España conmemorará este martes el vigésimo séptimo aniversario de su Constitución en vigor, la de más larga vida en su historia, con festejos y apuros que se derivan de un proceso de modificación de la misma, que se prevé para el año próximo.
Hay reformas previstas que no presentarán problemas, pero existen otras reclamadas desde el País Vasco y Cataluña, dos de las 17 Comunidades Autónomas que integran España, que antes de ser explicitadas ya han provocado reacciones tanto dentro de esos territorios como en el resto del país.
La más fuerte de esas reacciones ha sido la manifestación convocada por el centroderechista Partido Popular (PP), la más importante fuerza de la oposición, que el sábado llenó la plaza de la Puerta del Sol, ubicada en el centro de Madrid, con más de 100.000 participantes.
En ella el líder del PP, Mariano Rajoy, rechazó la demanda del Parlamento Autónomo de Cataluña de modificar su Estatuto de Autonomía, que es el que rige su relación con el resto de España, reforma en la que se consignaría que esa Comunidad es una Nación.
El PP, así como el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), rechazan esa definición y que ella se plasme en una reforma constitucional, aunque el jefe del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó estar dispuesto a negociar con los representantes del Parlamento catalán.
Rajoy, además, acusó públicamente a Zapatero de impulsar "la fragmentación" de la nación española y de violar el espíritu de la ley fundamental, cuyo artículo 3 establece que "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles".
Acusación que se basa en que el jefe del Poder Ejecutivo dialogó y se manifestó dispuesto a continuar conversando con los representantes del Parlamento catalán.
De alguna manera, el dirigente del PP recibió este lunes un respaldo a sus críticas, con la confirmación del socialista y presidente del gobierno autónomo de Cataluña, Pasqual Maragall, de que defenderá el proyecto del nuevo Estatuto, en el que Cataluña dice de forma "clara", especificó, que "somos una nación".
Una nación "con identidad nacional, personalidad propia, lengua, cultura y derecho civil propio", detalló.
Pero también desde el País Vasco se reclama un nuevo estatuto que amplíe las facultades de su gobierno y de su parlamento, sin dejar de lado su exigencia de que se reconozca su carácter de Nación y el derecho a la autodeterminación.
Tanto el PSOE como el PP están de acuerdo en modificar la Constitución, pero en ningún caso aceptar las demandas nacionalistas sino para otros temas, que por ahora son cinco explicitados.
Uno es para cambiar el artículo 57, que establece que para heredar la Corona siempre tendrá preferencia un varón sobre una mujer, lo que hará que Juan Carlos I sea reemplazado por su hijo, el príncipe Felipe, aunque este es menor que sus dos hermanas.
El consenso entre los partidos mayoritarios es mantener al príncipe Felipe como heredero de la Corona, pero modificar la Constitución para que su sucesión contemple la igualdad de género y la herede su hija Leonor, nacida este año, aunque después tenga un hijo varón.
Otras reformas sobre las que también hay acuerdo es la que afectará al Senado, para convertirlo en una cámara representativa de las Comunidades Autónomas, otra que reconocerá a la Constitución Europea y la quinta para introducir los nombres de todas esas comunidades, ya que en la actualidad solamente se menciona a las provincias vascas.
Zapatero incorporó el viernes otra propuesta de modificación que considera necesaria, como es quitar la denominación "disminuidos" para referirse a personas con problemas físicos o psíquicos para ser reemplazada por "discapacitados".
Hay otros cambios que previsiblemente no serán discutidos, como la referencia al servicio militar obligatorio, ya que éste fue anulado hace una década y sin necesidad de reformar la Constitución.
El jurista y ex diputado nacionalista catalán Miquel Roca Junyent, hoy dedicado a la abogacía y al profesorado universitario, cree que la conflictividad actual es el impulso nacionalista para reformar el modelo autonómico, sin tener en cuenta que el nivel de competencias de esos gobiernos "es absolutamente equiparable con los desarrollos más federalistas de nuestro entorno".
Las Comunidades Autónomas y en especial las del País Vasco y Cataluña, cuentan con más competencias que los estados federados de Alemania, Estados Unidos o Brasil y, según los expertos, solamente los de Canadá tienen mayores competencias.
Por eso, Roca Junyent entiende que las cuestiones de competencia "dejan paso a planteamientos mucho más ambiciosos que, de hecho, vienen a cuestionar el propio ser de España como Estado".
Asimismo, sostuvo que toda reforma debería hacerse con el mismo espíritu y consenso que hizo posible la Constitución de 1978, cuyo aniversario se conmemora este martes.
Muerto el dictador Francisco Franco en noviembre de 1975, tras gobernar desde 1939, y reemplazado en la jefatura del Estado por el rey Juan Carlos, en junio de 1977 se celebraron los primeras elecciones democráticas, que ganó el centrista Adolfo Suárez.
Apenas instalado el Parlamento elegido en esos mismos comicios, se designó una Comisión Constitucional integrada por representantes de todas las fuerzas políticas..
Ese cuerpo fue integrado, entre otros, por el ex ministro de Franco, Manuel Fraga Iribarne, fundador de lo que después derivó en el PP, Miguel Herrero de Miñón, Gabriel Cisneros y José Pedro Pérez Llorca, del partido liderado por Suárez, Miquel Roca y Jungent, del partido catalanista, Gregorio Peces Barba (del PSOE) y Jordi Solé Tura, por el Partido Comunista.
Los nombrados, que serían conocidos históricamente como "los padres de la Constitución", sesionaron de agosto a diciembre de 1977 y después de lograr un texto consensuado lo publicaron el 5 de enero de 1978 en el Boletín Oficial del Estado.
A partir de entonces se discutió en el Parlamento, donde se analizaron 3.200 enmiendas hasta aprobar ese articulado el 21 de Julio. A continuación se convocó un referéndum el l 6 de diciembre de 1978, en el que votaron 17.800.000 ciudadanos, 87,9 de los cuales ratificaron la ley fundamental.
