Fraude, sobornos, lavado de dinero. En los últimos 25 años, hubo en Argentina al menos 750 causas judiciales por corrupción, pero apenas tres por ciento tuvo condena. La mayoría de los procesos caducó o va camino de la prescripción por la impotencia del sistema, afirman expertos.
"El sistema de persecución penal en Argentina no está preparado para enfrentar delitos económicos", dijo a IPS el abogado Pedro Biscay, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y coordinador del primer Banco Nacional de Datos sobre Corrupción y Criminalidad.
El Cipce estima que los delitos de corrupción investigados costaron al país más de 10.000 millones de dólares, que podrían recuperarse con la legislación adecuada. Mientras tanto, por falta de fondos, el banco de datos no puede ser consultado por Internet. Si se necesitan informes hay que concurrir a la ofician de Cipce o consultar por correo electrónico…
Los resultados de esta investigación realizada con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo y otras entidades no gubernamentales, coinciden con otros informes difundidos este año.
Un estudio encargado por el gobierno y financiado por el Banco Mundial reveló que los ilícitos de corrupción en Argentina se investigan con una lentitud cinco veces mayor a la de los delitos comunes. El informe, titulado "Mapa de Riesgos de la Corrupción", señala que las demoras responden a fallas del sistema.
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Esas fallas son aprovechadas al máximo por los defensores de los imputados que apelan a una amplia gama de recursos para entorpecer los trámites, conseguir nulidades o retardar decisiones hasta que las causas prescriben antes de arribar a un fallo firme, observaron los autores de la pesquisa.
Para Biscay, el resultado observado en la recolección de datos mostró "una total ineficacia" de la justicia penal. "Es evidente que la estrategia de persecución fracasó y esto responde a múltiples causas. Fallas en el sistema judicial, en las leyes, y también en los organismos de control", resumió el experto.
De acuerdo con su visión, los jueces y fiscales no tienen la preparación requerida para comprender maniobras económico-financieras cada vez más complejas, y entonces los expedientes se aletargan. En el estudio encargado por el gobierno se advirtió por ejemplo que la duración promedio de una pericia contable es de un año.
Biscay señala además que el poder judicial está "muy deteriorado" en su papel de contralor de los actos públicos. "La magistratura no tiene la independencia que exige este tipo de investigación, y entonces se vuelve natural y cotidiano escuchar a víctimas o a imputados pedir el juicio político de los funcionarios", abundó.
Las estadísticas recogidas para el banco de datos revelan que ex presidentes, ex ministros, funcionarios, empresarios y banqueros están involucrados en fraudes al Estado, sobornos, lavado de dinero, fuga de capitales, quiebras fraudulentas y vaciamiento de bancos, entre otros delitos.
Cuando se efectúan denuncias y se inician investigaciones, éstas ocupan por un tiempo un amplio espacio en los medios de comunicación y luego parecen ir extinguiéndose junto con la acción de la justicia. Al final, el imputado queda libre de proceso pero no de sospecha, y se instala así un fuerte sentimiento de impunidad en la sociedad.
Las leyes tampoco resultan un instrumento eficaz para mejorar el estado de cosas.
Con el argumento de que se debían fijar límites a los plazos de los procesos, el parlamento sancionó hace un año una ley de reforma del código penal que estableció nuevas condiciones bajo las cuales se interrumpen los plazos de prescripción de los delitos. La medida dio mayor certidumbre al proceso, pero también generó sospechas.
El constitucionalista Daniel Sabsay dijo a IPS que ante causas futuras, la nueva norma establece plazos razonables para el procesamiento de los imputados. Pero respecto de ex funcionarios involucrados en sonados casos de corrupción, la reforma podría significar impunidad para algunos.
Un caso paradigmático es el del ahora senador y ex presidente Carlos Menem (1989-1999), quien está procesado por omisión maliciosa de bienes, falsificación de documento público, fraude al Estado, enriquecimiento ilícito y contrabando de armas, entre otros delitos.
Sin embargo, la lentitud de los procesos —producto de la ineficacia y la falta de independencia judicial, según Biscay— podría derivar en la prescripción de esos procesos que llevan más años de instrucción que los de las penas que correspondería aplicar al acusado, si fuera hallado culpable.
El abogado sostiene que el Estado "no puede perseguir indefinidamente" a un sospechoso, y por eso considera correcta la reforma penal. Pero dado el rendimiento del sistema judicial para entender delitos económicos, es justificada la desconfianza que suscita la nueva ley de prescripción.
A su juicio existen otras alternativas para mejorar la eficacia. "En muchos países de América Latina estamos viendo que los acusados de delitos de corrupción consiguen eludir la acción de la justicia. Pero pocas veces se habla del dinero que queda en sus bolsillos, que podría recuperarse", cuestionó.
El jurista explicó que la Convención Interamericana contra la Corrupción prevé medidas sobre los bienes implicados en este tipo de delitos y recomienda a los países que se asistan mutuamente para "identificar, rastrear, inmovilizar, confiscar o decomisar" bienes obtenidos mediante corrupción.
"Existen instrumentos como por ejemplo el decomiso de drogas o de productos del contrabando, pero son procedimientos dispersos. Deberíamos unificar criterios e incluir también una estrategia local para recobrar el dinero", dijo el abogado.
Biscay aseguró que incluso en el caso de causas prescriptas, el proceso para recuperar los bienes o dinero robados puede continuar. Por ejemplo, en el juicio por omisión maliciosa que pesa sobre Menem desde 2002, el rescate del dinero mal habido podría llevarse adelante, aunque el delito prescribiera antes de que el proceso llegara a su fin.
En 2002 Menem reveló que tenía una cuenta bancaria en Suiza de la cual no había informado en su declaración jurada de bienes. Allí estaban depositados 650.000 dólares. Luego se supo que además de ese dinero, el ex mandatario tampoco había declarado poseer dos apartamentos, dos aviones ultralivianos, dos automóviles y acciones en empresas.
La omisión maliciosa está penada con dos años de prisión, por lo que de acuerdo a la nueva legislación, la acción judicial habría prescripto. Pero el juez federal a cargo del caso lo elevó el mes pasado a juicio oral pues amplió los cargos contra el imputado, añadiendo falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La pena por omisión maliciosa incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Una condena oportuna hubiera impedido a Menem asumir este mes su cargo de senador en el Congreso legislativo.
