Diecisiete meses después de que el gobierno de Estados Unidos incluyó al empresario aeronáutico peruano Fernando Zevallos en la lista de jefes del narcotráfico internacional, la justicia de este país se animó a ordenar que lo encarcelaran y empezó a sopesar la influencia social de este negocio ilícito.
Ante los lentos tribunales de Perú, el tráfico de drogas avanza mucho más rápido: los cultivos de hoja de coca alcanzaron las 40.000 hectáreas, lo que implica una producción potencial de 100 toneladas de cocaína que en territorio peruano tiene un valor de 150 millones de dólares (1.500 dólares el kilogramo) y en Estados Unidos se cotiza a 2.500 millones (25.000 el kilo), de acuerdo con estimados de la policía antidrogas.
Zevallos, detenido el 19 de noviembre, no es el único caso. El embajador estadounidense en Lima, James Curtis Struble, protestó porque la Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido de extradición de su país contra Jorge "Polaco" Chávez, un notorio narcotraficante asociado al anterior.
"Polaco", quien había sido atrapado por funcionarios de la agencia antidrogas estadounidense DEA con un cargamento de cocaína en Opalocka, confesó ante un juez del meridional estado de Florida que era socio de Zevallos y pidió declarar a cambio de libertad vigilada. Se la dieron, y aprovechó la ocasión para escapar a Lima.
Zevallos está acusado de haber fundado la empresa Aerocontinente con dinero del narcotráfico. Jorge Rodríguez López, cabecilla del grupo "Los Norteños" vinculado estrechamente con los carteles mexicanos, declaró ante los tribunales que Zevallos había recibido de sus manos un millón de "narcodólares" para que organizara la compañía.
Aerocontinente llegó a dominar con sus bajos precios los mercados peruano y chileno, tenía oficinas en Miami y Panamá, y estuvo a punto de comprar Aerolíneas Argentinas.
Pero la empresa aérea dejó de operar en junio de 2004, debido a que la Casa Blanca amenazó con abrir juicios a quienes ayudaran a Zevallos a continuar con sus actividades comerciales.
Legisladores de varios partidos peruanos, entre ellos el oficialista Perú Posible, intercedieron por Zevallos cuando entabló una virtual guerra con las autoridades de Chile, que expulsaron a su compañía de ese país por sus relaciones con el tráfico de drogas.
Desde la caída del régimen de Alberto Fujimori, en noviembre de 2000, las autoridades anticorrupción se dedicaron con suerte diversa a investigar los crímenes de esa dictadura. También indagaron varias escandalosas denuncias contra el gobierno de Alejandro Toledo, que llegó al poder con un intenso discurso anticorrupción. Pero no demostraron la misma fortaleza para combatir el creciente narcotráfico.
Fujimori, quien gobernó de manera autoritaria desde 1990, está preso en Chile en espera de un proceso de extradición por numerosos crímenes. Su más estrecho colaborador de entonces, Vladimiro Montesinos, permanece detenido y bajo juicio en Perú.
La organización no gubernamental Justicia Viva concluye en un estudio que se dio prioridad "a la represión de los actos del pasado, descuidándose la necesidad de adoptar medidas de prevención orientadas a evitar la comisión de nuevos actos ilícitos". Y advierte: "No existe una continuidad que garantice una adecuada lucha contra la corrupción en el futuro".
La fuerte demanda de los narcotraficantes mexicanos alentó la producción de cocaína peruana. Fuentes de la Dirección Nacional Antidrogas dijeron a IPS que entre enero y noviembre de 2005 se capturaron 11,3 toneladas de cocaína, "un récord histórico, lo que demuestra que hay un boom del narcotráfico".
Con la captura de Zevallos, las autoridades comienzan a advertir las consecuencias del narcotráfico: dinero obtenido de la venta de la cocaína ha contaminado a políticos, empresarios, militares, periodistas y a algunas instituciones e industrias.
En Perú habrá en 2006 cuatro elecciones: presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales. Los analistas temen que los narcotraficantes aprovechen esa circunstancia para lavar dinero mediante el financiamiento de campañas electorales, o promuevan a algunos candidatos.
Aunque una ley exige declarar el origen de los fondos con fines electorales, instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales no están en condiciones de hacer un seguimiento de cada candidato. Se estima que para las elecciones parlamentarias se presentarán 4.000 aspirantes.
"No sabemos si las instituciones van a funcionar adecuadamente, aunque tienen las atribuciones para hacerlo", dijo a IPS el coordinador general de la organización Transparencia, Jorge Valladares.
"Pero no solo depende de las instituciones sino también de los partidos y de los candidatos. Tienen la obligación de presentar sus reportes de gastos en las campañas electorales y sólo entonces podremos corroborar la información", dijo.
Valladares reconoció que el narcotráfico, sobre todo en las zonas de cultivos de hoja de coca y de producción de cocaína, podría filtrar dinero negro en las campañas. "Es un peligro latente y no podemos esperar para actuar", dijo.
El riesgo crece porque la producción de cocaína se ha industrializado en proporciones nunca antes vistas.
"En los años 80 y en la primera mitad de los 90, los narcotraficantes peruanos vendían a los colombianos pasta básica (elaboración intermedia de la droga) y tenían prohibido producir cocaína. Entre la segunda mitad de los 90 y la primera mitad de 2000, los peruanos ya proveen de cocaína directamente a los carteles mexicanos", explicó a IPS un oficial de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior.
"Han subido un escalón importante en la estructura del narcotráfico internacional, lo que significa mayor manejo de dinero sucio y más corrupción. Los carteles (mexicanos) del Golfo, Tijuana y Juárez, los principales compradores de cocaína en Perú, han reaccionado ante la amenaza de perder a su principal abastecedor de droga", sostuvo.
El lunes, cinco policías fueron asesinados en la localidad de Palmapampa. Las autoridades creen que el responsable fue un grupo de Sendero Luminoso, la desarticulada guerrilla maoísta que mantiene algunas células en funcionamiento y es aliada de los narcotraficantes en la zona productiva de los valles de los ríos Ene y Apurimac.
Sólo cuatro semanas antes, el gobierno instaló en ese lugar una base antidrogas con apoyo de Estados Unidos.
El atentado fue una advertencia para las fuerzas de seguridad que emprendieron una campaña de erradicación de los cultivos de coca, el principal sustento de unos 25.000 campesinos del área.
La organización Transparencia Internacional, representada en Perú por ProÉtica, divulgó un barómetro de percepción de la corrupción en varios países, según el cual el gobierno de Toledo aparece percibido con una venalidad un poco mayor a la de Fujimori.
La secretaria ejecutiva de ProÉtica, Laura Puertas, dijo a IPS que "con Fujimori la prensa estaba comprada, y no se conocían los casos de corrupción. Con Toledo la prensa es libre y todos los casos son convertidos en escándalos", apuntó. "Lo cierto es que en el gobierno de Toledo no se ha visto una voluntad de luchar contra la corrupción con firmeza y convicción".
Para la coordinadora del Forum Solidaridad, Inés Arias Navarro, pronto se verán las consecuencias de las omisiones en el combate a todas las formas del delito.
"La corrupción generada por el narcotráfico no contamina únicamente el ámbito gubernamental, sino también el privado", dijo Inés Arias a IPS. "Seguimos por la televisión los megaprocesos a los responsables de los crímenes del gobierno de Fujimori, y se ha dejado de lado la corrupción más grave: la del narcotráfico. No olvidemos que los traficantes tienen una relación muy cercana con los políticos para mantenerse en el negocio sin problemas".
"Por eso es imprescindible que los políticos rindan cuentas del financiamiento de sus campañas", advirtió.
Ahora Zevallos, desesperado por su situación, podría abrir la boca e involucrar a los políticos que lo encubrieron y defendieron.
