La falta del tema derechos humanos en la campaña para las elecciones presidenciales de este domingo en Chile es una señal «alarmante» de las prioridades de los candidatos, según el director ejecutivo del capítulo local de Amnistía Internacional, Sergio Laurenti.
A lo largo del gobierno del socialista Ricardo Lagos, que finalizará el 11 de marzo, se ha creado un ambiente propicio para el juzgamiento a los autores de crímenes contra la humanidad cometidos en la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), con el propio jefe militar bajo arresto domiciliario y sometido a varios procesos.
Sin embargo, "hay una amplia gama de temas vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales donde hay deudas, por ejemplo en los derechos de las mujeres y las niñas y los pueblos indígenas", no considerados por los candidatos presidenciales, que tampoco asumen el respeto a la diversidad, dijo a IPS el activista de Amnistía Internacional (AI).
Unos 8,3 millones de chilenos están habilitados para concurrir a las urnas para elegir al sucesor de Lagos el domingo próximo, una jornada después de la celebración del Día de los Derechos Humanos, que recuerda la proclamación el 10 de diciembre de 1948 en la Organización de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Mediante una carta abierta, la Secretaría General de AI propuso a los cuatro candidatos presidenciales la elaboración de una agenda sobre los derechos básicos en el marco del bicentenario de la independencia de Chile que se conmemorará el 18 de septiembre de 2010.
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En estos comicios, en los que también se renueva el parlamento, compiten por la presidencia la socialista Michelle Bachelet, candidata de la gobernante coalición de centroizquierda Concertación de Partidos por la Democracia, los derechistas Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, y Tomás Hirsch, en representación de la izquierda extraparlamentaria.
Sólo Hirsch, abanderado del pacto Juntos Podemos Más de los partidos Comunista y Humanista y que las encuestas lo dan muy lejos de alcanzar el triunfo, respondió al llamado de la misiva y se reunió con Amnistía.
"Los otros tres candidatos aludieron que estaban muy ocupados en sus campañas como para hablar acerca de la gestión de una agenda sobre derechos humanos para Chile", señaló Laurenti.
A juicio del activista, Lagos deja tareas pendientes al gobierno que asumirá en marzo de 2006, que abarcan "cuestiones como la derogación de la Ley de Amnistía (impuesta por Pinochet en 1978), el establecimiento de la Institución del Defensor del Pueblo y el asegurar una legislación efectiva que evite la discriminación en Chile".
Garantizar el acceso universal a la justicia, la salud y la educación, es otra meta no cumplida, agregó.
"Esperamos que el nuevo presidente que elija Chile participe activamente en la promoción de la defensa de los derechos humanos, se apoye en los trabajos que las organizaciones de la sociedad civil hacen en este tema y considere las recomendaciones realizadas por Amnistía", subrayó Laurenti.
"No todo pasa por el bienestar económico o avances en el libre comercio, sino por campos donde la gente sea puesta en primer lugar", agregó el dirigente humanitario en una crítica a la imagen de éxito que proyecta el gobierno de Lagos con base en su gestión económica.
La filial chilena de Amnistía lanzó el 6 de este mes la campaña titulada "Que hablen de derechos humanos", donde distribuyó copias de la carta a los candidatos y exhortó a la población a exigirles pronunciamientos sobre este asunto.
"Esto tendrá efecto, posiblemente, sobre el avance de la segunda vuelta (de las elecciones presidenciales), pero pensamos que era necesario hacerlo hoy para que la gente sepa quiénes son los candidatos y por qué no hablan de derechos humanos", afirmó Laurenti.
Si bien Bachelet encabeza las encuestas de intención de voto, es muy probable que no logre este domingo la mayoría absoluta necesaria para acceder al gobierno de modo directo y, por tanto, en ese caso el cargo será dirimido en una segunda ronda electoral a realizarse el 15 de enero con Piñera o Lavín como contrincante.
En conversación con IPS, Felipe Salaberry, diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido de Lavín, y miembro de la Comisión Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de cámara que integra, señaló que el tema no ha sido resuelto en la gestión de Lagos.
La causa, dijo, no es falta de voluntad del gobierno sino el "chantaje y veto permanente por parte de los parlamentarios socialistas, quienes nunca se allanaron, en el marco de la discusión y a 30 años del golpe militar, a avanzar en materias legislativas orientadas a cerrar heridas del pasado".
Salaberry aludió a frustradas propuestas de leyes para cerrar un centenar de juicios por crímenes de lesa humanidad a cambio de información para ubicar los restos de un millar de detenidos-desaparecidos y de dar reparaciones adicionales a los familiares de las víctimas de la dictadura de Pinochet.
Lamentó, además, la persistencia de una mirada "influenciada sólo por los hechos del pasado en materia de derechos humanos, en cuyas circunstancias nunca podremos avanzar".
El diputado de la UDI espera que "en los próximos gobiernos y en las nuevas generaciones, se pueda opinar no sólo sobre los derechos humanos con relación a lo sucedido hace 30 años, sino también en el marco de una visión de futuro".
Por su parte, Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), dijo a IPS que "por primera vez en la historia política de Chile se ha discutido en las candidaturas presidenciales el tema de las minorías sexuales y algunos de sus derechos, y ese es un cambio cualitativo relevante".
Pero advirtió que los candidatos han hecho "sólo declaraciones ambiguas, que no los comprometen concretamente con las demandas de la comunidad homosexual organizada, particularmente, con el Movilh".
Jiménez se reunió con Piñera, candidato del derechista Partido Renovación Nacional, quien se comprometió a "mantener el respaldo que su sector ha otorgado a proyectos de ley contra la discriminación por orientación sexual en el parlamento".
En caso de ser elegido presidente, Piñera prometió "construir una legislación que permita una estabilidad jurídica básica a las parejas de hecho, independientemente de la composición de éstas, otorgando cabida tanto a las parejas de gays y lesbianas como a las heterosexuales que no adscriben al matrimonio regulado en el Código Civil".
Asimismo, este candidato derechista "rechazó la instrucción del Vaticano, que señala la prohibición de los homosexuales al sacerdocio", recordó Jiménez.
Valoró también la decisión de una parte de la derecha chilena de hacerse cargo integralmente de los derechos de las minorías del país, porque, de lo contrario, "no tendrían viabilidad electoral ni de gobierno".
Esto es un mérito del movimiento homosexual que instaló un diálogo que "ha permeado, de manera transversal, la clase política respecto de la necesidad de avanzar en una cultura que no discrimine a las personas en función de su orientación sexual o su identidad de género, y que apoye legislar al respecto", subrayó Jiménez.
Pero advirtió que la UDI, en cambio, propone leyes para prohibir matrimonios homosexuales e impedir que parejas de gays y lesbianas casados en el exterior puedan adoptar hijos en Chile, demandas que las minorías sexuales no han planteado en este país.
Los parlamentarios de la UDI también se opusieron al proyecto de ley "que establece medidas en contra de la discriminación y a favor del derecho a la vida, que se vulnera cada vez que ocurren crímenes por homofobia, proyecto que fue aprobado mayoritariamente por la cámara en mayo de este año", explicó el líder del Movilh.
Según Jiménez, en el último debate de los candidatos presidenciales, el 16 de noviembre, "apareció el verdadero Lavín, el místico, incapaz de separar el rol político que quiere jugar como presidente de los chilenos, de su propia y legítima escala de valores religiosos (como miembro de la prelatura católica Opus Dei).
"Tener un presidente como él sería un retroceso enorme para la sociedad chilena", comentó Jiménez, quien llamó a la comunidad homosexual a "no votar por candidatos a presidente y a parlamentarios que expresan ese nivel de homofobia galopante".
