El uso de las minas antipersonal puede figurar en una futura agenda humanitaria sobre la guerra civil de Colombia, país en el que esas armas dejan más de dos víctimas diarias, de acuerdo con datos de la organización internacional Llamamiento de Ginebra.
El complejo asunto de este armamento fue abordado por representantes del insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante una reunión en La Habana con la presidenta y el director del programa para Colombia del no gubernamental Llamamiento de Ginebra, Elisabeth Reusse-Decrey y Mehmet Balci, respectivamente.
Esa entidad, financiada por el gobierno de Suiza y la Unión Europea, promueve la abolición mundial de estas minas.
Ambos directivos fueron invitados por el ELN a conversar sobre el asunto con Antonio García, jefe militar y segundo comandante de esa guerrilla izquierdista, en ocasión de su viaje a la capital cubana para reunirse, entre el viernes 16 y el miércoles, con el alto comisionado para la Paz del gobierno de Colombia, Luis Carlos Restrepo.
"El intercambio fue bastante productivo" y "pudimos explicar la política del ELN frente al uso de ese tipo de artefactos", dijo García en conferencia de prensa el miércoles, en respuesta a una pregunta de IPS. El líder guerrillero aseguró que su organización se ceñía a las normas internacionales en la utilización de minados.
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"Estamos usando los explosivos casi exclusivamente en combates directos que se están haciendo", aclaró García, quien añadió que era lógico que el asunto fuera tratado entre los problemas vinculados con el comportamiento humanitario de los actores del conflicto y que "se construirá una agenda para analizar y abordar el tema" en el marco del diálogo exploratorio con el gobierno.
En entrevista con IPS, Reusse-Decrey y Balci aseveraron que el ELN "está de acuerdo en trabajar para que se reduzca al mínimo el impacto de esos artefactos en la población civil", aunque sostiene el uso de las minas para defenderse del armamento superior del ejército colombiano.
"Nos aseguraron que han cambiado su lógica de sembrar minas para reducir al mínimo el impacto humanitario. Quiere decir que los artefactos son telecomandados, y cuando (los combatientes) se marchen del lugar retirarán las minas. Hay un cambio de actitud militar en relación con este problema", señaló Balci.
Las minas antipersonal, usualmente fabricadas en las montañas de Colombia, y otros explosivos son las armas más eficaces y de menor costo para la insurgencia. Se estima que entre 60 y 70 por ciento de las víctimas de las minas son militares y policías.
La guerra civil colombiana lleva más de cuatro décadas. Además del ELN, cuya fuerza está estimada en unos 5.000 combatientes, han sembrado estas minas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, con unos 18.000 efectivos), las milicias paramilitares ultraderechistas agrupadas como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las fuerzas estatales.
El de La Habana fue el primer encuentro directo de Reusse-Decrey y Balci con un jefe militar del ELN. "La conversación se realizó en un ambiente muy abierto. Hemos visto que tienen la voluntad de sensibilizar cada vez más a sus combatientes en el sentido de cómo limitar al máximo el impacto personal", señaló Reusse-Decrey .
Por otra parte, la presidenta de Llamamiento de Ginebra explicó que su organización buscaba mantener las dos opciones posibles en torno al tratamiento del problema en un país en conflicto, en el que "todos los actores armados, oficiales o no, sembraron minas que han provocado muchas víctimas".
"De un lado, si hay un proceso favorable a las conversaciones entre las partes sobre minas, mejor, que quede en agenda, se discuta y sea recíproco", indicó.
Pero, al mismo tiempo, el Llamamiento está interesado en continuar tratando el asunto de las minas antipersonal de manera "bilateral", independientemente del acercamiento que condujo al diálogo exploratorio entre García y Restrepo.
"Si mañana este proceso se interrumpe, esperamos que no suceda lo mismo con el proceso de las minas, indicó Reusse-Decrey. La activista opina que las minas son un problema del conflicto, pero pueden también ser una puerta de entrada para negociaciones de paz.
"Una acción común sobre este asunto podría ayudar a restablecer la confianza y cooperación entre las partes", indicó y recordó que el gobierno colombiano ratificó la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, adoptada en 1997 en Ottawa, lo que implica un compromiso oficial ante el asunto.
Los delegados del gobierno derechista de Álvaro Uribe y del ELN acordaron reunirse nuevamente en la capital cubana a fines de enero, con el propósito de avanzar en un proceso que tiene "como objetivo central la paz nacional".
"La construcción de la agenda para la negociación será uno de los aspectos fundamentales para ser considerados en dicha reunión", indicó un comunicado conjunto firmado por García y Restrepo al término de la primera fase "exploratoria" de sus conversaciones.
El alto comisionado Restrepo consideró que las pláticas transcurrieron en un clima constructivo, cordial y franco, que permitió "avances", pero evitó adelantar posibles temas de la agenda para la cita de enero.
"Este primer encuentro es la simbolización de lo que debe ser la búsqueda de un camino diferente para Colombia", afirmó, a su vez, García.
El diálogo entre el ELN y el gobierno de Uribe fue seguido de cerca por diplomáticos de España, Noruega y Suiza, países acompañantes del proceso, y por representantes de la sociedad civil colombiana.
Aunque el ELN y las FARC fueron fundadas en 1964, tienen distinto origen.
Mientras las FARC, de orientación comunista, poseen una fuerte raigambre campesina y sus fuerzas provienen de la guerra civil de mediados de los años 40, el ELN se inspiró en la Revolución Cubana y en la católica Teología de la Liberación, y muchos de sus miembros fueron y son intelectuales.
El ELN reconoce que obtiene sus ingresos del secuestro, en cambio se mantiene alejado del mercado ilegal de droga, al contrario de las FARC.
Por su parte, las AUC, escuadrones de la muerte estrechamente ligados al narcotráfico, están ahora en trance de desmovilización de buena parte de sus efectivos. Según la Organización de las Naciones Unidas, 80 por ciento de los crímenes de la guerra han sido cometidos por estos grupos paramilitares.