cuando, hice lo imposible porque no lo supiera y él se enteró de todas maneras", cuenta.
Aún hoy, unas 1.900 de las 5.422 personas que viven con VIH/sida, están internadas en los 14 sanatorios que tiene este país.
Algunos residen allí por no contar con buenas condiciones de vida en su domicilio o por decisión personal y otros por el dictamen de una comisión multidisciplinaria que los consideró irresponsables con su salud y con la de los demás.
Entre las garantías que se ofrecen a las personas que se acogen al sistema de atención ambulatoria en Cuba y trabajan, está la entrega de certificados médicos por enfermedad, donde no se consigna la presencia de VIH o sida.
En países como Costa Rica, donde han sido aprobadas leyes especialmente destinadas a garantizar los derechos de las personas portadoras de VIH, también se establecen excepciones al respeto de la confidencialidad del diagnóstico.
La excepción se aplica a "efectos exclusivamente probatorios en un proceso penal o de divorcio en materia de familia".
En el nororiental estado estadounidense de Illinois, el Departamento de Salud Pública debe informar al director de una escuela si un alumno menor de 21 años es VIH positivo. El director, a su vez, notifica al personal médico y a los profesores implicados.
Al mismo tiempo, organizaciones no gubernamentales como Mujeres Líderes en Salud, de México, abogan por la creación de mecanismos adecuados que permitan informar el diagnóstico a la pareja de una persona seropositiva.
Según diversas fuentes, la una medida planteada por las activistas mexicanas es necesaria para enfrentar la creciente feminización de la epidemia. Según el Programa de las Naciones Unidas para la lucha contra el Sida (Onusida), la cantidad de mujeres afectadas por la epidemia llegó este año a 17,5 millones, un millón más que en 2003.
Estudios realizados en diferentes países de América Latina y el Caribe definen que el riesgo de infección de VIH, de no pocas mujeres, depende casi exclusivamente del comportamiento sexual de sus parejas masculinas, mayoritariamente estables.
Lo importante es que cada persona seropositiva interiorice "hasta dónde es bueno o no que se conozca" su condición, asegura Valdés.
Para el especialista de la Línea de Apoyo a las Personas que viven con VIH en Cuba, asumir la situación de portador es una forma de trabajar contra la discriminación y el estigma y la única manera posible de evitar que la epidemia siga creciendo.
A su juicio, sólo de frente y con información se evitará el miedo a negociar el uso del condón, a hacerse una prueba diagnóstica, a cuidar la salud de los demás. "Si eliminemos la discriminación y el estigma, paramos la epidemia", aseguró.
