La situación de los derechos humanos en Venezuela registró una mejoría general el último año, aunque con retrocesos al lado de los avances, según informes entregados este viernes por organizaciones no gubernamentales.
"El clima de bonanza petrolera se tradujo en una mejor observación de derechos económicos y sociales, y la menor conflictividad política acompañó una mayor democratización de la sociedad", dijo Carlos Correa, coordinador de Provea, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.
Desde hace 17 años Provea registra el cumplimiento o la violación de derechos económicos y sociales junto con los civiles y políticos, con mediciones que van de octubre a septiembre.
En el último período analizado, Provea registró 162 denuncias de violación del derecho a la vida, lo que significa un descenso de 30 por ciento con relación al año precedente, y 81 por ciento de las víctimas correspondió a ejecuciones (denuncias documentadas de personas abatidas por la policía sin enfrentamiento o en simulacro de enfrentamiento).
"Se mantuvo la simulación de enfrentamientos, la descalificación de la víctima, y la amenaza u hostigamientos a testigos y a familiares de las víctimas. Trece por ciento eran niños, niñas o adolescentes", señaló el informe.
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Paradójicamente, la policía "científica", el cuerpo de detectives que trabaja en pesquisas judiciales, es objeto de la mayor cantidad de denuncias por sexto año consecutivo, con 57 abatidos con la participación de sus agentes.
Otra organización no gubernamental, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, también sostuvo que "el derecho a la vida sigue siendo el más violado de los derechos fundamentales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano".
Sin embargo, en escenarios donde, en 2004, la Red documentó 38 casos de muertos en manos de los cuerpos policiales o militares, a lo largo de 2005 encontró 20, lo que también da cuenta de una disminución en esas violaciones.
"Junto con una menor afectación del derecho a la vida, también mejoraron indicadores sobre integridad personal, tortura y derecho a la manifestación pacífica. De 1.417 manifestaciones pacíficas sólo se reprimieron 18, una de cada 79, una tendencia hacia el respeto de esas expresiones, que mejora con los años", observó Correa a IPS.
Sin embargo, hubo incremento de 20 por ciento en las detenciones arbitrarias, con 2.731 casos, y de desaparición forzada de personas, con 17 denuncias frente a 11 del período anterior, señaló la organización.
Alfredo Ruiz, de la Red de Apoyo, sostuvo que la policía científica retrasa las investigaciones de esas denuncias y que la fiscalía general "demora un promedio de dos años para acusar a funcionarios policiales o militares incursos en violación a derechos humanos".
En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, "el que ofrece mejor indicador es el de la educación. Es un éxito que la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) avale la declaración de Venezuela como territorio libre de analfabetismo", sostuvo Marino Alvarado, director del área de defensa de Provea.
Durante los últimos tres años mejoró 14 por ciento la prosecución de estudios y mermó la deserción escolar, en tanto crece el gasto educativo, que es 43 por ciento del gasto social del Estado y en el presupuesto de 2004 equivalió a 5,3 por ciento del producto interno bruto, frente a 4,5 por ciento en 2003. Las Naciones Unidas recomiendan una proporción de siete por ciento.
El gobierno lanzó hace dos años y medio un programa de alfabetización de adultos que alcanzó a 1,3 millones de personas, junto con instalación de una red de atención de salud básica con miles de médicos cubanos, y a la vez instaló 14.000 puntos de venta de alimentos a precios subsidiados.
En salud el balance es positivo, según Alvarado, por la continuidad y ampliación del programa popular de salud Barrio Adentro, con 8.573 puntos de atención primaria que llegan sobre todo a los sectores más humildes, "pero el sistema hospitalario es bastante deficiente y es preciso formalizar la inversión del Estado en esa área".
El derecho a la alimentación mejora por la venta de productos subsidiados y porque el salario básico cubre la canasta alimentaria mínima, "pero todavía la desnutrición alcanza a 17 por ciento de la población y es la quinta causa de muerte en Venezuela".
Otro derecho, el de vivienda, se vio beneficiado por los comités de tierras urbanos, una nueva ley que facilita crear cooperativas de vivienda, establecimiento de un plan para subsidios a las compras y la creación de un Ministerio de Vivienda y Hábitat "que podría ayudar a superar la dispersión y descoordinación del sector", según Provea.
Alvarado dijo que todavía el Estado mantiene una posición "viviendista", que consiste en impulsar la construcción de viviendas nuevas, cuando en el país el déficit ronda las 600.000 unidades, "pero millones de familias no necesitan una vivienda nueva, sino mejorar la deficiente que ya ocupan y requiere reparaciones", señaló Alvarado.
En relación con el derecho a la tierra, "continuó el proceso de democratización de la tierra rural, en medio de grandes tensiones con el empresariado y sectores campesinos", indicó Correa.
Y en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, el gobierno entregó a comunidades originarias títulos colectivos sobre casi 700.000 hectáreas, "pero persiste el retraso en el proceso de demarcación de los territorios indígenas, y el Estado sigue entregando concesiones a empresas trasnacionales mineras, petroleras y forestales para planes desarrollistas altamente destructores del hábitat indígena".
